Abril 12/24 Alboroto ha causado en la opinión pública un informe que muestra, con nombres propios, el top de los profesores de la Universidad Nacional de Colombia que más ingresos reciben. Pero el caso se extiende a otras universidades públicas.
La situación no es nueva, y en el sector ya se sabía que hay académicos que, con el “mérito” que les da el decreto 1279 de 2002, que les permite a los profesores de las universidades públicas mejorar sustancialmente sus ingresos y convertirlos en salarios permanentes, obtienen salarios que superan los 10, 20, 30, 40 y hasta 50 salarios mínimos legales vigentes, tal y como en el último caso se presenta en la Universidad Nacional de Colombia.
Tal es el caso, dice la denuncia “del científico Manuel Elkin Patarroyo, quizá el profesor más conocido mediáticamente de los 100 primeros. Aparece en el quinto puesto con un salario superior a los 48 millones de pesos y está registrado como maestro de tiempo completo de la facultad de Medicina, pero en realidad no dicta clases desde el siglo pasado y su carga académica corresponde a labores administrativas e investigativas como director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, donde desarrolla su proyecto estrella, la vacuna SPf66 contra la malaria, el cual no ha tenido efectividad hasta el momento”.
El debate público se da porque, en medio de la difícil situación que atraviesa la Universidad Nacional por la polémica elección del rector José Ismael Peña Rojas y la inconformidad de parte de la comunidad universitaria por la no designación de Leopoldo Múnera (quien fue el que más votos obtuvo en la consulta estamentaria), que ha llevado a la declaratoria de cese de actividades y paro en diversos programas y sedes, el portal informativo Raya publicó los detalles de quiénes son los profesores, con nombres propios, que reciben los más altos ingresos en esta universidad.
Ver el informe de la Revista Raya
El Observatorio de la Universidad Colombiana ya había publicado en 2023, sin los nombres personales de los profesores, cómo en cerca del 30% de las universidades públicas colombianas, sus profesores reciben ingresos superiores a los 10 salarios mínimos legales vigentes.
Lea: En promedio el 29,35 % de los docentes de las universidades públicas ganan más de 10 smlv
Incluso, revuelo también ha causado en la Universidad de Antioquia las afirmaciones del representante de los exrectores en el Consejo Superior Universitario, Jaime Restrepo Cuartas, quien cuestionó cómo gran parte de la docencia la realizan los profesores de cátedra, mientras que los de planta se dedican a otras actividades, tales como hacer consultorías, que les representa más dinero.
Las críticas a esta situación se dan porque son salarios que, en mucho, superan los ingresos de los académicos colombianos; porque son recursos públicos de universidades públicas cuyos estudiantes en su gran mayoría son de bajos recursos, y porque en el fondo no hay una meridiana claridad en torno de cuáles son los criterios para diferenciar estos muy altos salarios.
También es cierto, protestan algunos profesores de las universidades públicas, especialmente de la Nacional y la de Antioquia, que son unos pocos casos y no la mayoría de docentes, y que -incluso- los salarios promedio no son altos.
Cada que se conoce un caso de estos, surge el debate sobre la necesidad de replantear el decreto 1279 de 2002, pero ningún rector, profesor, asociación ni ministro se han atrevido a ponerle el cascabel al gato. Bien porque no quieren afectar el statu quo que les beneficia a los que toman decisiones, o por miedo a perder espacio político y a que docentes con poder que no quieren perder movilicen a los estudiantes y les echen la opinión pública en contra. El actual gobierno, muy crítico en los temas de operación tradicional de los diversos sectores, no ha dicho una palabra frente a esta situación que, en gran medida, termina siendo la privatización de la universidad pública en manos de unos pocos.
Vale advertir, como dice RAYA, que “los profesores ocasionales y de cátedra, los cuales podrían duplicar a los 3.063 docentes de planta que hay en las ocho sedes nacionales de la Universidad Nacional, están excluidos de dicho sistema. “No son empleados públicos ni pertenecen a la carrera profesoral y, por consiguiente, sus condiciones salariales y prestacionales no están regidas por el presente decreto”, dice el mencionado decreto. Los profesores ocasionales y de cátedra son quienes soportan la mayor parte de la carga académica, pese a estar contratados por horas. Es por eso que para el caso de la Universidad Nacional, aunque un profesor ocasional tenga un doctorado, investigaciones, publicaciones o experiencia pedagógica, sus sueldos difícilmente superan los dos millones de pesos, muy alejados de los salarios más altos que hoy revela RAYA. Otra dificultad que tienen estos profesores es que sus contratos apenas cubren ocho meses, o menos, de los dos semestres del año universitario”.
¿Interés en desvirtuar a directivas y consejeros?
Detrás de lo publicado por RAYA, que amerita necesariamente un debate sobre los beneficios, justicia el impacto social del decreto 1279, también parece esconderse una explícita intencionalidad de cuestionar a uno de los nombres que allí aparecen, y es el del profesor Diego Alejandro Torres Galindo (foto), quien además de figurar entre los privilegiados también actúa como representante de los docentes en el consejo superior universitario, espacio que ha sido fuertemente criticado por la elección de Peña, y en donde torres enfrenta un muy tenso ambiente al interior de la universidad porque, según sus contradictores, este no fue fiel al aparente compromiso de respetar los resultados de la consulta, de tal forma que su voto fue uno de los determinantes para que nos eligiera a Múnera. También se cuestionan los dineros recibidos, por concepto de viáticos, del elegido rector Peña Reyes, así como de Verónica Botero, decana de la facultad de Minas de la sede de Medellín e integrante del CSU.
Torres Galindo, en condición de representante de los profesores en el CSU y su suplente, Elisabeth Restrepo Parra, emitieron un comunicado en el que rechazan la publicación de Raya, dicen que “dichos señalamientos hacen ver a todas las profesoras y profesores de la universidad como delincuentes que se aprovechan del sistema académico bueno obtener salarios y demás ingresos de forma ilegal”. También dicen que es una violación del hábeas data, de la honra y el buen nombre de los profesores y una exposición de estos como objetivo de la delincuencia común.
