Marzo/26 La absoluta falta de reacción, crítica, reconocimiento de culpabilidad o posible exoneración de IES inocentes, ante las denuncias del ministro de Educación sobre graduaciones sin prueba Saber Pro, cuestionan la integridad ética del sector y del sistema de educación superior. Todos parecen taparse con una misma cobija de mediocridad.
Es increíble que, transcurrida una semana, nadie del sector haya dicho una sola palabra de las denuncias del ministro de Educación, Daniel Rojas, relacionadas con el resultado de una auditoría realizada, con datos de 2019 a 2024, que arrojó que 269 IES (de 275 que reportaron egresados, ! el 97,8 % !) titularon a 83,995 profesionales sin que estos hubieran cumplido con el requisito legal de haber presentado los exámenes de Estado Saber TyT o Saber Pro.
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La sola noticia de por sí es un escándalo, pero lo es más que pasen los días y no se escuche ni una sola reacción rectoral, ni de las asociaciones de IES y ni siquiera de esos columnistas que están a la caza de cualquier papayazo del gobierno para criticarlo, o de los y las políticas que han estado detrás de este tema luego que la graduación sin la prueba Saber de Juliana Guerrero y otros creara un escándalo para la Fundación San José.
Es como si la revelación del Ministerio no fuera sorpresiva para ninguna IES, y que dicha práctica, ilegal, fuera ya común y conocida por todos.
Rojas (que es ministro de Educación y, de paso, economista) dijo, absurda y procazmente, que esos datos representan una cifra “estadísticamente no significativa”, con respecto a los 2.4 millones de graduados (es decir, un poco más del 3 %). Las seis IES que se salvaron y que no han realizado esta ilegal práctica, son de creación reciente y en el periodo evaluado solo graduaron, en total, 161 personas.
¿Estamos frente a un “concierto para delinquir”, patrocinado por el silencio, el descontrol del ICFES, la inoperancia de Inspección y Vigilancia y la alcahuetería de un Ministerio que si bien reconoce públicamente el fallo del sector para permitir esta situación, se queda en una inoperante invitación a realizar una mesa de trabajo con las IES e impulsar un pacto por la calidad a través de una reforma, en momentos en que se sabe que políticamente nada de eso le va a funcionar a un gobierno de salida?. Además, se queda corto el Ministerio al no anunciar las respectivas demandas y juicios de responsabilidades que, por Ley, le obligan a hacerlo.
Es un escándalo que parece golpear a todos, por lo que el silencio es el mejor cómplice. Paradójicamente hay dos beneficiados parcialmente : La Fundación San José y el propio Ministerio, que se quitó de encima la presión de sus críticos políticos que han estado detrás de este tema luego que la graduación sin la prueba Saber de Juliana Guerrero en esa IES, encendiera las alerta sobre lo que allí pasaba. Tras la denuncia y la “aceptación” de que es algo “común”, se apagaron las luces mediáticas sobre la San José. “Mejor que no investiguen más -parece ser el mensaje en el sector- para que el agua sucia no nos toque”, dirán todos, incluidas -además de las IES-, las asociaciones de IES y hasta muchos de esos columnistas, que tienen vínculos con el sector, y que están a la caza de cualquier papayazo del gobierno para criticarlo.
Si se reconfirma la denuncia del ministro, significa que olímpicamente las IES se han saltado la ley, aprovechando la pobreza de los mecanismos de control y mal interpretando su autonomía universitaria. Con o sin conocimiento de sus rectores, lo cierto es que sus secretarías generales y departamentos de registro y control han violado la ley. En promedio, semestralmente en cada una de las 269 IES denunciadas, se graduaron a 31 de sus estudiantes sin el lleno de los requisitos. Aquí no se salva ninguna, ni las privadas tradicionales, como la Javeriana y Los Andes; ni las públicas más grandes, como Nacional y Antioquia; ni las de cobertura, como Uniminuto y Area Andina; y ni las virtuales, las empresariales, las regionales, las militares o pequeñas, entre otras.
La realidad confirma una sospecha que viene de tiempo atrás. Los resultados Saber, TyT y Pro, son un saludo a la bandera. No sirven para nada. Hace años, y muchos, que el ICFES pasó a estar en la segunda página del sector y a nadie parece importarte, y nunca se ha dado un serio debate y análisis del por qué y para qué de las pruebas.
Si no es cierta la denuncia del Ministerio, las IES “inocentes” deben demandar la reivindicación de su nombre. Si no tienen rabo de paja, tienen la obligación de que el manto de duda sobre sus propios egresados no les caiga a ellas y no sean vistas como cómplices de un delito sectorial de vergüenza y mediocridad.
Y si los hechos presentados por el Ministerio se reconfirman, estamos ante un sistema de educación superior nada confiable. Que los educadores del país, garantes de la institucionalidad y la formación en valores, estén violando flagrantemente la ley, y no pase nada, es un golpe mortal a la confianza de una nación en su educación superior que, siempre habladora de formación en valores, integral y respeto a la institucionalidad, quiere dar ejemplo al resto de la sociedad.
Si el silencio se mantiene y simplemente no pasa nada, como sector se estaría permitiendo (cual estilo de convertir a sicarios y criminales en gestores de paz) que miles de profesionales estén ejerciendo laboralmente sin que su título sea legalmente válido, pues el incumplimiento de la Ley 1324 de 2009 debe generar procesos de nulidad de los títulos, con una innegable afectación, por ejemplo, en el sector estatal; que se agrave la crisis de credibilidad de la titulación universitaria; que los promedios institucionales Saber Pro estén desvirtuados, así como la evaluación de los “progresos” de las IES en la materia frente a los procesos de acreditación; que la inspección y vigilancia quede como un chiste, y un daño en la reputación internacional de un sector que vive buscando convalidación de títulos en el extranjero, entre otros aspectos, todos igual de graves.
Pero que podemos esperar, si es la sal la que se corrompe…
