Uniautónoma del Caribe no levanta cabeza, no paga, pierde estudiantes y, al parecer, desvía recursos

Enero 23/22 El incumplimiento en las obligaciones laborales ya hacen parte del panorama de la U. Autónoma del Caribe; el “reverdecimiento” del que habla el rector Molinares no es académico ni laboral, sino más de maquillaje, y ahora aparecen pagos a terceros, incomprensibles para los trabajadores.

Tristemente, día a día, como agua entre las manos parece escaparse el recuerdo y buena imagen que tenía la Universidad Autónoma del Caribe como una de las más consolidadas universidades privadas de Barranquilla.

Tras la polémica y escandalosa rectoría de Silvia Gette hace ya más de una década, la Universidad creyó hallar un redentor en Ramses Vargas, quien gestionó igual o peor la Institución (estuvo en la cárcel y salió por vencimiento de términos). Tras las -tardías- intervenciones del Ministerio de Educación, llegaron dos administraciones que dieron alguna luz (Claudia Da Cunha y María Victoria Mejía), pero que duraron muy poco, y hace tres años la rectoría está en poder de Mauricio Molinares Cañavera, quien ha logrado sobrevivir a la pandemia y a la caída permanente y gradual de recursos y estudiantes, pero que cada día tiene un futuro institucional más difícil, ahogado en deudas, sin recursos para inversiones de calidad, con múltiples compromisos con los sindicatos y con la desconfianza que le genera el haber incumplido, reiteradamente, las promesas de levantar la Universidad y pagar sus obligaciones.

El rector Molinares, nombrado en julio de 2020, dijo al diario El Heraldo que halló un déficit de caja de $7.038 millones, y deudas por $99.711 millones, y que actualmente las deudas son de $70 mil millones. En 2020 las deudas ascendían en 5 mil millones por mes.

En 2021 la situación tampoco mejoró, y en 2022 el panorama crítico continuó.

Paradójicamente, para Molinares, lo único positivo (tal vez no para la Universidad) es que el silencio, negligencia o inacción del Ministerio de Educación Nacional le ha permitido escapar al juicio sectorial. Y eso que la IES se encuentra bajo una medida de vigilancia especial de parte del MEN (Resolución 015716, del 5 de agosto pasado -gobierno Duque), con la presencia de una inspectora in situ, Diana Barros, quien no ha emitido pronunciamientos públicos al respecto. Dicha resolución ordenó apertura de investigación contra el rector y el vicerector administrativo, Antonio Prada Castellanos, por “debilidades, deficiencias e irregularidades” en el aspecto financiero.

No obstante, a hoy el Ministerio de Educación dijo a El Heraldo que ha evidenciado “la evolución de los ingresos, costos y gastos de la institución en el largo plazo, permitiendo a través de los flujos de caja proyectados visualizar la viabilidad de la recuperación financiera de la Uniautónoma, facilitar el seguimiento y control al cumplimiento de metas”.

El año pasado, antes de finalizar el ministerio de María Victoria Angulo, la Universidad cambió su Consejo Superior y exaltó a la entonces subdirectora de Inspección y Vigilancia, Gina Martínez Centanaro.

No obstante, la situación parece cada día agravarse más. Si bien tras su llegada Molinares “barrió” con muchos funcionarios para acortar la nómina (cerca de 250), los gastos de personal le siguen ahogando, y ahora tiene encima al Ministerio del Trabajo demandándole cumplir sus obligaciones.

La Universidad Autónoma del Caribe comenzó 2023 debiendo la seguridad social de sus docentes (muchos de ellos desde 2020), las primas extralegales años 2020 a 2022, las primas legales de junio y diciembre de 2022, el retroactivo del aumento salarial desde los meses de enero a agosto de 2022, los intereses de las cesantías del año 2018, los intereses de los pagos no hechos y el no pago a catedráticos. Los afectados son más de 500 trabajadores.

Evolución – retroceso de la matícula de la UAO:
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2.007: 9.846 estudiantes
2.012: 10.828
2.017: 10.696
2.022:  6.747
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La situación es tan difícil que, como pocas veces visto, los tres sindicatos (Sindicato de trabajadores y Docentes de la Universidad Autónoma del Caribe SINTRAUNICARIBE, presidido por Winston Fontalvo; la Organización Sindical de la Universidad Autónoma del Caribe OSIAUTONOMA, presidido por Fredy Alvarez; y la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma del Caribe ASOPROFESUAC, presidido por Antonio Donado), se unieron en un plantón al rector (en el que éste dio la cara) para pedir sus pagos y se han puesto de acuerdo para pedir al gobierno nacional intervenir en el tema y, sobre todo, que además de asegurar las acreencias, se expliquen algunas actuaciones de la alta dirección, poco comprensibles para ellos, tales como:
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– Aparentes desvíos de dineros de parte del rector, en supuesta complicidad con algunos directivos. Un ejemplo de ello es la duda que surge de los pagos hechos a la empresa TRI3 SOLUTIONS, empresa constituida en agosto de 2020 (según su registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá), un mes después de la posesión del rector Molinares, y de su vicerrector  administrativo, Antonio Prada Castellanos (también posesionado en julio de 2020), y sobre la que habría conflicto de intereses.
– Según los estatutos, el Consejo Superior debe autorizar pagos superiores a 600 salarios mínimos, y los trabajadores no hallan la documentación que lo demuestre.
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– Otros pagos, que superan los 600 millones de pesos, además de algunos otros (como por ejemplo la membresía a asociaciones de IES, que podrían resultar muy costosas dada la situación y momento de la Universidad).
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– Pagos diversos por concepto de publicidad y relacionamiento, en momentos en que la infraestructura física de la Institución comienza a presentar deterioros significativos.
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Hasta ahora, Molinares ha sabido lidiar con los sindicatos, no obstante promesas no cumplidas o cumplidas a medias, pero enero inició con un asamblea permanente (foto) que pide la salida del rector Molinares.
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Y hasta ahora, el Ministerio de Educación mantiene su silencio.

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