Febrero 2023 / Luis Antonio Orozco, columnista del Observatorio de la Universidad Colombiana y profesor de la Universidad Externado de Colombia expone en esta oportunidad los riesgos de un mal sistema de incentivos a la ciencia que atenta contra el derecho a la vida y al interés general.
En los albores de la ciencia encontramos luchas contra el plagio como la que llevó a Galileo Galilei a publicar El Ensayador en 1623. Robert Merton en la década de 1930 estudiaba los comportamientos desviados de la sociedad, y no tardó en concentrar sus esfuerzos en entender la actividad científica. Evidenció campos de lucha, como explicaría en la década de 1970 Pierre Bourdieu, en los que se competía de todas las formas posibles, incluyendo estratagemas, para asegurar la prioridad del descubrimiento científico y sus derivados en reputación, fama y recursos[1]. Merton trascendió como el padre de la sociología de la ciencia indicando que la investigación y la producción de nuevo conocimiento, como cualquier otra actividad humana, no es ajena a las condiciones propias de los seres humanos que abusan de su posición de poder o de confianza para alcanzar beneficios particulares en detrimento de los derechos colectivos.
Hay emblemáticos casos de fraude a la ciencia como el del Hombre de Piltdown realizado por el británico Charles Dawson en 1912. Pero los más graves están en el campo de la salud. Entre ellos se encuentra el norteamericano Eric Poehlman, condenado a prisión por falsificar datos para obtener financiación y publicar más de 200 artículos en la década de 1990 sobre metabolismo. Con una cantidad similar de artículos está el caso del japonés Yoshitaka Fujii en el campo de la anestesiología, al que le podemos sumar el de Diederik Stapel en los Países Bajos para la psicología en 2011. También vale la pena mencionar el caso de Gilbert Welch, uno de los investigadores más reputados en el mundo sobre política en salud, quien en una publicación de 2016 plagió unos trabajos en su intento por manipular la opinión hacia un sistema de salud con menores tratamientos en temas como el cáncer de mama. La situación en salud es tan grave, que en un reporte de The Economist del 22 de febrero de 2023 se indica que hay más de 19.000 retracciones de artículos científicos desde 1996, y que se han evidenciado situaciones donde se popularizan tratamientos que resultan de datos y estudios falsos, como el de aplicar bloqueadores beta antes de las cirugías como indicaba un artículo de 2009, y que le ha costado la vida a más de 10.000 personas al año solo en Gran Bretaña.
En Colombia no nos quedamos atrás. En una investigación crítica sobre los grupos de investigación publicada en el libro Colciencias 40 años: entre la legitimidad, la normatividad y la práctica, indicábamos cómo se usan los metadatos de publicaciones internacionales, aprovechando la homonimia, para adjudicarlas como propias y recibir sin ningún control posible -excepto el mío-, los puntos del sistema de medición de Colciencias. Mostramos que las universidades en general organizaban sus datos, ni siquiera su estrategia de investigación, para complacer al sistema, llenando CvLACs con hojas de vida extranjeras para asociarlas a los grupos, y contratando la publicación de artículos con profesores visitantes. Para una institución de educación superior mostrar un gran volumen de producción científica no solo sirve para los rankings y acreditaciones internacionales. Es esencial mostrar grupos A1 e investigadores senior para crear la ilusión de capacidades científicas, necesarias para captar más matrículas abriendo y acreditando programas. Pero nuestro momento cúspide en el fraude a la ciencia y al sistema de medición de investigadores y grupos fue cuando se hizo la denuncia del cartel del plagio que lideraba la Corporación Universidad de la Costa – CUC y la posterior posesión de su rector, Tito Crissien, como ministro de ciencias, pese a los evidentes plagios y retractaciones. Lo anterior, aunado al abuso del Decreto 1279 de 2002, que llegó a su tope con la conformación de mafias capaces de poner PDFs masivamente en revistas depredadoras aumentando salarios de forma indiscriminada, dando lugar a investigaciones por peculado y concierto para delinquir como ejemplifican la USCO y la UFPS. Ahondando en el fenómeno de las publicaciones depredadoras encontré que varias de las universidades públicas y privadas más grandes e importantes del país vienen botando muchos miles de millones en pagos de APC a entidades cuestionables como MDPI, Frontiers o Hindawi, en detrimento de una buena gestión financiera como indiqué en el Observatorio de la Universidad Colombiana. El top 10 lo conforman en su orden la Nacional, Antioquia, Andes, Javeriana, Valle, Rosario, la CUC, Uninorte, la Distrital y la UIS[2].
Pero aún no hemos visto todo. Adicional a la proliferación de páginas web y correos que ofrecen realizar tesis y trabajos de grado, así como servicios para armar perfiles de investigadores con publicaciones en revistas indexadas como indiqué en el Observatorio de la Universidad Colombiana, se identificó la aparición de unas organizaciones que se han denominado paper mills o fábricas de manuscritos. Es un fenómeno que se empezó a descubrir en 2020, como indica Nature, por unos editores que encontraron una gran cantidad de artículos similares, incluyendo textos, datos, tablas e imágenes. Seguramente estas organizaciones criminales estarán ofreciendo a personas e instituciones de educación superior emergentes en ciencia, la posibilidad de aumentar el conteo de publicaciones por algún precio, para que arranquen con su carrera perversa de ranqueo y acreditación.
Pero a estas formas de fraude les llegó una competencia inesperada: el Chat GPT. Es una plataforma revolucionaria de inteligencia artificial sobre lenguaje natural capaz de armar documentos. Se ha probado su efectividad para escribir artículos científicos, y abre la posibilidad para que, de forma similar como sucedió en la automatización de la fábrica, el trabajo del académico se enfoque en la supervisión de la máquina. Sin embargo, la plataforma puede contribuir a reducir el esfuerzo intelectual al 99,9% y con ello aumentar en igual proporción la mediocridad y la capacidad de masificar la producción de artículos. La reacción de la competencia corporativa era de esperarse. Ya Turnitin promueve su algoritmo para detectar al Chat GPT.
El asunto es que más allá de los avances de la programación algorítmica, reducir la corrupción en la ciencia y la educación superior es responsabilidad tanto del Ministro Arturo Luna, quien puede acabar con la medición de grupos e investigadores, así como de las universidades que deben parar el pago por publicación -que incluye remuneraciones a profesores y costos de APC – y del Ministro de Educación Nacional Alejandro Gaviria quien tiene la posibilidad histórica de liderar la reforma a la Ley 30 de 1992 y claro, al decreto 1279 de 2002, para lidiar con el problema de la autonomía como expuse en el Observatorio de la Universidad Colombiana, con la desfinanciación (pagando premios, recompensas y APCs) que se viene con la oleada de artículos falsos producidos por el ChatGPT para las miles de revistas depredadoras que se cuelan en los sistemas de indexación y resumen[3], y lo más importante, con la protección al sistema de salud reduciendo los riesgos para el fraude en la investigación en ciencias médicas.
Constanza Cubillos Reyes publicó en 1998 Saldo Rojo: Crisis en la Educación Superior, una obra majestuosa que expone los numerosos problemas de la corrupción, así como las propuestas y opiniones de los mejores expertos para enfrentarlas. En ese tiempo la preocupación en medicina estaba en la proliferación de carreras montadas a las carreras. “En el país se habían aprobado en total 37 programas de medicina. ¿De cuáles de sus egresados tendría uno que preocuparse en el momento de caer en sus manos como paciente?”[4] Ahora la preocupación va a estar, de no corregir el sistema de incentivos para la ciencia como he indicado en otros espacios, no solo en el plagio como indican grandes médicos científicos como Antonio Aldrete, sino en la fabricación de artículos, libros y patentes en masa, que pueden generar ‘nuevos tratamientos’ y ponerlos de moda, como ha pasado con los bloqueadores beta o los implantes de titanio por ejemplo. De hecho, recordemos que el nacimiento de MinCiencias estuvo marcado por la polémica de su primera ministra, Mabel Torres, quien adicional a despertar dudas sobre su tesis de doctorado, declaró haber suministrado un brebaje de hongos y frutas para tratar el cáncer, evadiendo no solo la publicación científica sino los estrictos protocolos médicos. Señores ministros, está en juego no solo el derecho constitucional del interés general, sino el respeto por el derecho a la vida.
[1] Ver: Orozco, LA (2015). Diversidad y heterogeneidad en redes de colaboración científica. Un estudio de las escuelas de administración de América Latina. Universidad Externado de Colombia.
[2] Consulta realizada el domingo 19 de febrero al Web of Science para CU=Colombia.
[3] Es un tema que merece una profunda investigación, pero para la muestra,
[4] Página 170.
