Agosto 4/25 Aumentan las denuncias sobre el interés político de funcionarios del alto Gobierno en Unicesar, por el enorme poder financiero y de contratación que logra el rector de esa institución, frente a los recursos del Departamento.
Todo comenzó con las denuncias sobre la intención de la designada del presidente Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, Juliana Guerrero (foto), de incidir en una reforma estatutaria para la posible reelección del rector Rober Romero.
Luego, el rector Rober Romero (foto abajo izquierda) dijo que la reelección sí está permitida, pero lo que dicen los estatutos no lo confirma.
Necesarias precisiones frente a la posible reelección rectoral en la U. Popular del Cesar
Ahora, el Diario El Colombiano, denuncia que funcionarios y cercanos al alto gobierno sí tienen un explícito interés en la próxima rectoría de esa Universidad, para asegurar cuotas de poder.
Concretamente habla del actual jefe de gabinete del presidente Petro (Alfredo Saade) (foto izquierda arriba), del ministro del Interior, Armando Benedetti y del Ministerio de Educación Nacional y su delegado, Xavier Estrada, (foto abajo derecha), cercano al ministro Daniel Rojas Medellín, y congresistas, entre otros.
La historia, que incluye alianzas políticas y encuentros en torno de trago y rumba, la cuenta así El Colombiano:
Parrandas, clanes y helicópteros: la puja entre Saade y cercanos a Petro por el control de la UPC
La Universidad Popular del Cesar es un fortín burocrático y político que se disputan altos funcionarios del Gobierno y congresistas; en vilo hay dos proyectos de infraestructura por más de $280.000 millones.
Causó revuelo hace un par de semanas la revelación de Cambio sobre el uso de un helicóptero de la Policía por parte de Juliana Guerrero, una poderosa funcionaria de 23 años adscrita al Ministerio del Interior, para viajar desde Valledupar hasta Aguachica con el fin de supuestamente modificar los estatutos de la Universidad Popular del Cesar (UPC), que es pública, y con eso permitir la reelección de Rober Romero, actual rector.
Si bien la utilización de una aeronave para esos fines clasificados como una “misión secreta” por el Gobierno podría constituir un hecho irregular e injustificable –la Procuraduría abrió una investigación preliminar–, lo cierto es que la historia va mucho más allá e involucra a otros altos funcionarios del Ejecutivo, clanes políticos y congresistas de la región.
El Colombiano investigó los detalles de la puja por la UPC, un fortín político y burocrático considerado como una “pequeña gobernación”, pues es la entidad más grande en cuanto a presupuesto –aproximadamente $170.000 millones anuales– y planta de personal, después de la Alcaldía de Valledupar y de la Gobernación del Cesar; la UPC, además, está en capacidad de contratar proyectos de infraestructura de miles de millones de pesos.
En elecciones, como las que vienen en 2026, será uno de los escenarios de disputa para conquistar a los más de 17.000 estudiantes matriculados.
La trama por el control de esa universidad incluye parrandas vallenatas entre familiares y amigos íntimos que estarían tomando decisiones sin declarar conflicto de intereses, “fuego amigo” entre aliados del alto Gobierno y congresistas de sectores tradicionales rondando.
El protagonista que no se conocía hasta ahora es Alfredo Saade, el polémico jefe de despacho presidencial que pide públicamente la reelección de Petro, cerrar el Congreso y medios de comunicación.
Lazos estrechos detrás del CSU
Hay dos bandos: el de Saade que busca la reelección del rector Romero, con quien tiene cercanía, y el de Juliana Guerrero, quien es la delegada del presidente desde abril de este año y se opone a la reelección del rector.
La disputa es por la mayoría en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la institución, máximo órgano de dirección y gobierno, que se encarga, entre otras funciones, de la organización académica, administrativa y financiera y, en esta coyuntura, de decidir por votación si el rector puede reelegirse sin tener que renunciar y no como es actualmente que debe hacerlo tres meses antes de las elecciones de marzo de 2026 para poder estar en igual de condiciones que el resto de candidatos.
El CSU está compuesto por 10 integrantes, de los cuales nueve tienen voz y voto. Estos son el delegado del ministro de Educación, una delegada del presidente de la República, la gobernadora del departamento (o su delegado), un representante del sector productivo, un representante de los exrectores, un representante de egresados, un representante de los estudiantes, un representante de las directivas académicas, un representante de los profesores y el rector (sin voto).
De hecho, Rosy Cotes y el representante de los profesores son dos viejos conocidos de la UPC, pues en 2012 compitieron en las elecciones para ser representante estudiantil ante el Consejo. La elegida fue ella y él intentó que se excluyeran unos votos, pero el Tribunal de Garantías Electorales de la universidad se lo negó y confirmó que Cotes fue la vencedora.
Así mismo, una investigación del portal “El periódico Prensa Libre” reveló en diciembre de 2022 que Echavarría, además de ser cercano a Rober Romero, se inscribió como candidato a representante de los profesores como “auxiliar” y no como asistente (así lo estipulan las reglas para postularse) y publicó un comprobante de pagos de la UPC que soportaban esa condición laboral.
Clanes y viejos amigos
Frente a todo lo anterior, fuentes de Presidencia le contaron a este periódico que la presunta interferencia de Alfredo Saade en la elección del rector de la UPC tiene molesto al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han dado apoyo a la delegada Juliana Guerrero y le han asegurado que no la sacarán del cargo ante el Consejo Superior, a menos que no cumpla con las instrucciones del mandatario o renuncie.
“Saade está buscando ‘escampadero’ para el 26 y quiere demostrar que tiene poder, por eso anda metido preguntando y queriendo interferir en la UPC”, dice bajo reserva una fuente del Pacto Histórico en esa región.
El tema ya llegó hasta la Casa de Nariño porque algunos congresistas también tendrían interés en la movida de esa universidad para aceitar la maquinaria electoral. “Ahí la pelea más grande en la región es entre el congresista Apello Cuello y el clan Gnecco”, agrega otra fuente.
De hecho, el rector Romero es reconocido políticamente en el Cesar por haber sido presidente del Directorio Liberal en ese departamento, secretario de Gobierno en la Alcaldía de Valledupar y gerente de la lotería La Vallenata; en este último cargo conoció a William Saade, hermano de Alfredo, quien era el jefe de gabinete de Lucas Gnecco. Tanto Romero como Saade dejaron esos cargos tras serios cuestionamientos.
En 2015, Romero se lanzó a la Alcaldía de la capital, pero se quemó al quedar en quinto lugar. Desde el 17 de julio pasado es miembro de la Junta Directiva del Icetex para el periodo 2025-2027 como representante de Universidades Públicas.
El papel del ministro Daniel Rojas en esta situación ha sido sostener que la instrucción de la cartera de Educación es que sus delegados no aprueben la propuesta de eliminar el requisito de renunciar en caso de reelección y que esa propuesta la hizo el representante estudiantil; al mismo tiempo, mantiene una relación cercana con el rector Rober Romero, el delegado Estrada, con quienes comparte parrandas vallenatas cada vez que va a Valledupar.
El bloque J y la otra sede
Pero la disputa no tiene que ver exclusivamente por la reelección del rector. Hay dos proyectos de infraestructura en ciernes que suman alrededor de $280.000 millones y por los cuales hay interés del sector de Romero.
Primero, la construcción del bloque J de la Sede Sabana-Valledupar de la UPC que costaría $32.569 millones. Actas del CSU de finales de 2023 certifican que se aprobó la construcción de esa obra, pero hasta ahora está empezando el proceso. Hace tan solo dos días, Findeter (entidad financiera de desarrollo territorial) hizo pública la convocatoria por ese valor y el MinEducación publicitó ese y otros proyectos.
Segundo, la sede de la UPC en el municipio La Jagua de Ibirico, proyecto de cuatro hectáreas que el Gobierno Petro y autoridades locales prometieron en 2023 y cuyos avances son mínimos. Según el medio local El Pilón, esa sede se construiría por fases, aunque el valor total sería de $249.000 millones.
Además de los notables retrasos, lo extraño es que el rector Romero le dijo a ese medio en febrero de este año que esperaban conseguir el cierre financiero para construir la primera fase antes de finalizar el mes de marzo, cuyo valor ascendería a los $70.000 millones.
Pero cuando EL COLOMBIANO buscó a Romero hace unos días para preguntarle por este asunto, el funcionario respondió que no iba a dejar contratado ni iba a abrir licitación por ninguno de los dos proyectos de infraestructura, el Bloque J y la nueva sede en La Jagua de Ibirico.
