Agosto/24 Para Lopera, director de Universidad.edu.co hacer esta reforma sin una revisión de fondo y compromisos de la educación superior pública, es como echar agua a un barril lleno de agujeros.
Como si fuera un mantra, una vez más, como desde hace varios gobiernos y muchos ministros de Educación, vemos nuevamente a los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, tomándose la foto, sonriéndole al Ministerio de Educación de turno, e implorando que se reforme la Ley 30 de 1992 en los artículos relacionados con financiamiento de la educación superior pública.
Más de 30 años pidiendo la reforma del modelo de transferencia de recursos del Estado a las IES públicas bajo la premisa de que, sí o sí, esta tiene que aumentar, y que solo así mejorarán las condiciones de su financiamiento. Y todos, rectores, el actual ministerio de Educación (tan amigo de la educación superior pública) y varios congresistas que vienen del movimiento estudiantil, repiten la misma proclama, como si esa fuera la salvación de la educación superior pública.
Pero ¿de qué salvación se está hablando? De tener más recursos para mejorar la infraestructura, la contratación de docentes, la cobertura y la calidad. Si es así, bienvenida la reforma.
No obstante, uno se pregunta, ¿darles más recursos si garantizará eso?
Todos los gobiernos de este siglo han venido alimentando a la universidad pública con recursos por encima de lo que define la ley. Buenos edificios, laboratorios y nuevas sedes ya no son la excepción sino la norma en la mayoría de las IES, y con la gratuidad educativa las universidades públicas se han beneficiado de más recursos, indirectos, vía matrícula. Hoy los estudiantes de la educación superior pública tienen muchos beneficios y recursos destinados a programas de bienestar que los de las IES privadas, y aunque el SUE diga que el gobierno les debe “n” billones de pesos, lo cierto es que no es claro qué pasaría si, hipotéticamente, todo ese dinero les llegaría.
¿Más dinero para educación?, la sola pregunta puede resultar ofensiva. Quien se atreva a decir que no se den más recursos a la educación superior pública corre el riesgo de ser calificado como un apóstata, traidor a la patria o enemigo de la educación, pues siempre se necesitarán más y mejores profesores, con mejores vinculaciones laborales y más presencia de la educación pública en todo el territorio.
Pero eso no significa cerrar los ojos y caer en el argumento engañoso de que la solución está en llenar con más recursos un barril lleno de agujeros. La reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 está infestada por dos virus: Primero, asumir que el modelo actual de transferencias de recursos del Estado a las IES públicas es efectivo, y que su único problema está en que los dineros no son suficientes. Segundo, creer que más recursos se traducirán en más cobertura y calidad.
La realidad es que el modelo de asignación de recursos del Estado a las IES públicas lleva tres décadas viciado. Asume que las universidades mal llamadas “grandes” deben recibir más recursos, sin que rindan cuentas al respecto, mientras que las mal llamas “pequeñas” deben seguir condenadas a recibir menos recursos, por más que se esfuercen. Y estima que las universidades son de “mejor familia” y deben recibir más recursos, a diferencia del resto de IES oficiales que, igualmente, forman colombianos y también entregan los mismos títulos profesionales y cada vez desarrollan más programas de doctorado, entre otros, con gran calidad. Es absurdo que, pese a los hechos, IES como el ITM, el Tecnológico de Antioquia o las unidades Tecnológicas de Santander, entre otras IES que no son universidades, reciban menos recursos que universidades como las del Pacífico, César, Cundinamarca o Uniamazonia, con desarrollos más discretos pero mayores transferencias.
No se puede seguir pensando que la actual universidad pública funciona a la maravilla y que por eso la única agenda del SUE debe ser la de pedir más recursos para seguir creciendo. Muchas de sus universidades no comparten recursos ni instalaciones, cada una rinde cuentas como le parece, y polémicas prácticas como las de “comerse” los recursos con múltiples contrataciones, viajes y polémicos puntos de productividad del decreto 1279, gastan los recursos públicos en todo menos en mejora de condiciones de calidad o de cobertura.
Se necesita barajar de nuevo, y evitar que universidades con serios cuestionamientos en su gerencia, calidad y transparencia en la gestión, se terminen beneficiando del lobby parlamentario, y de una ley que incidirá, aún más, en las finanzas públicas.
Claro que se necesita dar más recursos a un grupo de IES y universidades públicas que sí vienen haciendo bien su tarea, pero que no tienen la influencia política para llegar a los órganos de lobby sectorial y congresional, pero no deberían seguir recibiendo lo mismo de siempre, sino más.
En cambio, ¿se justifica darle más recursos a la U. Nacional de Colombia (que de por sí es la que más dinero recibe entre todas las universidades públicas), sin tener claridad sobre muchas polémicas inversiones, proyectos no acabados y denuncias de desvío de recursos?, ¿se justifica dar más dinero a la Universidad de Antioquia, en crisis financiera, sin claridad sobre la responsabilidad de sus gestores en la deuda y en el mal manejo de sus recursos?, ¿se justifica dar más recursos a universidades con rectores que tienen abiertos procesos en la Procuraduría General de la Nación?, ¿se justifica dar más a universidades que se llevan a muchos sus directivos a otros países a comisiones académicas sin explicación lógica, y con recursos públicos?, ¿se justifica dar más a universidades acusadas de favorecer a ciertos profesores en sus comités internos de asignación de puntajes?, ¿se justifica dar más a universidades con investigaciones abiertas de inspección y vigilancia y sin avance en su plan de mejora?, ¿se justifica dar a universidades que registran preocupantes hallazgos de la Contraloría por mal manejo de recursos?, ¿se justifica dar más a universidades que se hallan polarizadas y enfrentadas por la elección de rector y en donde uno de los sectores puede manejar libremente el presupuesto?…
Con el paro nacional universitario, de 2018, el gobierno Duque les dio mucho más dinero de lo que la educación superior pública esperaba, y con Petro también se han anunciado más recursos, donaciones y nuevas sedes. Y entonces, ¿cómo entender que la mayoría de IES oficiales se estancaron, e incluso decrecieron en número de estudiantes en, tal vez, el mejor momento para la educación superior pública de la historia del país? Cuál es el real compromiso de estas instituciones con la mejora del sistema. ¿Se justifica aumentarles los recursos si, de por medio, no hay una reforma en las bases, no se tapan los agujeros del barril y si los rectores, el SUE, la Red TTU, no se comprometen con resultados a cambio de mas recursos?
El palo no está para cucharas, como reza el dicho popular. Mucho menos en momentos en que el país afronta un serio déficit fiscal, y otros sectores sociales, tan importantes como la educación (como salud, infraestructura, vivienda y seguridad) sufren por recortes en los recursos.
Sin una revisión de las actuales condiciones y asignación de recursos a cambio de resultados, reformar los artículos 86 y 87 de la actual Ley 30 en las condiciones que esperan los rectores, solo seguirá aumentando el apetito, la burocracia y las brechas entre IES ricas y pobres, y será solo cuestión de pocos años para que, nuevamente, vuelvan a pedir más recursos.
