Agosto/24 Forero, exdirector ejecutivo de Ascun, cuestiona la pérdida de impacto de la acreditación en Colombia e invita a su replanteamiento. Primera parte.
El liderazgo es capaz de orquestar estados de ánimo, movilizar a las personas, coordinar acciones en torno a un propósito y atraer recursos e inversiones. Adelante.
Juan Carlos Casco
Si queremos una mejor respuesta de los sistemas de educación superior y de sus IES, con una resignificación de su proyección social institucional, es necesario concebir el papel del Estado de manera diferente y poner a tono los sistemas de acreditación como reguladores e impulsores poderosos de los cambios y las transformaciones.
Con frecuencia desde: los gobiernos, los organismos internacionales, las propias instituciones de educación superior, IES, pero sobre todo desde diversos sectores de la sociedad, se hacen llamados para revisar los sistemas de acreditación y en general de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que se implementaron con vigor desde la década de los años 80, bajo el paradigma del “Estado evaluador”. Además de las razones de actualización, de incorporación de nuevos factores y variables, de simplificación, de correcciones; el argumento central consiste en revisar la evolución del propio concepto de calidad, la manera cómo se mide, la necesidad de reflejar los cambios y transformaciones que, en los ámbitos sociales, económicos, políticos y educativos, se están dando de manera intensa cuando hemos pasado de un modelo de élite a uno de masas.
Reconocer a la educación superior como un bien público social, debería llevar a establecer una primacía del bien común sobre los intereses particulares, así estos tengan un grado de legitimidad. Sin embargo, pareciera que este no es el fin orientador, sino que, por diversas circunstancias, estamos en un mundo de intereses particulares y de agendas ocultas que dificultan plantear e implementar cambios transformativos que, con mayor pertinencia social, encuentren en este poderoso instrumento regulatorio, un impulso a los cambios necesarios en los sistemas de educación superior y sus IES, de alguna manera acomodadas a unos formatos que ya dominan y que terminan premiando el “statu quo”. En ese juego de comodidad, al final se pagan altos costos sociales y todos terminamos como perdedores en medio de acuerdos de mediocridad.
La creación de redes de agencias de acreditación, especialmente en el ámbito iberoamericano, después de varios años de funcionamiento y reconociendo los beneficios, no han jugado un papel innovador que permita mayor velocidad en los cambios y por el contrario termina primando una “solidaridad” mal entendida. Estas redes se han promovido desde los gobiernos, con un enfoque controlador que limita las dinámicas, o desde iniciativas con enfoque privado que le dan mucha validez al mercado, orientándose más como una perspectiva de “negocio”.
En el ámbito internacional se han multiplicado las agencias de acreditación sobre nichos de mercado específicos y que cuentan con una buena aceptación de universidades en la denominada “acreditación internacional”. En la pasada conferencia mundial sobre educación superior, convocada por la UNESCO en el año 2022, fue notoria la presencia de estas agencias con una capacidad importante de influencia, en buena parte motivada para consolidar un enfoque de mercado.
En el caso colombiano, el sistema se concibió con la primacía de 2 actores fundamentales, el gobierno nacional a través del MEN y las propias IES que, con representantes en el CESU, CNA, pares académicos y comisiones intersectoriales, tienen una fuerte influencia. En los estudios comparados a nivel internacional, se valoran unos beneficios de este modelo, pero se advierte que puede resultar afectada la innovación y encontrar dificultades para poderlos reorientar ante cambios en los escenarios de futuros. Los gobiernos los terminan viendo como una forma de control sobre las IES y estas como una manera de mantener un “statu quo”, con lo cual la innovación y flexibilidad necesaria para responder a los cambios es de muy poco alcance, más cuando las operaciones aumentan dentro de esquemas muy burocráticos de gestión.
En Colombia, tenemos varias experiencias, donde se demuestran las dificultades para producir cambios o simplemente adaptaciones, a pesar de supuestas amplias consultas a todos los actores. En el pasado gobierno se gastó demasiada energía para impulsar los “resultados de aprendizaje” en el modelo de acreditación y creo que hoy en día no tiene el consenso suficiente ni la claridad necesaria. En este gobierno el primer ministro de educación, Alejandro Gaviria, planteó con fuertes calificativos, la urgencia de revisar el modelo de aseguramiento de la calidad; se hicieron algunas reuniones de los diferentes responsables y se dejó pasar el tiempo en análisis mientras salió el ministro y no se permitió hacer más que unos pequeños ajustes operativos adormeciendo el cambio.
Las universidades han avanzado en estudiar y compartir los diferentes modelos de aseguramiento de la calidad que usan internamente y creo que allí hay una base para guiar cambios estructurales y establecer nuevos factores distintivos para quienes se ocupan en serio del tema. Varios expertos internacionales han hablado de la prospectiva del aseguramiento de la calidad, que permite identificar nuevos enfoques y mediciones que cambiarían un tanto las actuales reglas de juego al incorporar conceptos y valoraciones a las cuales se les otorga poco peso o cuya medición ligera deja mucho que desear.
Estamos hablando de conceptos y significaciones como: pertinencia social local, regional y global; buen gobierno para tomar decisiones de calidad en materia de políticas; mayor autorregulación e importancia de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad; un enfoque integral, interrelacionado y sistémico con menos factores y variables; mediciones de impacto; empleabilidad; capacidad de hacer alianzas; estudios y decisiones para acometer escenarios futuros y no simplemente revisar un plan de mejora del pasado; conocimiento a fondo de los integrantes de las comunidades académicas especialmente de los jóvenes; impulso y medición de las innovaciones sistémicas y de las relacionadas con las pedagogías y didácticas; uso y democratización de las tecnologías para producir cambios en la arquitectura institucional y en los procesos formativos, investigativos y de gestión; operación y resultados de impacto en los ecosistemas.
En una próxima entrega, haré sugerencias y propuestas para que, desde el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y las IES se fundamenten y se muestren evidencias sólidas, para poner a tono nuestro sistema de acreditación, convirtiéndose nuevamente en un referente para dar verdaderos saltos asociativos en la calidad, en beneficio de la sociedad a la que se sirve y ejerciendo responsablemente la autonomía universitaria. No conviene que las agencias de acreditación tengan el monopolio para señalar el significado de la calidad, esto es un proceso dinámico donde las comunidades académicas de las IES deben liderar las reflexiones en el marco de su proyecto educativo.
