Mayo 27/26 Con personería jurídica existe una “Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior – Red Summa” que contrata con el gobierno, se ampara en la autonomía universitaria y no registra ninguna IES.
El año pasado se informó y la opinión pública poca atención le dio a cómo agrupaciones jurídicas usando nombres relacionados con IES públicas se estaban prestando para suscribir convenios con el Gobierno y tener problemas de ejecución de los contratos. Ahora, a días de elecciones, una denuncia de La Silla Vacía, amplía los detalles.
La situación en 2025 se documentó en: Las entidades que contratan con el gobierno a nombre de IES públicas, y que el sector poco conocen
La “evolución” de esta situación
La denuncia de La Silla Vacía, titulada “Gobierno Petro ejecuta medio billón de pesos con “contrataderos” en vísperas electorales”, señala que estas entidades, que operan bajo figuras como “entidades públicas descentralizadas indirectas” y suelen adoptar nombres que confunden con redes universitarias (como la Red SUMMA, o Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior), funcionan como intermediarios del Gobierno Nacional para evadir licitaciones públicas. Dicen actuar con base en la autonomía universitaria de la Ley 30 de 1992.
La práctica consiste en la firma masiva de convenios interadministrativos (Ley 1150 de 2007) —que facilitan la contratación directa entre entidades estatales— bajo la premisa de ejecutar proyectos educativos o de infraestructura, cuando en realidad, estas organizaciones carecerían de la capacidad técnica para realizar las obras por sí mismas y actúan principalmente como vehículos de tercerización.
En la práctica, la Red SUMMA no opera como una IES sino como una gestora de proyectos de infraestructura y servicios. Es decir, es un banco de ejecución de proyectos disfrazado de red académica, que ha venido aumentando significativa sus ingresos, aunque con alto riesgo de insolvencia operativa, por su alto número de cuentas por pagar y avances de anticipos.
No obstante, esta figura administrativa ha sido aprovechada por estructuras denominadas “contrataderos”, entidades descentralizadas indirectas que carecen de capacidad técnica propia pero poseen personería jurídica para contratar directamente con el Estado, omitiendo la licitación pública (Colombia Compra Eficiente).
La novedad y gravedad expuesta es que, un año después de las primeras alertas, el modelo no solo persiste, sino que se ha intensificado en 2026: el Gobierno sigue entregando billones de pesos a estas estructuras, mientras el avance físico de las obras es mínimo o inexistente, lo que sugiere que estos convenios están siendo utilizados para gestionar recursos con fines de clientelismo electoral, burlando los controles de transparencia y aprovechando la falta de supervisión real sobre la ejecución de los anticipos.
Según la propia Redsumma “llamar “contrataderos” a estos procesos desinforma y debilita la confianza en la gestión pública”.
Así, para estas fechas, 2026, el dinero ha sido comprometido contractualmente, pero los entes de control reportan un estancamiento en la entrega de obras finales. La auditoría se está volcando a verificar si los contratistas finales (terceros) realmente están cumpliendo con los objetos contractuales.
IES comprometidas: Si bien las IES públicas legítimas se han desmarcado, se han detectado casos donde entidades técnicas o tecnológicas de menor calado (sin acreditación de alta calidad) han prestado sus personerías jurídicas para “blindar” estos convenios, facilitando la intermediación.
Es así como mientras la entidad identificada como Red SUMMA, dirigida por Catalina Jaramillo Martínez, pero sin identificación pública de cuáles son las IES que continúan gestionando recursos mediante contratación directa bajo esta figura jurídica, la Procuraduría General de la Nación ha intensificado en los últimos meses sus advertencias sobre inconsistencias financieras y el alto riesgo de pérdida de billones de pesos destinados a infraestructura, los cuales, según las denuncias, no presentan avances físicos proporcionales a los desembolsos realizados.
En marzo y mayo de 2026, el Ministerio Público ha emitido boletines alertando sobre inconsistencias en convenios para obras de alcantarillado e infraestructura, advirtiendo que hay más de 54 mil millones de pesos en riesgo en casos específicos.
Nota: La Red Summa aquí referenciada es diferente de RED SUMMA Education, que integra IES privadas de varios países, entre ellas la Corporación Universitaria de Asturias de Colombia.
