Sept 17/26 Lo que se vive en la Universidad Autónoma del Caribe parece tomado de un relato macondiano. Un modelo de gestión y gobierno, poco comprensible, y justificable, a los ojos de la justicia, la opinión pública, el sector y el Ministerio de Educación.
Una historia con muy diversos rectores, un homicidio y nombres de Nicolás Petro y Abelardo de la Espriella de por medio.
La génesis de cómo su actual rectora llegó a controlar la institución, los hechos criminales que han acompañado a la historia, un incontable desfile de rectores (la mayoría de ellos con una peligrosa mezcla de ingenuidad y maldad), actuaciones populistas, incompletas y sin fondo de parte de Mineducación, ríos de plata que no se sabe cómo se perdió, la pérdida de credibilidad y de estudiantes, y muchos lujos y activos que no parecen estar directamente relacionados con la naturaleza de una institución de educación superior que, según denuncias de los sindicatos, tiene un pasivo cercano a los 200 mil millones de pesos, adornan este “proyecto educativo” del caribe colombiano.
Difícilmente se puede reconstruir todo lo que ha sucedido de forma fiel. Defensores y opositores de los distintos rectores y de la actual rectora, Silvia Gette Ponce (foto), han ajustado sus versiones, a tal punto que no es fácil describir realmente lo que pasa en esta institución. El complejo panorama es tal que incluso, el centro de los reflectores (aunque no la única), la argentina exrectora, judicializada, sentenciada, liberada y nuevamente rectora, Silvia Gette, posa -según el lente- de heroína inocente a villana, al igual que exrectores como Ramsés Vargas y Mauricio Molinares, entre otros. No deja de llamar la atención que el actual representante legal de la Autónoma del Caribe es el abogado y exfutbolista del desaparecido equipo de fútbol profesional de Uniautónoma, Orlando de Jesús Niebles Samper, identificado como pareja de la rectora Gette.
| Con la intención de mostrar hasta dónde lo judicial y lo universitario pueden terminar en un cóctel explosivo, hasta dónde la autonomía universitaria pierde su pureza, y hasta dónde la actuación de inspección y vigilancia parece un año viejo sin pólvora, se presentan las siguientes consideraciones y hechos, realizados por una fuente viva de lo que ha sucedido en la privada universidad barranquillera: El comunicador social John Javier Acosta (foto), quien por muchos años laboró en esa IES (de la que, en sus palabras, “fue desterrado”), y en su blog (Comarca Literaria) hace públicos muchos hechos, como los siguientes: |  |
1) Nicolás Petro y la U. Autónoma del Caribe
Según Acosta, en septiembre de 2022 el Ministerio de Educación ordenó abrir una investigación preliminar por posibles irregularidades relacionadas con la administración del entonces rector Mauricio Molinares, en Uniautónoma.
Luego, Nicolás Ávila, quien había sido secretario privado del entonces ministro Alejandro Gaviria (y quien fue encontrado muerto en un hotel de Bogotá, en un hecho aún sin esclarecer), reconoció que sostuvo tres reuniones con Nicolás Petro. Según su relato a La FM, en el tercer encuentro recibió una carpeta sobre presuntos hechos de corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe. La reunión habría ocurrido el 22 de agosto de 2022 en el apartamento de Nicolás Petro. También habría participado Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti.
El hecho es que el tema nunca más se abordó en el Ministerio de Gaviria, ni de Aurora Vergara.
2) La Autónoma como universidad pública: Una idea que se desdibujó
Para resolver su crisis financiera y asegurar recursos, el exrector (puesto por Daniel Rojas Medellín), Jorge Senior propuso impulsar un proyecto de ley para cambiar la naturaleza jurídica de privada a pública. Antes de volver a la rectoría, Silvia Gette se pronunció contra la posible estatización. Su posición fue clara: Uniautónoma nació como una institución privada y debía conservar esa naturaleza. Per la duda sobre de dónde saldrán los recursos, sigue.
3) La situación jurídica de la rectora
Acosta señala que el retorno de Silvia Gette contiene una paradoja institucional imposible de ignorar. La exrectora cumplió una condena por soborno relacionada con el intento de conseguir que un testigo cambiara su versión dentro de la investigación por el homicidio de Fernando César Cepeda Vargas. Ese proceso no debe confundirse con el expediente por el asesinato. Son actuaciones judiciales diferentes.
Fernando Cepeda estaba casado con María Paulina Ceballos, hija del fundador de la Universidad, Mario Ceballos Araújo. La Fiscalía vinculó a Gette como presunta determinadora del homicidio. Ella siempre negó esa acusación y afirmó que fue víctima de un montaje. La condena que Gette cumplió fue por soborno. Dentro de esa actuación, la Universidad Autónoma del Caribe fue reconocida como víctima.
Por eso, el regreso no puede presentarse como un simple relevo administrativo. Gette volvió a dirigir la misma institución que fue reconocida como víctima dentro del proceso penal por el cual ella ya cumplió una condena. Ese antecedente no anula automáticamente sus derechos. Tampoco permite desconocer una decisión judicial de restablecimiento, pero sí impone mayores exigencias de transparencia, explicación y control.
4) Presidente de La Espriella fue abogado contra Gette
Existe otro elemento que convierte esta historia en un asunto nacional. Antes de llegar a la Presidencia de la República, Abelardo de La Espriella representó a María Paulina Ceballos, viuda de Fernando Cepeda. Desde esa posición, sostuvo públicamente que Silvia Gette debía responder como presunta determinadora del homicidio. La precisión jurídica es importante: De la Espriella no fue fiscal del caso. Actuó como abogado de la viuda y tuvo una posición profesional abiertamente contraria a Gette.
Años después, la representación de María Paulina pasó a otro abogado; sin embargo, el antecedente permanece. Ahora, el antiguo abogado de la viuda de Fernando Cepeda es presidente de Colombia. Su Gobierno, por medio del Ministerio de Educación, ejercerá funciones de inspección y vigilancia sobre la Universidad que Silvia Gette vuelve a dirigir.
Acosta se pregunta, al respecto: ¿Participará Abelardo de la Espriella en decisiones relacionadas con Uniautónoma? ¿Informará públicamente aquella relación profesional? ¿Su Gobierno retomará el proceso de oficialización o lo descartará? ¿Qué garantías tendrá Gette de que las decisiones serán imparciales? ¿Qué garantías tendrá la comunidad universitaria de que la antigua confrontación no interferirá en la vigilancia estatal?
El presidente se encuentra ante una prueba difícil, advierte. Si el gobierno de La Espriella interviene en los asuntos de Uniautónoma, Gette podría sostener que existe una retaliación relacionada con la antigua actuación profesional de Abelardo. Si el Gobierno se abstiene de ejercer una vigilancia rigurosa, la comunidad universitaria podría preguntarse si la autonomía volvió a convertirse en una excusa para dejar que la crisis continúe; por eso, cualquier decisión deberá estar sustentada en documentos, competencias claramente identificadas y procedimientos verificables.
5) La tensión con los sindicatos
El regreso de Gette ya produjo un choque con sectores sindicales y profesorales. El 3 de septiembre de 2026, Sintrauac, Sintraunicaribe, Osiautónoma y la CUT Atlántico denunciaron públicamente que habían recibido información según la cual a varios trabajadores les solicitaron desafiliarse de sus organizaciones sindicales. El comunicado atribuyó esas actuaciones a la administración de Silvia Gette y anunció acciones legales. Las organizaciones exigieron que cesara cualquier solicitud, presión o condicionamiento dirigido a promover la desafiliación.
El hecho es que que los ingresos por matrículas no resultan suficientes para mantener esa periodicidad; persisten deudas de salud, seguridad social e incrementos salariales pendientes desde enero de 2026. Asoprofesuac estimó el pasivo en una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y sostuvo que la nómina consume, aproximadamente, el 80 por ciento de los ingresos.
Los sindicatos se preguntan dónde está el plan de salvamento financiero de la Universidad que, durante una mesa de diálogo coordinada por el Ministerio del Trabajo el pasado primero de julio, se prometió presentar en septiembre.
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