Opinión del rector de la Universidad de Cundinamarca, Adolfo León Polo S., en El Tiempo
Es indudable el aumento de la preocupación del Estado colombiano por controlar e incentivar la calidad en la educación superior, lo que se manifiesta en la formulación de normas y exigencias aparecidas en los últimos meses, así como el pequeño estímulo financiero a las universidades públicas, que muestren indicadores de gestión positivos.
También es evidente lo crítico de las finanzas de dichas universidades, para atender a los estándares de calidad propuestos por el modelo, que dicho sea de paso, ha sido construido colectivamente por los rectores que hacemos parte del Sistema Universitario Estatal (SUE). El esfuerzo institucional de las universidades ha sido grande, las más de las veces, realizado con las uñas, porque, a veces, se nos olvida, que la calidad vale dinero y requiere de inversiones en tecnología, laboratorios, infraestructura adecuada, personal idóneo y otros componentes de la docencia y la investigación calificada.
Esa falta de recursos adecuados para cumplir con la misión institucional, con mayor calidad, es aún más grave en las universidades regionales, donde se requiere más esfuerzo por la descentralización, donde la población pertenece a estratos socioeconómicos más bajos, y la preocupación del gobierno central es menor, porque los grupos sociales de presión tienen menos fuerza política y social.
Conocemos que las proyecciones para el próximo año son de pronóstico crítico, lo que agrava la situación de las universidades públicas, que en el corto plazo no vislumbran un panorama de alivio a su situación. Pero también ha llegado el momento en el cual la sociedad y el Estado tienen que priorizar su política de desarrollo y sacrificar algunas áreas para empoderar otras.
Sabiendo que todas las áreas son necesarias para el desarrollo de los pueblos, llegó la hora en la que el Gobierno nacional o los gobiernos regionales deben escoger entre hacer más carreteras o más educación superior.
Por todas esas consideraciones, debe el Gobierno colombiano hacer los mayores esfuerzos por invertir en la universidad pública y facilitar el trámite de leyes que permitan incentivar el acceso a la educación superior, por ejemplo, mediante la utilización de parte de las regalías, que hoy se despilfarran.
Una universidad pública, autónoma, democrática, moderna, pluralista y de excelencia académica se constituye en instrumento de desarrollo de aquellas regiones que desean beneficiarse de la presencia de una institución universitaria, preocupada por articular los conocimientos y saberes al mejoramiento de la vida de los colombianos.
