Autonomía y libertad en ed. Sup. A propósito de una reforma a la Ley 30: Luis Antonio Orozco – enero/23

Para Lus Antonio Orozco, observador de este portal, “la reforma a la Ley 30 debe asumir seriamente el significado y las prácticas alrededor de la autonomía y la libertad para suprimir la anomia y el libertinaje”. Los hechos así invitan a considerarlo.

La reforma a la Ley 30 requiere un planteamiento serio para que la autonomía no siga siendo anomia y la libertad libertinaje.

La historia de las disputas y guerras civiles del siglo XIX se marcaron por la definición del modelo de educación, entre los partidarios de Joseph Lancaster, introducido por el General Bolívar para dar énfasis a la disciplina y el control desde la moral católica, y los seguidores de Jeremy Bentham, amigo personal del General Santander, enfocado a la libertad de pensamiento y los conocimientos de la ciencia aplicados al beneficio social[1]. Los neo-borbones en el siglo XIX buscaron una educación práctica en la línea de Bentham, enfocada a la formación de personas capaces de hacer industria a partir del acervo de conocimientos de las ciencias naturales[2]. Para ello promovieron la Ley del 8 de mayo de 1848 sobre ‘libertad de enseñanza’ que, si bien tenía como trasfondo que los colegios provinciales pudieran otorgar títulos universitarios -un monopolio de Bogotá, Popayán y Cartagena- y dejar los estudios superiores libres de regulación del Estado, generó un libertinaje en la formación de profesionales en campos como la medicina[3]. Con la Ley del 15 de mayo de 1850, que eliminó el requisito de tener un título científico para ejercer una profesión[4], se permitió la aparición de todo tipo de curanderos, rezanderos y sanadores, atentando contra la misma salud pública. Como respuesta, en un proceso de institucionalización de la formación científica, la comunidad médica liderada por Antonio Vargas Reyes, incorporó la Escuela de Medicina a la naciente Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (UNAL) – donde se congregaron también los ingenieros del Colegio Militar creado por el General Mosquera.

La Universidad Nacional que impulsó el General Santos Acosta en 1868 y el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 eran la reacción a ese libertinaje en la educación. Como indicaba un periódico de la época: “18 años de anarquía en los estudios […] habían producido deplorables resultados: los jóvenes estudiosos se habían visto durante mucho tiempo en la imposibilidad de seguir con provecho una carrera, al propio tiempo que el empirismo había encontrado abierta la puerta de todas las profesiones letradas; la educación, y sobre todo la educación profesional, se había hecho superficial y del todo incompleta, y la ignorancia competía con la ciencia, sin que la sociedad tuviese un medio seguro para distinguir a los charlatanes de los verdaderos profesores”[5].

La lucha por la libertad en la educación adquiere otro enfoque, atípico en la historia de la educación superior en América Latina, con la creación de universidades privadas a finales del siglo XIX. La constitución de 1886 estableció que el Estado inspecciona la educación y la Iglesia determina los contenidos. Los esfuerzos liderados por Nicolás Pinzón en 1886 y retomados por Diego Mendoza en 1918, dan vida a la Universidad Externado de Colombia como oposición a los internados católicos para brindar una formación liberal en el derecho. Luego aparece la Universidad Republicana en 1890, enfocada en el desarrollo de los conocimientos agrícolas, comerciales e industriales, bases que retomó el General Benjamín Herrera en 1923 para configurarla como la Universidad Libre[6]. A mediados del siglo XX, luego de la reforma de Gerardo Molina en la UNAL amparada en los cambios constitucionales de 1936, la idea de libertad en la educación superior empieza a gravitar alrededor de una universidad laica que no impone el dogma católico y una universidad que tiene autonomía frente al Estado. La autonomía se convierte en el nuevo frente de disputas y fue ganando terreno con el Concordato de 1976 que eliminó la injerencia de la Iglesia en la educación, y luego con la Ley 80 de 1980 que reconoció la autonomía universitaria dentro de los límites de la constitución y la ley[7]. El ICFES tenía la potestad para avalar las nuevas universidades, vigilar, imponer sanciones e intervenir en casos necesarios. Sin embargo, el ICFES permitió la aparición de instituciones de dudosa procedencia[8]. El padre Jorge Hoyos S.J. rector de la Pontificia Universidad Javeriana en 1989 indicaba la existencia de “unos cuantos engendros que el Icfes aprobó en mala hora, y que pueden estar violando normas y engañando a la sociedad”[9].

La Constitución Política de 1991 consagró en el artículo 69 la autonomía universitaria, que se desglosa entre académica y administrativa en el capítulo VI de la Ley 30. Esta autonomía fue de inmediato aprovechada para la proliferación de programas. Entre 1993 y 1997 se pasó de 2.700 carreras a 6.400 (137%) jalonadas por entidades como la Cooperativa de Colombia[10]. Hoy contamos, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, con 27.000 programas (un incremento del 900%) en el que se ocultan formas de corrupción silenciosas, como montar posgrados para asignar clases y honorarios a sus directores, sus cónyuges y amigos, apuntalados en la afanosa presión de aumentar los ingresos de las universidades. Pero son posgrados que no tienen bases en la investigación de sus profesores ni promueven la interacción de estudiantes y docentes en la solución de problemas, el pensamiento crítico y el cuestionamiento científico. Son programas que se venden como formación práctica, enfocados en el hacer, en aplicar recetarios de moda, no en reflexionar por qué las cosas son así y cuáles son sus principios científicos y técnicos. El buen docente, el que se mantiene en la nómina, es aquel que sale bien calificado en el juego de ‘hagámonos pacito’, no el que con su bagaje de investigador exige y reta intelectualmente a los estudiantes, aprobando a los que demuestran suficiencia académica.

La autonomía de la Ley 30 de 1992 se fundó en la misma idea neoliberal que creó las EPS en la Ley 100 de 1993, y es la de propiciar un esquema de competencia donde el mercado elige de acuerdo con la calidad. Sin embargo, la realidad es que la oferta es deficitaria, por mucho, y la gente se matricula donde puede, ya que lo que importa es un título profesional que luego puede lavarse con algún posgrado. La autonomía permitió que las universidades terminen operando como empresas con ánimo de lucro, minimizando la calidad para aumentar las ganancias, asignar salarios y beneficios exorbitantes a quienes las manejan, y poner las reinversiones en el sector financiero en formas de CDT, TES, fondos de inversión, acciones en corporaciones o en el sector inmobiliario[11]. Los abusos del pasado como el de la familia Lozada Márquez que fundaron y manejaron la Universidad Antonio Nariño y se enriquecieron en la década de 1980 con estrategias como alquilar inmuebles a la universidad[12], se repiten hoy con casos como el del rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera y la inviabilidad financiera de la Universidad Autónoma de Colombia en la que se conjugaron abusos de sus fundadores y directivos con los exagerados beneficios del sindicato.   

Como indicó Guillermo Páramo, rector de la UNAL a inicios de 1990, “no puede haber autonomía para formar malos profesionales; la sociedad necesita que sean buenos. El problema no es solamente el efecto que tiene sobre ese estudiante mediocre, sino el efecto que tiene sobre la sociedad que supone que esa persona sí es un buen profesional, por ejemplo, un buen abogado o un buen médico, y necesita tener fe en ellos”[13].  Pasaron más de 20 años y muchos escándalos y abusos para que apareciera la Ley 1740 de 2014 sobre inspección y vigilancia de la educación superior y se empezara a poner en cintura y sancionar a entidades como la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad San Martín y la Universidad Incca entre otras.

La historia nos muestra que la libertad y la autonomía han resultado en abusos y corrupción. La reforma a la Ley 30 debe asumir seriamente el significado y las prácticas alrededor de la autonomía y la libertad para suprimir la anomia y el libertinaje. Una propuesta en el marco de la misión de sabios de 1994 es que la autonomía se gana con calidad. La calidad se evidencia cuando se es congruente entre lo que se ofrece y lo que resulta en las actividades misionales de la universidad. Esto es, cuando se forman profesionales competentes y buenos ciudadanos (con altos resultados en las pruebas Saber Pro y carreras intachables), cuando se hace investigación de alto nivel (evitando publicar en medios depredadores como MDPI) y se realizan actividades de extensión que contribuyen a mejorar las condiciones socioeconómicas y medioambientales del entorno. Pero también cuando hay honestidad y transparencia en el manejo de los recursos. Es deber de todos apoyar las funciones de vigilancia y control del Ministerio de Educación Nacional, informando las prácticas cuestionables, denunciando los hechos de corrupción y fraude. Finalmente necesitamos fuertes estructuras de gobernanza compartida donde profesores y estudiantes tengan participación en órganos capaces de pedir cuentas a la administración. Necesitamos que los miembros en los consejos de las universidades asuman responsabilidades y pongan en juego su reputación ante la sociedad en el ejercicio de sus funciones, definiendo políticas y velando por alcanzar resultados en calidad.

[1] Ocampo, J. F. (2016). La educación: de la colonia al siglo XX. Confrontaciones ideológicas y políticas. Ediciones Aurora.

[2] Safford, F. (1989). El ideal de lo práctico: el desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia. Empresa Editorial Universidad Nacional.

[3] Miranda, N., Quevedo, E., Hernández, M., Vasco, C. E., Obregón, D., & Orozco, L. E. (1993). Historia social de la ciencia en Colombia. Tomo VIII, 2, Medicina. La institucionalización de la Medicina en Colombia.

[4] En este momento solo se conferían los títulos de doctor en jurisprudencia, medicina o teología y esta tradición marcó la estructura social colombiana donde todos quieren ser doctores. Como dice Safford (1989, p. 20) citando a Liosboa (1853) “no existe lugar alguno donde puedan hallarse mas doctores que en Bogotá”.

[5] Morales, M. A. V. (2014). La libertad de enseñanza en disputa. Colombia, 1848-1876. Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas., (3), 35-55. P. 46

[6] Gutierréz, J. M. (2017). La universidad republicana y laica en Colombia: 1886-1924. Escuela Superior de Administración Pública.

[7] Ocampo, J. F. (2016). La educación: de la colonia al siglo XX. Confrontaciones ideológicas y políticas. Ediciones Aurora.

[8] Se pueden citar como ejemplos la Universidad Manuela Beltrán fundada, entre otros, por el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, el Politécnico Grancolombiano que emerge con el dinero mal habido de Jaime Michelsen Uribe o la conformación de la Universidad Cooperativa de Colombia fundada por el paramilitar condenado por la masacre de Segovia de 1988, César Pérez García.

[9] Cubillos, C. (1998). Saldo rojo: crisis en la educación superior. Planeta. P. 45.

[10] Ibid.

[11] Ibid. Es necesario estudiar el manejo de los dineros de las instituciones de educación superior en el sector financiero e inmobiliario. En el descalabro de Interbolsa, por ejemplo, Las universidades Santo Tomás, Central, Autónoma de Bucaramanga, Eafit, Pontificia Bolivariana, de Santander y la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud perdieron grandes sumas de dinero.

[12] Ibid.

[13] Ibid pág. 51

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