Sept/24 Orozco, analista de universidad.edu.co analiza el difícil momento de la universidad privada colombiana por una riesgosa discriminación gubernamental.
Nunca se había percibido como hasta el gobierno de Gustavo Petro un fraccionamiento radical entre universidad pública y privada.
El sistema de educación superior colombiano afronta una de sus peores crisis animada por la falta de estudiantes, altos costos -pegajosos diría mi estudiante de doctorado Rafael Ahumada en el Externado-, déficit operacional por doquier, así como una corrupción desbordada desde los ámbitos de la ciencia y la publicación hasta la misma malversación de recursos. Celebro los avances de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y su equipo cumpliendo lo prometido con el curso de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para mejorar la financiación a las universidades oficiales y adoptar el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Lo celebro sí y solo sí hay un compromiso real de rendición de cuentas e inversiones en calidad como lo enfatiza el director de El Observatorio de la Universidad Colombiana en su columna NO a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, combatiendo de frente la rampante corrupción que aqueja la academia y la ciencia como lo he insistido y nos ha demostrado la desgobernanza del Decreto 1279 de junio de 2002. Lo que nos urge ahora es repensar todo el sistema de educación superior desde una visión prospectiva, donde podamos converger sin importar la naturaleza jurídica de las universidades a un escenario donde se garantice la creación y recreación de una sociedad del conocimiento.
Entiendo la universidad como una organización fiduciaria de la moral y el conocimiento, que es patrimonio público, sin distinción de cuál sea su naturaleza jurídica: fundación, cooperativa o entes universitarios autónomos con personería jurídica como indica la Ley 30 para las universidades oficiales. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia la educación es un servicio público, por lo tanto, universidades oficiales o privadas, todas prestan un servicio público, solo que su modelo de negocio difiere en que mientras las primeras dependen de las asignaciones presupuestales de ingresos fiscales, las segundas buscan sus ingresos entre matrículas y una gran diversidad de servicios e inversiones. Creo que insistir en la diferencia entre universidad pública y privada -como llegó haciendo el ministro Rojas atreviéndose a decir que las universidades privadas son entidades con ánimo de lucro- solo lesiona la necesidad del país por contar con un sistema de educación superior abocado a la calidad, y exacerba la división social con una falacia de clases.
He indicado que si por algo debemos diferenciar las universidades es por su transparencia y rendición de cuentas, así como por sus resultados en las pruebas Saber Pro del ICFES y otras instancias de evaluación. Pero todas responden a una función social de fiducia en la titulación de personas, ya que, con la titulación, con los certificados que emite, indica que se puede confiar en las capacidades y conocimientos de quien los porta. En la antigüedad la forma para asegurar que una persona fuera competente con su conocimiento en la práctica profesional era el castigo. El código de Hammurabi ya en 1750 a.C. establecía, por ejemplo, que, si un arquitecto hace una casa y se cae matando sus habitantes, será condenado a muerte; o si un médico trata a un paciente y le causa la muerte le cortan las manos. Hoy mucha, si no toda la fiducia sobre un profesional recae en el buen nombre de la universidad donde se tituló. Un empleador o un inversionista tendrá mucha información sintetizada sobre las competencias de una persona en los títulos universitarios a partir de la reputación de la universidad.
Javier García Cubillos en una excelente columna en El Colombiano hace la analogía de la universidad como un bus en la que se sube y se baja gente con sus intereses, pero no pueden cambiar la ruta de servir al progreso de la sociedad. Yo sostengo la tesis de que las universidades son sobre todo una propiedad moral, nombres objeto de reputación que tienen una representación en el imaginario social y forman parte indisociable de quienes pasan por ellas, particularmente los egresados y profesores. ¿Cómo quitarme el nombre de las universidades donde he estudiado o para las cuales he publicado? La universidad no existe solo en los estatutos y en los nexos de contratos con las partes obligadas jurídicamente, su existencia está en quienes hacemos parte de ellas y les damos vida.
Si me junto con mis estudiantes en el Parque Nacional para investigar un fenómeno o nos reunimos en una clase virtual, allí somos universidad. Sin importar el origen del patrimonio de una universidad, los legítimos dueños somos quienes les damos vida, porque nosotros somos la universidad[1]. Las universidades como imaginario colectivo de reputación dependen de que tanto profesores como estudiantes se destaquen por sus logros y contribuciones, por las investigaciones científicas reconocidas y por los servicios que presta a la sociedad. Por lo anterior, la gobernanza, la buena gobernanza de la universidad es esencial para que esa reputación se mantenga y crezca, generando legitimidad tanto por instancias que le dan estatus, entre ellas hacer parte de asociaciones, tener acreditaciones, ganar premios y aparecer en los escalafones o rankings. La reputación asociada a la universidad y sus egresados y profesores da una señal de confianza de que los buenos resultados del pasado proyectan buenos y mejores resultados en el futuro.
Aprovechando que por fortuna el proyecto de reforma a la Ley 30 se cayó, debemos buscar espacios de diálogo en ASCUN, que no tiene la talanquera de diferenciar universidades públicas o privadas, para crear un escenario de futuro para la educación superior del país, enfocada en una gobernanza compartida donde se defina una política de educación superior nacional, incluyente, alineada con las apuestas supranacionales de la de UNESCO y los ODS, y que represente los intereses de libertad y orden, creando valor social, esto es, la recreación de la continuidad de la vida con dignidad, donde podamos solucionar por nosotros mismos los problemas y aprovechar las oportunidades para crear y disfrutar del bienestar a partir del conocimiento.
[1] Es una tesis en la vía de la doctrina católica de que la iglesia no es el templo sino la comunidad congregada para buscar la salvación.
