Agosto 19/26 En el interés de promover y defender la educación indígena, el anterior Ministerio de Educación prometió 9 universidades nuevas para estas comunidades (solo una tiene personería), pero no se sabe cuánto van a costar.
Esta es otra de las revelaciones que hace el gobierno de Abelardo de La Espriella en el llamado “Libro de la Verdad” sobre lo que encuentra de la gestión del gobierno Petro.
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El siguiente es el reporte del nuevo gobierno sobre este caso (numerado como el 51):
Seis días antes del cambio de gobierno se reglamentó una nueva estructura presupuestal, administrativa y laboral para el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), sin que quedara cuantificado el costo total de su implementación.
La educación propia de los pueblos indígenas constituye un derecho respaldado por la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Desde la Sentencia C-208 de 2007, la Corte ha reconocido que las comunidades indígenas tienen derecho a una educación especial que responda a su identidad, cultura, lengua y formas de vida, y que las decisiones relacionadas con ese sistema deben desarrollarse con su participación.
Los Decretos 0932, 0933 y 0934 establecieron la estructura financiera del SEIP, su implementación territorial y el régimen especial de sus dinamizadores. El Decreto 0932 creó una sección presupuestal con autonomía administrativa y personería jurídica y previó que los territorios indígenas puedan convertirse progresivamente en unidades ejecutoras.
Aunque las normas ordenan una implementación gradual, contemplan estudios de costos y obligan al Estado a financiar integralmente la transición, no hacen visible una cifra consolidada de cuánto costará, cuánto demandarán las nuevas estructuras territoriales y de personal ni cuál será el impacto fiscal agregado para el sector.
La expedición de esta reglamentación al cierre del Gobierno trasladó a la nueva administración el reto de convertir el diseño normativo en una operación financiera y territorial sostenible. Sin una cuantificación consolidada y visible de los costos, una programación plurianual suficientemente definida y una ruta concreta para asumir progresivamente las nuevas estructuras y obligaciones, el riesgo no recae únicamente sobre las finanzas públicas: una implementación insuficientemente financiada puede terminar afectando precisamente a las comunidades cuyo derecho se busca garantizar.
