Nov 23/23 Para el Ministerio “las dificultades financieras constituyen un riesgo para que la Universidad Incca de Colombia preste el servicio público de educación superior en condiciones de calidad y continuidad” y por ello decreta las medidas.
Así se definió mediante la Resolución 019642, del pasado 30 de octubre, firmada por la ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa, en la que se hace un recuento de la actuación del Ministerio y de cómo los resultados financieros de la Universidad no han permitido que esta supere la crisis económica que enfrenta desde hace varios años.
Además de las demandas laborales (por más de 12 mil millones), deudas al sistema de seguridad social (por 9 mil millones) y la disminución de estudiantes, entre otros aspectos críticos, la Universidad ha complicado su panorama con el pago de intereses de mora por obligaciones tributarias.
En 2019, el Ministerio ya había impuesto medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad Incca de Colombia designando un inspector in situ, luego reemplazó al presidente y representante legal, y la última gran evaluación de resultados, hecha por el Ministerio, confirmó que “a pesar de las medidas… que se mantienen vigentes, la Universidad viene presentando dificultades para la materialización de acciones que contribuyan a superar las causas que dieron origen a la imposición de medidas”.
Esto luego de que en mayo de este año se había designado a Grace Alexandra Valencia Olave como inspectora in situ.
¿Para qué sirven los institutos de salvamento?
Los institutos de salvamento que decreta el Ministerio buscan que la Universidad pueda blindar sus recursos, bienes y activos para que pueda atender de forma ordenada el pago de sus acreencias y obligaciones.
Eso lleva, entre otros aspectos, a la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la posibilidad de admitir nuevos procesos contra la universidad. Incluso, la posibilidad de suspender, con el aval de Mineducación, pagos de obligaciones financieras causadas por la universidad.
La Universidad enfrenta cerca de 100 procesos de demanda laborales, con un alto riesgo jurídico, además de 9 procesos ejecutivos civiles por más de $ 1.500 millones, y una acción popular, entre otros.
Adicionalmente se reportó que 8 sedes y espacios de la universidad se hallan con embargo, secuestro o hipoteca y 7 cuentas bancarias se encuentran embargadas.
Con respecto a los estados financieros, si bien la universidad experimentó una leve mejora en sus cifras, éstas siguen siendo negativas, a tal punto que el déficit operacional de 2.021 fue de 5.243 millones y el de 2022 fue de 3.381 millones.
Los indicadores financieros mostraron que para la vigencia 2022 la universidad no podría pagar sus pasivos a corto plazo, a lo que e suma la dificultad de recuperar cuentas por cobrar.
Además, los activos corrientes no permiten pagar la totalidad de los pasivos de corto plazo.
Con respecto al número de estudiantes, la Universidad cerró 2022 con 2.203, 67 menos que en 2021 y 110 menos que en 2020.
Actualmente la rectora de la Universidad Incca es Susan Andrea Rodríguez Rodríguez y el representante legal es Juan Manuel Casas Sánchez. Los 2.203 estudiantes se reparten entre 26 programas con registro activo y ninguno acreditado.
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