Marzo 9/26 El presidente Petro firmó la Ley 2568, que modifica la 30 de 1992 en cuanto a la asignación de recursos a las IES públicas, tras dos años de debates en el Congreso, y que crea una nueva fórmula con la que el Estado entrega dinero a las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas, buscando solucionar el “desfinanciamiento histórico” que estas alegaban.
Fue sancionada el pasado 19 de febrero, de tal forma que las nuevas solicitudes de recursos y la planeación presupuestaria para el próximo ciclo fiscal ya deben basarse en estos nuevos criterios
No obstante, aunque la ley ya rige, la propia norma da al Ministerio de Educación un plazo de seis (6) meses para reglamentar los mecanismos de asignación y seguimiento de los recursos adicionales y los indicadores específicos (cobertura, permanencia, calidad, cierre de brechas) que las universidades e instituciones deben cumplir para recibir esos fondos. Es decir, a mediados de agosto próximo, con el nuevo gobierno, debería estar ya todo definido.
Estos serían los recursos adicionales que daría la nueva ley a las IES oficiales
El impacto financiero más fuerte se verá reflejado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027.
La entrada en vigencia de la Ley 2568 de 2026 marca el fin del descalce financiero de tres décadas al sustituir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como base para el incremento presupuestal, lo que inyectará entre $200.000 y $400.000 millones de pesos anuales adicionales solo para cubrir el funcionamiento básico. A este flujo se suma un aporte histórico para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITT) equivalente al 0,05% del PIB, representando cerca de $800.000 millones de pesos de “dinero nuevo” que no estaba contemplado en la antigua Ley 30, permitiendo que estas entidades territoriales tengan por fin una base financiera nacional garantizada.
En conjunto, se estima que para su primer año de plena ejecución en 2027, la reforma representará un incremento de entre $1,2 y $1,5 billones de pesos por encima del modelo anterior. Este fortalecimiento no será estacional, ya que la norma establece una hoja de ruta progresiva a 15 años con la meta ambiciosa de duplicar la inversión estatal hasta alcanzar el 1% del PIB. Además, al indexar el 70% del crecimiento real de la economía a la inversión universitaria, se asegura que la calidad y la infraestructura física de las IES oficiales evolucionen al ritmo de la riqueza del país y no queden rezagadas frente a la inflación.
Los principales cambios de la nueva Ley:
1. Cambio en la Base Presupuestal (Lo más importante)
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Antes: Los aportes de la Nación se incrementaban anualmente solo con base en la variación del IPC. Esto no cubría los costos reales de las universidades (que suben más que la inflación, por salarios de docentes con doctorado, investigación, etc.).
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Ahora (Aporte): El presupuesto se incrementará cada año tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Si el ICES llega a ser menor al IPC, se usará el IPC para garantizar que nunca pierdan poder adquisitivo.
2. Inclusión de Instituciones Técnicas y Tecnológicas (ITT)
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Antes: Muchas instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias territoriales no tenían una transferencia garantizada de la Nación en su base presupuestal.
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Ahora (Aporte): Se crea el Artículo 86a, que obliga a la Nación a girar recursos a estas instituciones. El monto será equivalente al 0.05% del PIB, con una meta progresiva de llegar al 0.07%. Esto les da más recursos a instituciones que antes dependían casi solo de alcaldías o gobernaciones.
3. Recursos adicionales por Crecimiento del PIB
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Antes (Art. 87): El Gobierno debía incrementar aportes si el PIB crecía más del 5%, pero era una meta difícil de cumplir con regularidad.
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Ahora (Cambio): El Gobierno incrementará sus aportes anualmente en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del PIB. Si el PIB es negativo, se toma el último año positivo como base.
4. Meta de Inversión a Largo Plazo
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Aporte: La ley establece una meta ambiciosa: las transferencias para educación superior pública deben crecer progresivamente hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
5. Sostenibilidad de Sedes Regionales
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Cambio: Antes, abrir una sede en un municipio apartado dependía de recursos temporales. Ahora, la ley exige que los recursos para nuevas seccionales o sedes hagan parte de la base presupuestal permanente, siempre que se mantengan en operación, para evitar que las sedes regionales cierren por falta de fondos.
6. Control Social y Veedurías
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Aporte: Se autoriza formalmente a las comunidades educativas (estudiantes y profesores) para constituir veedurías ciudadanas sobre el uso de estos recursos, con apoyo técnico del Ministerio del Interior y seguimiento de la Contraloría General.
El siguiente es el texto de la Ley 2568 de 2026
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar parcialmente el Capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992, con relación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de1992, para financiar los presupuestos de las universidades estatales u oficiales, adscritas o vinculadas administrativa o presupuestalmente al sector educación, así como adicionar disposiciones en lo referido al financiamiento de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, estatales u oficiales, incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial.
Artículo 2°. Presupuesto de las universidades estatales u oficiales. Modifíquese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará, así:
Artículo 86. Los presupuestos de las universidades estatales u oficiales de orden nacional, departamental, distrital y municipal estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión; por los aportes recibidos de los entes territoriales para funcionamiento e inversión; y por los recursos y rentas propias de cada universidad estatal u oficial, en el marco de su autonomía. Los aportes del Presupuesto General de la Nación y los aportes de las entidades territoriales asignados anualmente a las universidades estatales u oficiales se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad. Dichos aportes deberán incrementarse cada año en un porcentaje, corno mínimo, equivalente al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades estatales u oficiales, calculado por el DANE, indicador que incluye la variación de gastos salariales.
Para garantizar la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes o lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, se dispondrán recursos adicionales provenientes de los aportes del Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, los cuales harán parte de la base presupuestal de las universidades oficiales o estatales, siempre que dichas seccionales, sedes o lugares de desarrollo permanezcan en operación.
Parágrafo 1°. En los casos en que el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades estatales u oficiales sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se ajustará con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Parágrafo 2°. Desde el Presupuesto General de la Nación se dispondrán recursos adicionales a las universidades estatales u oficiales que se distribuirán conforme los siguientes criterios:
1. Aumentar progresivamente el acceso, la permanencia y la graduación de las y los estudiantes de pregrado.
2. Cierre de brechas territoriales y sociales como factor transversal -para la distribución de recursos. En ningún caso esta disposición significará una disminución de la base presupuestal existente para las universidades estatales u oficiales a la entrada en vigencia de la presente ley.
3. Financiar programas estratégicos de mejoramiento de la calidad educativa, la investigación, la innovación y la infraestructura física y tecnológica de dichas instituciones.
4. Financiar las variaciones del régimen salarial y prestacional docente, así como otros factores que inciden en el costo salarial, implementación, de programas de formalización laboral y el fortalecimiento de las plantas docentes y administrativas.
Para este propósito el Ministerio de Educación Nacional establecerá mecanismos con criterios verificables corno el aumento de cobertura, la permanencia y el mejoramiento de la calidad.
Estos recursos harán parte de la base presupuestal y estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal. Su asignación y seguimiento será reglamentada por el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional en un plazo no superior a los seis (6) meses posteriores a la promulgación de la presente ley, incorporando mecanismos para el uso eficiente y transparente de los recursos. Dicha reglamentación incorporará indicadores orientados al cierre de brechas, regionalización, bienestar, cobertura, internacionalización, transformación digital, pertinencia y otros que respondan a los ejes misionales de las universidades estatales u oficiales y el mejoramiento de la calidad.
Adicionalmente, la transferencia de los recursos estarán sujetos al cumplimiento de planes indicativos, evaluados con indicadores de retención y graduación estudiantil, participación, en programas de formación docente, proyectos de investigación y publicaciones, movilidad estudiantil y docente, bienestar estudiantil, acceso y uso de infraestructura académica y tecnológica, procesos de mejoramiento y transformación con base en las nuevas tecnologías de la información: y ejecución en proyectos estratégicos.
Todo lo anterior se desarrollará respetando en todo momento la autonomía universitaria, en el marco de la Constitución y la ley, de tal manera que los planes indicativos y los indicadores definidos fortalezcan la calidad educativa y la misión institucional sin menoscabar la libertad académica, administrativa y de autogobierno de las universidades estatales y oficiales.
Parágrafo 3°. En todo caso, la nación y las entidades territoriales podrán realizar transferencias adicionales de recursos que se destinen para gastos no recurrentes, infraestructura o planes de fortalecimiento de la calidad. Estas transferencias no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales.
Parágrafo 4°. En el marco de la autonomía de la que gozan las universidades estatales y oficiales, estas propenderán por implementar procesos participativos en la elaboración anual del presupuesto, donde su comunidad académica pueda proponer proyectos de inversión y de bienestar.
Artículo 3°. Presupuesto de las Instituciones Técnicos Profesionales, instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas estatales u oficiales. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 30 de 1992, el cual quedará, así:
Artículo 86 a. Con el fin de constituir la base presupuestal de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial, cuya norma de creación no vincula a la nación en su esquema de financiación, la nación incorporará recursos del Presupuesto General de la Nación equivalentes como mínimo al 0,05% del Producto Interno Bruto calculado por el DANE para el año anterior a la entrada en vigencia de esta ley, alcanzando progresivamente el 0,07% del Producto Interno Bruto de acuerdo con los recursos establecidos en el parágrafo 2° del presente artículo. La forma de distribución de estos recursos será calculada por el Ministerio de Educación Nacional contemplando criterios de equidad territorial cierre de brechas, fortalecimiento institucional y mejoramiento de la calidad.
Estos recursos y los que hagan las entidades territoriales se incrementarán cada año como mínimo con la variación del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) para las instituciones de educación superior estatales u oficiales calculado por el DANE, indicador que incluye la variación de gastos salariales.
La distribución de estos recursos será parte de la base presupuestal de todas las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial cuya norma de creación no vincula a la nación en su esquema de financiación.
Para garantizar la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes o lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, se dispondrán recursos adicionales, provenientes de los aportes del Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, los cuales harán parte de la base presupuestal de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias y escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial cuya norma de creación no vincula a la nación en su esquema de financiación, siempre que dichas seccionales, sedes o lugares de desarrollo permanezcan en operación.
Parágrafo 1°. En los casos en que el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las instituciones de educación superior estatales u oficiales sea inferior a la variación Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se ajustará con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Parágrafo 2°. Desde el Presupuesto General de la Nación se dispondrán recursos adicionales a las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas estatales u oficiales que se distribuirán conforme los siguientes criterios:
1. Aumentar progresivamente el acceso, la permanencia y la graduación de las y los estudiantes de pregrado.
2. Cierre de brechas territoriales y sociales como factor transversal para la distribución de recursos. En ningún caso esta disposición significará una disminución de la base presupuestal existente para las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas estatales u oficiales a la entrada en vigencia de la presente ley.
3. Financiar programas estratégicos de mejoramiento de la calidad educativa, la investigación, la innovación y la infraestructura física y tecnológica de dichas instituciones.
4. Financiar las variaciones del régimen salarial y prestacional docente, así como otros factores que inciden en el costo salarial, implementación de programas de formalización laboral y el fortalecimiento de las plantas docentes y administrativas.
Para este propósito el Ministerio de Educación Nacional establecerá mecanismos con criterios verificables como el aumento de cobertura, la permanencia y el mejoramiento de la calidad.
Estos recursos harán parte de la base presupuestal y estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal. Su asignación y seguimiento será reglamentada por el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional en un plazo no superior a los seis (6) meses posteriores a la promulgación de la presente ley, incorporando mecanismos para el uso eficiente y transparente de los recursos.
Dicha reglamentación incorporará indicadores orientados al cierre de brechas, regionalización, bienestar, cobertura, internacionalización, transformación digital, pertinencia y otros que respondan a los ejes misionales de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas estatales u oficiales y el mejoramiento de la calidad.
De igual manera, los recursos estarán sujetos al cumplimiento de planes indicativos, evaluados con indicadores de retención y graduación, proyectos de investigación y publicaciones, movilidad académica, bienestar estudiantil, acceso y uso de infraestructura tecnológica, procesos de mejoramiento y transformación con base en las nuevas tecnologías de la información, y ejecución en proyectos estratégicos.
Todo lo anterior se desarrollará respetando la autonomía universitaria establecida en la Constitución y la ley.
Parágrafo 3°. En todo caso, la nación y las entidades territoriales podrán realizar transferencias adicionales que se destinen para gastos no recurrentes, infraestructura o planes de fortalecimiento de la calidad. Estas transferencias no harán parte de la base presupuestal de las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias y escuelas tecnológicas estatales u oficiales.
Parágrafo 4°. En el marco de la autonomía de la que gozan las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas estatales y oficiales, estas propenderán por implementar procesos participativos en la elaboración anual del presupuesto, donde su comunidad académica pueda proponer proyectos de inversión y bienestar.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará, así:
Artículo 87. El Gobierno nacional incrementará anualmente sus aportes para las universidades estatales u oficiales, de orden nacional, departamental, distrital y municipal, en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales.
Parágrafo 1°. En el caso de que la tasa real de crecimiento anual del Producto Interno Bruto real sea negativa, los aportes por este concepto para las universidades estatales u oficiales se calcularán tomando como base la tasa real de crecimiento anual del Producto Interno Bruto correspondiente al último año con variación positiva.
Parágrafo 2°. La metodología de distribución de los recursos de los que trata el presente artículo será definida por el Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta criterios de equidad relacionados con las actividades misionales y el mejoramiento de la calidad, priorizando el cierre de brechas entre las universidades estatales u oficiales.
Parágrafo 3°. Cuando la tasa de crecimiento del PIB sea superior al doble de lo registrado en la vigencia anterior, el incremento anual de que trata este artículo será del 30%.
Artículo 5º. Crecimiento progresivo de los recursos a las instituciones de educación superior estatales u oficiales. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 30 de 1992, el cual quedará, así:
Artículo 87 a. Las transferencias para funcionamiento e inversión, así como los demás recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales propenderán por un crecimiento progresivo hasta alcanzar como mínimo el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto.
Artículo 6º: Control social a los recursos de las instituciones de educación superior estatales u oficiales. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 30 de 1992, el cual quedará, así:
Artículo 87 b. Las comunidades educativas de las instituciones de educación superior estatales u oficiales podrán constituir veedurías ciudadanas, atendiendo a lo reglamentado en la Constitución Política y en la Ley 850 de 2003 o la que haga sus veces. El Ministerio del Interior prestará asesoría técnica a las comunidades educativas que autónomamente decidan ejercer el control social.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República en el marco de lo establecido en el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020, que reglamenta la función para el seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo, acompañará a las veedurías ciudadanas que se constituyan en la instituciones de educación superior estatales u oficiales, propendiendo por una correcta y fluida articulación con el control social.
Parágrafo. La conformación de las veedurías no sustituye el ejercicio de control interno en las instituciones de educación superior estatales u oficiales, ni las de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.
La Contraloría General de la República publicará anualmente en un portal de acceso público los informes consolidados de seguimiento y control social de las instituciones de educación superior estatales u oficiales.
Artículo 7°. Con el propósito de garantizar el cierre de brechas en la asignación de recursos a las instituciones de educación superior estatales u oficiales, el Gobierno nacional asignará recursos adicionales bajo un esquema de distribución progresivo en los siguientes quince (15) años de entrada en vigencia de la presente ley, orientados a mejorar las condiciones presupuestales para la oferta, el acceso, la permanencia, la regionalización y la calidad entre instituciones, dicha asignación se definirá a partir de criterios que harán parte de la reglamentación definida en el parágrafo 2 del artículo 2° y en el parágrafo 2° del artículo 3° de la presente ley a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 8°. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay.
El Secretario General del Honorable Senado de la República, Diego Alejandro González González.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Julián David López Tenorio.
El Secretario de la Honorable Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacoutore Peñaloza
Publíquese y cúmplase.
Dada, a 19 de febrero de 2026.
Presidente Gustavo Petro Urrego
El Ministro de Hacienda y crédito Público, Germán Ávila Plazas
El Ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín
