Mineducación amenaza al CSU de la UTCH con sanciones si reconocen como rector a Mosquera

Sept 16/24 El Consejo Superior de la U. Tecnológica del Chocó enfrenta una amenaza de sanción económica del Ministerio si reconoce como rector a David Emilio Mosquera, o las consecuencias de desconocer un fallo de un juzgado de Quibdó si lo acoge.

Bien sea como responsable o víctima de la delicada situación institucional que viva la universidad pública del Chocó, está en medio de un fuego de razones jurídicas, protagonismo regional y lucha de poderes.

Todo empezó cuando en julio y mediante la Resolución 011010, la saliente ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa destituyó a Mosquera, por que éste no habría sido diligente en atender las recomendaciones de inspección y vigilancia y del inspector in situ, sobre muy diversos aspectos que contribuyeran a garantizar la gestión académica, administrativa y financiera de la IES.

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Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación ha abierto investigación contra Mosquera por presuntas irregularidades en proyecto de inversión para el mejoramiento del sector maderero, financiado con $ 15.500 millones provenientes de regalías.

Con la destitución de Mosquera de parte de Mineducación, inicialmente por un año, con la posibilidad de un segundo, la cartera educativa designó como rectora delegada a Vanessa Sánchez Ruiz, quien escasamente estuvo un mes, tiempo en el cual se encontró con fuerzas internas de la Universidad que bloquearon la actividad académica y los accesos, por lo que tuvo que despachar fuera de la IES y desde allí intentar cambios de directivos. 

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Pero un juzgado de Quibdó, en respuesta a una tutela de Mosquera Valencia, “ordenó de manera inmediata” su reintegro al cargo, el cual se dio inmediatamente.

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No obstante, la orden del despacho no está ejecutoriada, con lo que no sería (aparentemente) legal el regreso de Mosquera al cargo. 

Asimismo, William Felipe Hurtado Quintero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y representante legal del Ministerio de Educación Nacional, solicitó al Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, aclarar su fallo, por considerar que éste no puede ir en contra de la decisión del Ministerio. Para el Ministerio, el Juzgado de Quibdó no tiene competencia territorial para conocer este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque el acto lo expidió una entidad del orden nacional.

Lo último conocido ha sido una carta que la subdirectora de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, Nina María Padrón Ballestas, remitió a los miembros del Consejo Superior Universitario dice que “el Ministerio de Educación Nacional puede conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a representantes legales, rectores o a los miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de educación superior”, como argumento de presión para que el CSU “se abstenga de realizar cualquier acto que vaya en contravía de las decisiones del Ministerio.

Aparecen como miembros del Consejo Superior de la UTCH