Enero 23/22 El incumplimiento en las obligaciones laborales ya hacen parte del panorama de la U. Autónoma del Caribe; el “reverdecimiento” del que habla el rector Molinares no es académico ni laboral, sino más de maquillaje, y ahora aparecen pagos a terceros, incomprensibles para los trabajadores.
Tristemente, día a día, como agua entre las manos parece escaparse el recuerdo y buena imagen que tenía la Universidad Autónoma del Caribe como una de las más consolidadas universidades privadas de Barranquilla.
Tras la polémica y escandalosa rectoría de Silvia Gette hace ya más de una década, la Universidad creyó hallar un redentor en Ramses Vargas, quien gestionó igual o peor la Institución (estuvo en la cárcel y salió por vencimiento de términos). Tras las -tardías- intervenciones del Ministerio de Educación, llegaron dos administraciones que dieron alguna luz (Claudia Da Cunha y María Victoria Mejía), pero que duraron muy poco, y hace tres años la rectoría está en poder de Mauricio Molinares Cañavera, quien ha logrado sobrevivir a la pandemia y a la caída permanente y gradual de recursos y estudiantes, pero que cada día tiene un futuro institucional más difícil, ahogado en deudas, sin recursos para inversiones de calidad, con múltiples compromisos con los sindicatos y con la desconfianza que le genera el haber incumplido, reiteradamente, las promesas de levantar la Universidad y pagar sus obligaciones.
El rector Molinares, nombrado en julio de 2020, dijo al diario El Heraldo que halló un déficit de caja de $7.038 millones, y deudas por $99.711 millones, y que actualmente las deudas son de $70 mil millones. En 2020 las deudas ascendían en 5 mil millones por mes.
En 2021 la situación tampoco mejoró, y en 2022 el panorama crítico continuó.
Paradójicamente, para Molinares, lo único positivo (tal vez no para la Universidad) es que el silencio, negligencia o inacción del Ministerio de Educación Nacional le ha permitido escapar al juicio sectorial. Y eso que la IES se encuentra bajo una medida de vigilancia especial de parte del MEN (Resolución 015716, del 5 de agosto pasado -gobierno Duque), con la presencia de una inspectora in situ, Diana Barros, quien no ha emitido pronunciamientos públicos al respecto. Dicha resolución ordenó apertura de investigación contra el rector y el vicerector administrativo, Antonio Prada Castellanos, por “debilidades, deficiencias e irregularidades” en el aspecto financiero.
No obstante, a hoy el Ministerio de Educación dijo a El Heraldo que ha evidenciado “la evolución de los ingresos, costos y gastos de la institución en el largo plazo, permitiendo a través de los flujos de caja proyectados visualizar la viabilidad de la recuperación financiera de la Uniautónoma, facilitar el seguimiento y control al cumplimiento de metas”.
El año pasado, antes de finalizar el ministerio de María Victoria Angulo, la Universidad cambió su Consejo Superior y exaltó a la entonces subdirectora de Inspección y Vigilancia, Gina Martínez Centanaro.
La Universidad Autónoma del Caribe comenzó 2023 debiendo la seguridad social de sus docentes (muchos de ellos desde 2020), las primas extralegales años 2020 a 2022, las primas legales de junio y diciembre de 2022, el retroactivo del aumento salarial desde los meses de enero a agosto de 2022, los intereses de las cesantías del año 2018, los intereses de los pagos no hechos y el no pago a catedráticos. Los afectados son más de 500 trabajadores.
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