Nov 11/11 Colombia lleva más de dos décadas en un denodado esfuerzo, estatal y privado, por aumentar la cobertura en educación superior, auncuando no todos los indicadores sociales han crecido y mejorado en la misma proporción de los estudiantes y títulos.
El aumento de la cobertura en educación superior es una condición importante para el desarrollo económico, la movilidad social, la productividad y la construcción de paz, pero no es una condición suficiente para garantizar esos resultados. Si bien la educación superior genera importantes retornos individuales, no siempre estos se traducen en beneficios sociales.
En las últimas décadas, Colombia amplió de manera extraordinaria el acceso a la educación superior. Sin embargo, ese crecimiento no ha estado acompañado, en la misma proporción ni con la misma continuidad, por transformaciones en productividad, formalización laboral, equidad, confianza institucional y convivencia.
Pero eso no significa que el aumento de la cobertura no haya contribuido al crecimiento del país. Hay indicadores que mejoraron sustancialmente durante estas décadas, como la pobreza monetaria, la mortalidad infantil, la esperanza de vida y los homicidios, entre otros. Incluso el desempleo se encuentra aproximadamente en la mitad de lo que registraba hace unas dos décadas: pasó de niveles cercanos al 15% a comienzos de siglo a 8,9% en 2025.
El asunto es otro: ¿por qué una sociedad que ha ampliado tanto sus oportunidades educativas todavía tiene dificultades para convertir ese conocimiento en bienestar colectivo, productividad, convivencia y paz?
Para responder conviene distinguir los avances que sí se observan, los que se han estancado y aquellos que dependen de condiciones que van mucho más allá del sistema educativo.
La magnitud del cambio: de menos del 10% a más del 56% de cobertura
En los años ochenta del siglo anterior, Colombia tenía una cobertura muy reducida en educación superior. La serie histórica recopilada por El Observatorio de la Universidad Colombiana permite visualizar claramente el cambio:
La transformación es enorme. La cobertura pasó de menos del 10% en los años ochenta a más del 56% en 2025, según el cálculo del Ministerio de Educación Nacional con las proyecciones poblacionales actualizadas por el DANE.
Hay una precisión metodológica importante: para 2025, el MEN también presenta una tasa de 61,75% cuando conserva la anterior proyección de población, utilizada para mantener la comparabilidad con la serie histórica. La diferencia entre ambos resultados obedece a la actualización de la población de referencia y no a un cambio en la matrícula.
Las cifras marcan una clara tendencia al aumento, independientemente de las variaciones metodológicas que ha tenido la medición de la cobertura.
Esto es, Colombia sí ha tenido una transformación cuantitativa extraordinaria en el acceso a la educación superior. La pregunta es si esa transformación se ha convertido en desarrollo; es decir, en mejoras de convivencia, productividad, tributación, desarrollo científico, calidad de vida y otros aspectos del bienestar colectivo.
¿Y los otros indicadores sociales?
Aquí también hay diversas lecturas y ópticas para interpretar las cifras, pero, en general, las tendencias muestran que el aumento de la cobertura no ha significado que automáticamente mejoren los demás indicadores sociales. Por ejemplo:
– Según el Fondo Monetario Internacional, la productividad total de los factores —que refleja la eficiencia con la que una economía combina sus recursos productivos, su tecnología y sus capacidades organizacionales— cayó más del 10% en los años noventa y permaneció estancada hasta 2019.
– Para la OCDE, la inversión en Colombia pasó de cerca del 23% del PIB antes de la pandemia a 17,8% en 2023.
– El coeficiente o índice Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, fue de 58,4 en 2000 y bajó a 50,9 en 2017, según la serie del Banco Mundial. Posteriormente volvió a aumentar y llegó a 54,4 en 2024. Para 2025, el DANE reportó un Gini de 53,1 en su medición más reciente. Aunque este último dato muestra una mejora respecto de 2024, la desigualdad continúa siendo elevada y las crisis recientes evidenciaron la fragilidad económica de amplios sectores de la población. Debe tenerse presente que el dato de 2025 corresponde a una actualización metodológica del DANE y no debe unirse mecánicamente a la serie histórica del Banco Mundial.
– Si bien la tasa de desempleo ronda el 8% al 9%, en diciembre de 2025 aproximadamente el 55,7% de los ocupados estaba en la informalidad, según la definición amplia utilizada por el DANE. Esto implica menores niveles de protección laboral y seguridad social, así como mayor incertidumbre sobre las condiciones de trabajo y el futuro de una parte importante de la población.
– Aunque han aumentado las posibilidades de acceso al sistema educativo formal, en 2015 el 25% de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudiaba ni trabajaba. En 2025 esa cifra se ubicó en 26%, según la OCDE. Es decir, la expansión educativa no ha eliminado la desconexión entre educación, empleo y oportunidades juveniles.
– No obstante el significativo aumento de la oferta educativa en las regiones, la violencia territorial sigue afectando a millones de personas. ACNUR reporta 7,16 millones de personas desplazadas internamente, registradas desde 1985 y con derecho a asistencia y reparación, de las cuales 1,75 millones fueron desplazadas después del Acuerdo de Paz de 2016. Se trata de cifras acumuladas de personas registradas, no exclusivamente de quienes permanecen actualmente en situación de desplazamiento.
Colombia no ha estado estática ni todos sus indicadores sociales han empeorado. De hecho, hay avances importantes. Pero tampoco se puede sostener que el aumento de la cobertura educativa haya producido una transformación proporcional de las condiciones de vida.
Más profesionales no son sinónimo de una economía más productiva
Uno esperaría que una sociedad que multiplica varias veces su matrícula universitaria termine produciendo más, innovando más, creando empresas de mayor valor agregado, exportando productos sofisticados y aumentando su productividad.
Pero Colombia tiene un problema estructural.
El Fondo Monetario Internacional señala que la productividad total de los factores —aquella parte del crecimiento económico que no se explica simplemente por acumular capital y trabajo— cayó más del 10% durante los años noventa y permaneció estancada hasta 2019. Sus estimaciones indican que tampoco se ha producido un crecimiento sostenido de esa productividad desde 2019.
Esto es particularmente llamativo cuando se contrasta con la expansión de la educación superior.
¿Qué puede explicar esa desconexión?
Una hipótesis importante es que Colombia ha avanzado en la formación de capital humano, pero no con la misma intensidad en la transformación de su estructura productiva.
Una economía necesita profesionales, científicos, tecnólogos, técnicos y trabajadores calificados, pero también necesita empresas capaces de emplearlos, inversión, infraestructura, innovación, financiación, tecnología y mercados.
El problema no es necesariamente que haya demasiados profesionales, sino que la estructura económica no ha logrado generar suficientes oportunidades productivas, estables y sofisticadas para aprovechar el conocimiento disponible.
Tampoco se puede dejar al margen el debate sobre la calidad, las tasas de graduación y la pertinencia de la formación. ¿Qué tan sólida es la formación de quienes reciben títulos de educación superior y qué tan pertinentes son sus competencias para las necesidades del país?
Además, la desarticulación entre el sistema productivo y el educativo, explicada entre otros factores por la falta de políticas nacionales suficientemente articuladas, genera desequilibrios en algunos sectores: la educación superior puede crecer más rápidamente que la demanda de empleos altamente cualificados, lo que genera sobrecualificación, frustración profesional, subutilización del talento y menor retorno social de la inversión educativa.
Cuando la cobertura educativa crece sin una transformación paralela de las condiciones económicas, institucionales y sociales, el país corre el riesgo de producir una creciente acumulación de títulos y credenciales sin lograr aprovechar plenamente el potencial transformador del conocimiento.
Además, en este análisis cabe preguntarse: ¿qué tan bien está cumpliendo el sistema educativo su función de formar ciudadanos capaces de construir confianza, reconocer la diferencia y participar en la solución de los problemas colectivos?
La universidad no es solo un lugar para adquirir competencias laborales. También es uno de los pocos espacios donde personas con diferentes orígenes sociales, territoriales, ideológicos y culturales pueden aprender a convivir y trabajar conjuntamente.
Si esa función queda reducida a la transmisión de contenidos y a la certificación de competencias, una parte muy importante de su contribución social queda desaprovechada.
La educación necesita una economía capaz de aprovechar el conocimiento
Un sistema de educación superior puede graduar brillantes profesionales, pero si la economía no desarrolla empresas, instituciones y sectores productivos que incorporen ese conocimiento, su potencial transformador queda limitado.
España, Argentina, Cuba y Venezuela, entre otros países, permiten observar diferentes expresiones de este problema. Aunque sus realidades económicas, políticas e institucionales son muy distintas, sus experiencias muestran que no basta con apostar por aumentar la cobertura y la formación de profesionales si esto no está acompañado de un desarrollo económico y social articulado.
España evidencia dificultades de sobrecualificación: una proporción significativa de personas con educación superior termina trabajando en ocupaciones que no requieren su nivel de formación. Argentina muestra las dificultades de una economía con problemas de productividad e inestabilidad macroeconómica para aprovechar plenamente su capital humano. Cuba y Venezuela permiten analizar, desde contextos diferentes, cómo las crisis económicas e institucionales, la pérdida de oportunidades productivas y la emigración de profesionales afectan el aprovechamiento del talento formado.
Estos casos no significan que la educación haya fracasado ni que sus problemas económicos sean consecuencia de haber ampliado la cobertura. Más bien, permiten reconocer que la formación profesional necesita condiciones económicas, institucionales y productivas que hagan posible convertir el conocimiento en desarrollo.
Porque la educación genera capacidades, pero la estructura productiva determina, en buena medida, cuánto de esas capacidades se puede aprovechar.
Esto también ayuda a explicar por qué la expansión educativa puede producir frustración: las expectativas de movilidad aumentan más rápido que las oportunidades de empleo de calidad.
Conclusiones para evaluar las políticas públicas
1) Colombia ha confundido expansión de matrícula con desarrollo del capital humano. Tener más estudiantes inscritos no equivale necesariamente a tener más personas graduadas, con aprendizajes sólidos y competencias que puedan aplicar en la vida productiva y social.
2) La economía no ha generado suficientes oportunidades para utilizar el conocimiento. El crecimiento del número de profesionales necesita una estructura empresarial más innovadora, una mayor inversión y sectores productivos que demanden conocimiento. De lo contrario, se generan subempleo, sobrecualificación, informalidad o migración de talento.
3) La desigualdad de origen no desaparece con el acceso. Un sistema puede ampliar sus matrículas y seguir reproduciendo diferencias relacionadas con el ingreso familiar, la ubicación geográfica, la calidad de los colegios, la conectividad y las redes sociales de los estudiantes.
3) Los efectos de la educación no son inmediatos. Una persona que ingresa a la universidad requiere varios años para graduarse. Sus efectos en ingresos, productividad, crianza, participación ciudadana y liderazgo pueden tomar décadas. No es razonable esperar que una ampliación de cobertura en un período se traduzca inmediatamente en cambios macroeconómicos o culturales.
4) La violencia no se produce solamente por falta de educación. El conflicto armado, las economías ilegales, la débil presencia institucional, las disputas por la tierra, la impunidad y la falta de protección de derechos requieren respuestas específicas. La educación puede prevenir y transformar, pero no reemplaza esas intervenciones.