Agosto/26 Este es el primer balance oficial que da la nueva ministra de Educación, Viviane Aleyda Morales Hoyos, sobre su sector, en el “Libro de la Verdad”, difundido por el Gobierno de De La Espriella.
Al mismo tiempo que se cerraba la puerta del crédito educativo a miles de jóvenes, se firmaban compromisos que atan el presupuesto de la educación hasta 2036.
Cómo se administró la educación en los últimos cuatro años. La primera fue restringir el acceso al crédito educativo en el presente. La segunda, comprometer recursos por más de una década justo antes de entregar el cargo.
El gobierno saliente aumentó recursos y amplió programas, pero dejó brechas de acceso, permanencia y calidad mientras comprometía una parte significativa del presupuesto educativo hasta 2036.
Durante el empalme se puso en conocimiento de la Contraloría que el Ministerio de Educación adelantaba actuaciones para comprometer recursos por cerca de $7 billones antes de finalizar el periodo relacionadas con el patrimonio autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), bajo un esquema distinto al existente y sin proceso competitivo de selección, actuación que actualmente se encuentra suspendida como resultado del reporte realizado.
Dentro de este panorama merece especial atención un proceso diferente: la contratación estructurada para la implementación del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI 3.0), por un valor estimado de $1,69 billones, distribuido en cinco lotes y con compromisos que se proyectan durante 10,5 vigencias, hasta 2036. No se trata, por tanto, de un contrato ordinario de corto plazo: es una decisión que compromete recursos de educación durante más de una década para una estrategia que involucra a más de 1,16 millones de estudiantes, 110.371 docentes y 9.668 directivos docentes. La preocupación no está en la finalidad educativa del programa, sino en la magnitud y duración del compromiso fiscal y en las incertidumbres técnicas, financieras y operativas advertidas durante su estructuración. Comprometer presupuesto educativo hasta 2036 exige demostrar, con especial rigor, su sostenibilidad financiera, necesidad, conveniencia y mecanismos de seguimiento.
El 31 de julio de 2026, seis días antes del cambio de gobierno, se expidieron además los Decretos 0932, 0933 y 0934, mediante los cuales el Gobierno reglamentó aspectos estructurales para la puesta en funcionamiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP): su organización y administración financiera, su implementación territorial y el régimen aplicable a los dinamizadores educativos indígenas. En particular, el Decreto 0932 creó el componente financiero del SEIP como una sección del Presupuesto General de la Nación, con autonomía administrativa y personería jurídica. La preocupación no está en la existencia del SEIP ni en el derecho de los pueblos indígenas a una educación propia, que tiene respaldo constitucional, sino en que una transformación institucional y presupuestal de esta dimensión fue reglamentada al cierre del Gobierno sin hacer visibles el costo fiscal de la transición, el cronograma de implementación ni los mecanismos de seguimiento y control. Un derecho constitucional de estaimportancia exige garantías para su implementación, pero también planeación fiscal, claridad institucional y sostenibilidad.
El derecho de los pueblos indígenas a una educación propia tiene pleno respaldo constitucional. La alerta no está en el derecho ni en la existencia del SEIP, sino en haber expedido, al cierre del Gobierno, una reglamentación fiscal, administrativa y laboral de esta magnitud sin dejar plenamente cuantificados los costos concretos de su implementación y trasladando a la nueva administración decisiones determinantes sobre su financiación y puesta en operación.
Nada de esto es abstracto para las familias. El Programa de Alimentación Escolar debe atender a más de 6,2 millones de estudiantes en 2026, y el empalme identificó a más de 860.000 en riesgo por retrasos contractuales al inicio del calendario. En 2025 se reportaron 17 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos asociados al programa. En primera infancia, 42.805 niñas y niños identificados no tienen matrícula verificada. Y el sector carga vigencias futuras comprometidas por $1,95 billones y 152 plataformas tecnológicas sin modernización integral, lo que impide medir con información confiable de lo que se está haciendo.
A este panorama se suma una situación especialmente sensible: la del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Aquí las cifras tienen rostro: son maestros y sus familias esperando una pensión o unas cesantías, pero también una cita médica, un especialista, un medicamento o un tratamiento que muchas veces no puede esperar. La Contraloría reportó que, en las auditorías realizadas entre 2023 y el primer semestre de 2025, se estructuraron 61 hallazgos, 23 de ellos con incidencia fiscal por $548.120 millones.
El problema no quedó atrás. Durante 2026, los organismos de control siguieron advirtiendo dificultades en la entrega de medicamentos, la asignación de citas, el transporte de pacientes y la oportunidad de la atención. El nuevo Gobierno recibe así un modelo que continúa bajo vigilancia y del que dependen más de 800.000 docentes, pensionados y sus familias. En 2025, de 9.305 solicitudes de pensión revisadas, apenas 2.034 fueron reconocidas y pagadas dentro de los términos, mientras 7.271 (cerca de ocho de cada diez) fueron atendidas de manera inoportuna. En las pensiones de jubilación, el 75 % incumplió los plazos: 2.857 solicitudes tardaron entre uno y dos años, 39 entre tres y seis años y 12 superaron los siete años.
Al mismo tiempo, el Fondo arrastra decisiones financieras y contractuales que requieren una revisión rigurosa. La Contraloría documentó 10 contratos de transacción suscritos en 2023 y 2024 por cerca de $1,2 billones sin aprobación del Consejo Directivo, y estableció nuevos hallazgos fiscales por $133.255 millones, relacionados con pagos de servicios represados e intereses a prestadores de salud. También identificó un hallazgo fiscal por $5.479 millones asociado a sanciones moratorias por cesantías consignadas fuera de tiempo. El problema termina siendo doble: el maestro espera y el Estado paga por haber llegado tarde. Recursos que deberían destinarse a la salud y al bienestar del magisterio terminan cubriendo intereses y sanciones derivados de esas mismas demoras.
En definitiva, recibimos un sector que gastó mucho y midió poco. La prioridad es devolverle previsibilidad: garantizar que ningún niño se quede sin almuerzo escolar por un contrato mal planeado, restablecer la capacidad del ICETEX de financiar a quien no tiene otra opción, garantizar que ningún maestro, después de una vida dedicada a educar, tenga que esperar años por su pensión, sus cesantías, un medicamento o una atención en salud, revisar con los organismos de control los compromisos de última hora y ordenar la transición del Sistema General de Participaciones para que la nómina docente y la gratuidad nunca dependan de la improvisación. La educación es la política social que más tarda en dar resultados; por eso es la que menos se puede administrar al vaivén
