Agosto/26 Este es el primer balance oficial que da la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, en el “Libro de la Verdad”, difundido por el Gobierno de De La Espriella.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se recibe en parálisis estructural. La ejecución de caja del Sistema General de Regalías para ciencia está por debajo del 7% histórico, con cerca de $4 billones englobados sin impactos claros para el país ni para las regiones. El caso más elocuente: de los $3,8 billones en regalías de ciencia, tecnología e innovación del bienio 20252026, recursos que pertenecen a los territorios, se radicaron 407 proyectos en lo corrido de 2026 y se aprobó exactamente uno, que además tiene señalamientos de la Procuraduría.
Ese único proyecto es la Convocatoria 46, “Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial”, por $630.000 millones. Una inspección sorpresa adelantado por la Procuraduría identificó hallazgos sobre la estructuración del proceso; una ventana de formulación inusualmente breve para un proyecto de esa complejidad, obstáculos que limitaron la participación de universidades como proponentes, una celeridad atípica en las acreditaciones de los centros de innovación y posibles fallas en la evaluación de las propuestas. Corresponde al organismo de control pronunciarse sobre el alcance de esos hallazgos.
Ese embudo tiene causas identificadas por el propio empalme y no son un accidente reciente. El bienio anterior cerró en ceros porque once convocatorias quedaron en limbo jurídico tras un concepto del DNP, con más de un centenar de proyectos elegibles sin aprobar. Los proponentes deben surtir una doble tramitología de formatos (del Ministerio y la MGA del DNP) que duplica tiempos y errores. Y la secretaría técnica del OCAD rotó de responsable nueve veces en el cuatrienio, desmantelando la memoria institucional del proceso. A esto se suma un hallazgo del empalme en verificación: un pasivo por honorarios no pagados a los pares evaluadores externos, que redujo el banco de expertos disponible para evaluar los proyectos que sí estaban listos.
La misma lógica de recursos disponibles y decisiones que no llegan se repite en otros dos frentes. Los $109.000 millones del Fondo de Investigación en Salud, financiados por la ley con el monopolio de juegos de suerte y azar y destinados exclusivamente a investigar las enfermedades de los colombianos en cinco frentes: ciencias médicas, salud pública y promoción de la salud en las regiones; soberanía sanitaria y medicamentos, mediante el impulso a la producción nacional de medicamentos esenciales; fortalecimiento institucional a institutos públicos de investigación, centros de desarrollo tecnológico y universidades públicas; talento humano, con estancias de investigación para jóvenes profesionales y estudiantes del sector salud; e innovación regional, mediante la descentralización de recursos hacia municipios y departamentos vulnerables. A junio, estos recursos llevaban seis meses congelados en 0% de ejecución, mientras dos despachos (Ciencia y Salud) no lograban ponerse de acuerdo sobre su manejo.
El segundo frente es el presupuesto que el propio Gobierno saliente radicó para 2027 le asigna a MinCiencias $0 en inversión, frente a los $555.349 millones que la entidad había solicitado: sería la cartera con menor presupuesto de todo el Gobierno Nacional, sin recursos propios para convocatorias, becas o proyectos de ciencia el próximo año.
Solo para poner un ejemplo: proyectos contratados en ejecución a los cuales MinCiencias actualmente le hace seguimiento tienen un valor de $325.216 millones, con una población a impactar de 8,8 millones habitantes.
El costo de esta parálisis no es abstracto. Universidades, gobernaciones y comunidades científicas de las regiones que formularon proyectos con la expectativa de financiación quedan en el limbo mientras corre el reloj legal del cierre del bienio. Investigadores, becarios de doctorado y proyectos de salud pública que hoy dependen de recursos públicos de ciencia verían suspendida su continuidad. La plata existe y los proyectos también: lo que falló fue el engranaje del Estado para juntarlos a tiempo, y ese fracaso administrativo tiene el mismo efecto sobre el ciudadano que si la plata nunca hubiera existido.
El reto de este Gobierno es destrabar lo que la institucionalidad dejó estancado: simplificar procesos, estabilizar la secretaría técnica del OCAD-FCTeI, saldar la deuda con los pares evaluadores para recuperar la capacidad de evaluar proyectos, y defender ante el Congreso que la ciencia colombiana no puede empezar el 2027 con cero pesos de inversión. Vamos a demostrar que sí es posible convertir las regalías de ciencia en proyectos ejecutados y no en expedientes que vencen. Ninguno de estos frentes admite espera: cada mes que pasa sin resolverlos es un mes más de investigadores, universidades y empresas de base tecnológica esperando una respuesta del Estado que no llega.
