Sept 22/25 Irregularmente, la Universidad Industrial de Santander UIS argumenta la existencia de una injustificada reserva sobre información de los contratos que firmó la UIS con la candidata a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, antes de su titulación profesional.
La Universidad Industrial de Santander (UIS), una de las instituciones públicas más reconocidas del país, aparece mencionada en las denuncias alrededor de Juliana Guerrero, señalada de haber recibido contratos y honorarios estatales sin contar con título profesional, situación que ya había generado controversia en el caso de la Fundación Universitaria San José.
De acuerdo con una investigación de Revista Semana (ver aquí), Guerrero habría supervisado convenios con la UIS entre 2023 y 2024 (meses antes de su grado como profesional), por lo que no acreditó formación universitaria y, menos aún, tener título profesional, para ejercer una labor de supervisión de contratos interadministrativos de la Universidad con el Ministerio del Interior (a donde luego “aterrizó” Guerrero), con el objeto de “realizar actividades necesarias para la consolidación, construcción e implementación de rutas metodológicas relacionadas con la convivencia y la seguridad ciudadana en el país”.
Ante el derecho de petición elevado por el medio, la universidad respondió que los detalles de los contratos eran “reservados”, alegando que sólo podrían divulgarse con autorización expresa de la contratista o por orden judicial. Sin embargo, juristas y la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) advierten que este argumento no aplica: los contratos estatales son información pública y solo ciertos datos sensibles o técnicos pueden ser objeto de reserva.
El “efecto Guerrero”, promovido desde el propio alto gobierno, inició con la titulación indebida que la Fundación Universitaria San José, hizo de Juliana Guerrero sin que ésta hubiera presentado su examen Saber Pro y ni siquiera estuviera reportada al SNIES (ver más).
Vale recordar que Guerrero también estuvo involucrada en una aparente irregular actuación en el Consejo Superior de la Universidad Popular el Cesar.
La UIS, una de las más beneficiadas en el actual gobierno
A la polémica se suma el hecho de que la UIS ha sido una de las universidades más beneficiadas con los giros del actual Gobierno: según información publicada por este Observatorio, esa institución ha recibido más de 100 mil millones de pesos para infraestructura, ampliación de programas y proyectos estratégicos, incluidos los anuncios de nueva oferta en Soacha y la inauguración del Instituto de Lenguas, evento que contó con la presencia del presidente de la República (ver aquí).
El rector de la UIS se mueve, además, en un escenario político complejo: mantener el equilibrio entre la Gobernación de Santander y la Presidencia de la República, en medio de tensiones entre el gobierno departamental y el nacional por la orientación de los recursos y proyectos de expansión.
El caso de la UIS reabre el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos en la educación superior.
Con sustento en la Constitución, la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015, queda claro que la universidad no puede alegar reserva contractual para negar información sobre los contratos con Juliana Guerrero. Lo público es público, y la opinión académica y ciudadana tiene derecho a conocer cómo se invierten los recursos de todos. La información sobre contratos estatales es pública: cualquier ciudadano puede conocer objeto, valor, contratista, plazo, forma de selección, ejecución y pagos.
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Constitución (art. 74): “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley”.
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Ley 1712/2014, arts. 6 y 9: la información sobre contratos estatales es información pública obligatoria y debe publicarse proactivamente en los portales de contratación (SECOP).
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La información puede ser reservada únicamente si:
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Protege derechos de terceros: datos personales sensibles, secretos industriales o comerciales (art. 18, Ley 1712).
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Compromete la seguridad nacional, orden público o relaciones internacionales (art. 19).
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Está sujeta a reserva legal expresa (ejemplo: historia clínica, investigaciones en curso).
En materia de contratos, lo único que podría reservarse son:
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Cláusulas técnicas confidenciales que constituyan know-how del contratista.
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Datos personales no relevantes (cédulas, teléfonos, domicilios).
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¿Abrirá la UIS, como la San José, una investigación interna, y “cobrará cabezas” por la irregularidad?
