Julio/24 Forero, columnista de www.universidad.edu.co, reflexiona en torno de la impartancia de que los designados del presidente en las IES públicas tengan otro tipo de condiciones profesionales y académicas para no conducir a un debilitamiento de estos entes universitarios autónomos.
En la gran mayoría de los países iberoamericanos se han venido constituyendo sistemas de educación superior de carácter mixto, donde participan IES oficiales e IES no oficiales también conocidas como “privadas”, todas al servicio de ciudadanos que desean aprender y servirle mejor a la sociedad a la que pertenecen, con base en conocimientos avanzados. Como todo sistema, si una de sus partes se debilita, termina afectado todo el sistema.
En Colombia, con una muy larga tradición se ha consolidado uno de los sistemas mixtos de educación superior más sólidos del ámbito iberoamericano, creando conjuntamente unas importantes capacidades sociales como bien público social, con la diferenciación y pluralidad necesarias para el fortalecimiento del sistema democrático del país y sus regiones.
Las IES públicas o estatales (allí hay una discusión) vienen siendo afectadas al no contar con un medio de financiación adecuado, de largo alcance y que garantice el ejercicio de un principio de su esencia como es el de la autonomía universitaria. Este desfinanciamiento afecta a todo el sistema y sería deseable que en medio de la realidad fiscal se encuentren fórmulas realistas para superarlo.
Una de las fórmulas utilizadas es que el Estado además de apoyar presupuestalmente, las apoye patrimonialmente, entregándoles diferentes tipos de activos. Esto funcionó bien en los Estados Unidos con las denominadas “Grand Land Universities” que impulsaron en diferentes regiones la economía agrícola y fueron capaces, con formas efectivas de gestión, de lograr que esos aportes patrimoniales fueran productivos. En el caso colombiano no parecen darse las condiciones para ello y más bien los aportes patrimoniales que se le entregan en solo bienes raíces son una fuente de gastos adicionales que agravan la situación.
El gobierno colombiano ha contemplado la posibilidad de ampliar las oportunidades de acceso mediante solo aporte patrimonial, con la expectativa de lograr una mayor presencia en regiones apartadas, sin ser muy clara la política en materia de calidad. También ha querido tramitar ante el Congreso de la República leyes que den mejoras y estabilidad a las fuentes de financiación presupuestales para las IES públicas. Es decir, se ven buenas intenciones sobre la financiación del sector oficial del sistema. Esas buenas intenciones, deben abarcar otros campos del desempeño institucional con calidad, para evitar que surjan serias dudas sobre cómo una financiación incompleta pudiera más bien debilitar a las IES públicas.
Sirven como referentes para el análisis un par de opiniones calificadas.
En primer lugar, Víctor Orellana, encargado gubernamental en Chile de la educación superior, en su reciente visita a Colombia, hablando con respecto a su país y las universidades públicas, afirmó que están en un proceso de construir acuerdos que le permitan a Chile crear más riqueza y distribuirla mejor. Enfatizó que las universidades tienen como desafíos el logro de un mayor bienestar y una mayor eficiencia, dada la alta inversión con insuficiente retorno público, en lo relacionado con los grandes cambios esperados en la estructura ocupacional. Señaló además como otro desafío de las públicas, la necesidad de estar a la vanguardia en materia de innovación, calidad y uso de tecnología, en medio de los grandes cambios culturales y tecnológicos del momento actual.
En segundo lugar, Jorge Iván Gonzalez, después de haber ejercido como director de Planeación Nacional en Colombia, crítica la escasa proyección de las universidades públicas para atender problemas estructurales y ejecutar estratégicamente buena parte de los recursos de diferentes Ministerios y agencias del Estado con proyectos de gran envergadura. Para lo cual por ejemplo, se podría haber hecho un mejor uso de los recursos provenientes del artículo 87 de la ley 30/92, para fortalecer el SUE, Sistema Universitario Estatal y no simplemente hacer distribuciones individuales; tema sobre el cuál poco se habla en un escenario indispensable de asociatividad, por ahora desestimado en las propuestas reglamentarias en marcha.
Sin embargo, uno de los posibles debilitamientos mayores de las universidades públicas en medio de buenas intenciones, proviene de la equivocada concepción con mirada hacia el futuro de lo que significa un buen gobierno universitario, con pleno ejercicio de la autonomía universitaria en favor de la sociedad. Basta solo mirar la conformación del principal órgano de gobierno, CSU, con representantes del gobierno, especialmente delegados de la propia presidencia de la República, que como lo expresé en una columna anterior, no creo que aporten mucho valor al buen suceso institucional.
En los últimos años, solamente valdría destacar la actitud firme de la ministra Cecilia María Vélez, que convenció al entonces presidente de la república que sus delegados deberían tener un alto conocimiento de la educación superior y sus desafíos, y por ello ser designados sin intereses clientelistas y politiqueros. Esto operó durante algún tiempo.
Posteriormente en tiempos de la ministra María Victoria Angulo, que conocía la acción de su anterior jefe, no mostró mayor interés en cambiar los criterios viciados para esas designaciones. En ese gobierno se terminó la tarea de lo que se conoce como el informe de la “misión de sabios”, quienes propusieron una agenda de país, fundamentada en el conocimiento científico e introdujeron la propuesta de “misiones” que ya para entonces trabajaba la economista Mariana Mazzucato.
Por ello personalmente, antes de hacerle la solicitud a la ministra sobre este tema, conversé con el presidente del SUE y el presidente de la Academia de Ciencias (q.e.p.d.) y les pareció muy bien la idea que el presidente de la República escogiera sus delegados en los CSU, del listado de quienes habían conformado la denominada “misión de sabios”. Hice la solicitud ante la ministra, pero nunca obtuve respuesta, distinta a unos hechos donde el criterio de escogencia obedecía más a intereses políticos y de conformación de mayorías en el Congreso de la República.
Las decisiones de política institucional que deben tomar los órganos colegiados de las universidades son de una extrema complejidad y requieren que las personas que los conforman, además de una legitimidad representativa, estén dotados de altos conocimientos sobre las profundas transformaciones que son necesarias para servirle mejor a la sociedad, con decisiones colectivas de la mayor calidad. Con prácticas de mal gobierno o desubicación de la agenda de los temas estratégicos de cara al futuro y con muchas distracciones de por medio, se corren graves riesgos de no estar a la altura de los requerimientos, así se disponga de mayores recursos presupuestales y patrimoniales, conduciendo finalmente a un debilitamiento de las universidades públicas.
El presidente de la República debería con su equipo examinar estos riesgos y dar el mejor ejemplo en la designación de sus delegados, quienes más allá de haber ejercido como activistas políticos ávidos de poder, requieren otro tipo de condiciones profesionales y académicas para no conducir a un debilitamiento de estos entes universitarios autónomos. Requerimos como sociedad mucha transparencia al respecto.
