Mayo 21/26 Cada día aumenta la preocupación mundial sobre la necesidad de que académicos y científicos (por efectos de coherencia con su compromiso social y también de visibilidad) tengan una presencia más activa en temas públicos, pese a las barreras culturales, administrativas y laborales que ponen las universidades.
La nueva dinámica de la educación superior global, la tecnología, las redes sociales y el obligatorio “accountability” (o rendición de cuentas) están haciendo girar a la universidad de procesos formativos, encuestas de evaluación e indicadores a impactos reales.
Porque cuando los académicos no se involucran con el público (y se mantienen encerrados en sus laboratorios y aulas), la sociedad sale perdiendo. En una era marcada por la desinformación, el escepticismo hacia la ciencia y desafíos globales complejos (como el cambio climático o crisis de salud), la presencia de expertos en el debate público es crucial.
El tema está comenzando a cobrar importancia y recientemente la analista Juliette Rowsell publicó en Times Higher Education (THE), el artículo “Public engagement should be ‘protected in academic contracts” (“La vinculación con el público o participación pública y cívica debería estar protegida en los contratos académicos”), en donde plantea los desafíos de este nuevo rol, que genera una tensión entre lo que pide la sociedad y la universidad a su personal académico, y las posibilidades reales e institucionales de los mismos.
Esto porque a pesar de que los gobiernos y las agencias financiadoras exigen cada vez más que las investigaciones universitarias demuestren un impacto social real y directo, las condiciones laborales actuales dentro de las universidades están asfixiando la capacidad de los académicos para cumplir con este objetivo.
.
Las dificultades que afrontan los académicos
El reporte destaca que los académicos se enfrentan esencialmente con tres obstáculos estructurales que les impiden salir de los laboratorios o las aulas para interactuar con la sociedad, los medios de comunicación y las comunidades locales.
1) Precarización y trabajo temporal: Un porcentaje muy alto de investigadores trabaja bajo contratos de corta duración o temporales. Esta inestabilidad laboral los obliga a priorizar la producción rápida de artículos indexados para asegurar su próximo empleo, dejando de lado la divulgación cívica, que requiere más tiempo y no siempre se traduce en estabilidad laboral.
2) La falta de tiempo contratado para investigar: La carga administrativa y la intensificación de las horas de docencia han “exprimido” el tiempo libre de los académicos. La vinculación pública a menudo se percibe como un “extra” voluntario que se realiza fuera del horario laboral, en lugar de una parte central de su jornada.
3) Falta de apoyo y reconocimiento institucional: Muchas universidades promueven discursivamente la importancia de conectar con la sociedad, pero sus sistemas de evaluación interna e incentivos económicos siguen premiando de forma casi exclusiva la obtención de grandes fondos de investigación y la publicación en revistas científicas de élite.
A esto podría sumarse el que, culturalmente, en muchas universidades los académicos son puestos en segundo plano frente a los directivos y administrativos, y la vocería pública y de temas de interés general queda en manos de unos pocos, cuando no del rector.
.
Alternativas
Se requieren reformas contractuales.
Se propone que el public engagement esté explícitamente estipulado y protegido dentro de los contratos de trabajo académicos. Esto implicaría:
-
Asignación formal de horas: Que los contratos detallen un porcentaje específico del tiempo laboral pagado para actividades de impacto público.
-
Métricas de promoción justas: Que las actividades de divulgación, asesoría a políticas públicas y talleres comunitarios tengan un peso vinculante y real a la hora de decidir ascensos, permanencia (tenure) y aumentos salariales.
La sociedad necesita más a los académicos
Porque gracias a ellos es posible:
-
Traducir el conocimiento complejo en soluciones del mundo real.
-
Construir y restaurar la confianza pública hacia las instituciones educativas y la ciencia.
-
Rendir cuentas sobre cómo se invierten los fondos públicos destinados a la investigación.
Nota: Foto recreada con IA para efectos de contexto informativo.
