Por Carlos Lopera. Director de El Observatorio
Hace dos o tres años era “tolerable” el argumento del Gobierno para justificar los aportes del Estado a las universidades oficiales y salvar la responsabilidad social con la educación pública. Era “comprensible” la responsabilidad de la Nación con el financiamiento, pues siempre se ha dicho que se han cumplido las transferencias, de conformidad con el artículo 86 de la ley 30 de 1992, que define que “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.
Se dice que comprensible, porque el crecimiento de las tasas de matrícula, cobertura y programas en estas universidades venía dándose de forma lenta y, a juicio de algunos (si quieren, llámense de derecha), porque existían –y aún quedan algunos- aberrantes casos de politiquería, burocracia, docentes con muy bajas cargas horarias, mínimos indicadores e infraestructura desaprovechada en estas IES.
Pero, las cifras de hoy reflejan una realidad diferente. Pese al crecimiento inercial de la financiación, las universidades públicas hoy superan la matrícula de las universidades privadas y han incrementado notoriamente sus pregrados y posgrados…. y ahí sí el Estado saca pecho en cifras de cobertura, pero se queda callado en el de financiación.
Otros dirán (si quieren, llámense los de izquierda), que el Estado es impositivo, que no quiere asumir frenteramente sus compromisos con la universidad pública, y que estigmatiza a profesores y estudiantes de estas IES con grupos terroristas.
Es cierto que en la universidad pública hay fuertes expresiones de la izquierda; es cierto que ha habido infiltraciones terroristas; es cierto que hay amenazas de paras y guerrilla, y es cierto que, en algunos casos, estudiantes exigen el reconocimiento de una participación y autoridad mayor que la que la ley y el protocolo académico permite.
Pero también es cierto que la disertación es propia de la academia, que la estigmatización es otra forma de violencia y que el Estado no puede ceder su responsabilidad social con la educación bajo el disfraz de la financiación.
La financiación de la universidad pública en Colombia está por encima de radicalismos inútiles (pro y anti-uribistas), y la autoridad social se gana con corresponsabilidad; es decir, con aportes suficientes y decorosos para que haya una educación pública de calidad.
Si las universidades públicas registran estos indicadores, con un presupuesto rezagado, el Gobierno debería pensar en logros muy significativos si aumentara la inversión, acompañado de una verdadera participación, académica, de parte del MEN.
Todo esto se traduce, sencillamente, en una revisión del modelo de financiación del Estado a la educación superior pública y la consiguiente reforma de la Ley 30.
De lo contrario, es verdaderamente vergonzoso para la dignidad de nuestro sistema, que se presenten protestas de alumnos como los de las universidades Francisco de Paula Santander, Tecnológica y Pedagógica de Colombia, Tecnológica de Pereira, y Pedagógica Nacional, exigiendo transparencia en las cuentas y mayores inversiones para su propia formación con calidad.
