Agosto/24 El rector de Uniquindío es, tal vez, el único de universidad pública, que cuestiona cómo actuaciones del gobierno nacional en inspección y vigilancia cuestionan la autonomía universitaria. Tomado de la Nueva Crónica del Quindío.
La obtención de la autonomía para las universidades se consolidó gracias a haberla merecido y ser reconocida por los estamentos sociales, políticos y jurídicos. Ella fue convirtiéndose en algo connatural con la institucionalidad; sin embargo, en toda su historia ha devenido la intención de intervenirla, condicionarla. En este último aspecto, la única condición a la que debe estar sujeta la autonomía es la relacionada con las incertidumbres sociales, por cuanto la educación superior tiene el compromiso de responder efectivamente a ellas.
Esas intromisiones han empezado a tener un nuevo momento en la actual situación de nuestro país. No se entiende entonces que un gobierno, respetuoso de la democracia, la agreda en la práctica y particularmente en las universidades públicas, entidades que como ya lo he expresado, tienen garantizada su autonomía a través de la potestad de darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, prerrogativa consagrada en la Constitución Nacional de 1991 y refrendada en la Ley 30 de 1992.
Dicha injerencia la hemos padecido las universidades públicas en acciones altamente publicitadas y que dieron lugar a manifestaciones de distinta índole. Entendámoslas de manera rápida y precisa.
Un caso es el de la Universidad Nacional donde su Consejo Superior, basado en la reglamentación interna y autónoma, designó su rector. Luego, por presiones del gobierno, un Consejo Superior ajustado a las orientaciones estatales, revocó la decisión inicial y definió un nuevo rector. En la Universidad del Chocó, también con un rector legalmente nombrado, con base en una interpretación discutible de la inspección y vigilancia, llega el Estado y lo remueve. Esas decisiones estatales van y violan flagrantemente las normas establecidas para la designación de rector en los estatutos generales de ambas universidades.
La Universidad del Quindío, por ejemplo, también en sus normas internas y en empleo riguroso de su autonomía, donde están consideradas la participación, entre otros, de estudiantes, administrativos y docentes, valida el proceso para el nombramiento final del rector.
No obstante, nuestra alma mater tampoco ha sido ajena a este intento de intrusión en su autonomía institucional. Curiosamente, el Ministerio de Educación Nacional, con eI pretexto de la inspección y vigilancia que debe ejercer, reiteradamente solicita información que ya está en su poder. Una clara muestra de coacción a nuestra actitud crítica en escenarios nacionales como eI Sistema Universitario Estatal, SUE.
Otra situación de intento de injerencia es cuando un partido afín al gobierno, a través de una diputada y un concejal de Armenia con intenciones claramente proselitistas, utilizan abusivamente la imagen de la Universidad, sin las respectivas autorizaciones. Confunden lo público y creen poder usarlo discrecional y personalmente. Aunque estemos siempre dispuestos para acompañar distintos procesos sociales, lo haremos en el marco del respeto a nuestra autonomía. Curiosamente, en el pasado, ningún grupo político había osado horadar la institucionalidad de la Uniquindío.
Por último, recabo en que la conexión territorial, principio base de mi plan de gestión, no es sinónimo de ultraje a nuestra muy bien lograda y reconocida independencia. Continuaremos dialogando con las realidades, es nuestra impronta, sin desmedro a la institucionalidad.
