Julio 2007 / Carlos Mario Lopera P.
El caos vivido por la educación superior pública colombiana en las últimas semanas debe dejar una lección. Es lo mínimo esperado. Si la Universidad Nacional de Colombia, como ente intelectual que se precia ser, no aprende de estos acontecimientos, se haría acreedora al paradójico título de organización no inteligente.
La comunidad universitaria, se ha expresado vivamente en las marchas estudiantiles, en el silencio de sus directivos y en el patrocinio del Polo Democrático y Fecode, y explícitamente pide la cabeza de los responsables del Ejecutivo y del Legislativo que, a su entender, son “culpables” del costo que significarían las políticas “privatizadoras” y “neoliberales”, reflejadas en temas como transferencias y pasivo pensional.
Pero no se ve por ninguna parte la autocrítica y el juicio a los directivos universitarios por el daño que hacen a la universidad pública con su actitud, y por someter a la universidad en favor de sus pasiones políticas mezcladas con algunos intereses legítimos pero, en todo caso, arrastrando los derechos de los estudiantes, que deberían primar sobre todos los demás.
Por considerar “sagrado” el recinto académico algunos temen dirigir las críticas al Rector de la Universidad Nacional, que lidera las protestas de todas las del sector público. Ha llegado el momento de poner en tela de juicio su actuación.
Si las acciones, protestas y comunicados de la Universidad hubieran sido sólo académicos, sería injusto criticar al Rector, pero ha sido el mismo Rector Wasserman quien, por acción y omisión, politizó una situación que, si hubiera sido manejada con la fría cabeza del académico, con la debida anticipación de las circunstancias, con la participación previa en los debates del Plan de Desarrollo y con la prudente orientación de su comunidad académica para tratar el tema con altura, seguramente le hubiera ahorrado al país, al prestigio de su misma universidad y a los miles de estudiantes perjudicados, los miles de millones que cuesta la parálisis, el injustificado desprestigio de la educación superior en el exterior y la entrega de la dignidad de la Rectoría como foro intelectual sustentado en la prudencia y en la autoridad.
El Rector traicionó los principios y responsabilidades esperadas de quien debería ser uno de los mayores intelectuales de la Nación. El mismo Decreto 1210 de 1993, con el que se reestructuró el Régimen Orgánico Especial de la Universidad Nacional, le demanda, entre otras, las responsabilidades de “prestar apoyo y asesoría al Estado” y “cumplir y hacer cumplir las normas legales, los estatutos y reglamentos de la Universidad”.
Tal vez por miedo a terminar “descabezado” como Marco Palacios por las protestas de su misma comunidad universitaria, terminó cediendo. En sus mismas palabras, la espada de Damocles que anunció podría llegar a la Universidad con el Plan de Desarrollo, ahora llega a su cabeza. Su amenaza pública, cuando inició el debate sobre el pasivo pensional en el sentido de que “si la Ley es sancionada, y las demandas de inconstitucionalidad no prosperan, nos espera un proceso de negociación duro y delicado para el cual necesitaremos el apoyo efectivo de todos los miembros de la comunidad universitaria”, lo catapultó como responsable de la protesta.
Erróneamente vivenció la sentencia de Antonio Camou para quien la función rectoral consiste en evitar que “toda la gente se ponga brava al mismo tiempo”. Ese carácter no es el esperado en el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, institución que, entre los miedos e intereses de sus integrantes, ha privilegiado que todos se cubran con la misma cobija, y que ha olvidado que la academia se construye con disciplina, con respeto y con la vivencia de los deberes por encima de los derechos.
► Informe especial: El paro en la Universidad Nacional. El verdadero pasivo de la Universidad Pública
