Columna de José Manuel Restrepo Abondano, rector del CESA, en El Nuevo Siglo
Se ha ido generando en el país una preocupación acelerada en el mundo de la educación, y particularmente de la educación superior, por las crecientes necesidades de inversión y gasto para garantizar altos estándares de calidad. Esta que parecía una preocupación exclusivamente de las universidades de alto nivel de calidad de carácter privado, ahora se vuelve también interés de las universidades oficiales, sobre la base de un cada vez más difícil proceso de negociación del financiamiento estatal, que ha venido acompañado de disminución en las fuentes públicas disponibles.
Lo que antes se recibía casi como obligación de Estado en las universidades oficiales, ahora supone el cumplimiento de indicadores y estándares, que terminan privilegiando a algunas universidades en desmedro de otras. De la misma manera, los avanzados indicadores de calidad que proponen las agencias nacionales e internacionales de acreditación universitaria, hacen lo propio en las universidades privadas que siguen una carrera de mejoramiento permanente e inversión acelerada para lograr estándares cada vez más competitivos.
Tal como lo señalaba alguna vez el académico Gabriel Misas, a diferencia de otros sectores productivos, en la educación superior las mayores inversiones en calidad, muy pocas veces se acompañan de mejoramientos superiores en generación de recursos y, por el contrario, suponen esfuerzos adicionales de las universidades para soportar dichas inversiones.
Algo de esto originaba el reclamo reciente del Rector de la Universidad Nacional, cuando veía con preocupación cómo las exigencias de una universidad pública de máxima calidad, con investigación, con doctorados, con mejores profesores-investigadores, con instalaciones adecuadas, con tecnología de información y comunicación, entre otros aspectos, suponen mejoramiento en los presupuestos y nivelación hacia arriba, y no terminar nivelando por lo bajo. El Rector citado, alerta sobre cómo una política presupuestal restrictiva puede terminar afectando el modelo de educación pública y abortando el estado actual de muy buenas universidades oficiales en Colombia.
La verdad sea dicha, este problema es exactamente el mismo en el caso de la educación superior privada de calidad, por cuanto las exigencias igualmente tienen como límite la capacidad de pago de matrículas o de la propia diversificación del ingreso. Y siendo absolutamente franco llaman la atención a un trabajo mucho más creativo en el seno de las propias universidades por lograr nuevas fuentes de ingresos, que entre otras reconozcan la esperada relación universidad- empresa y Estado.
Quizá esto responde a un reciente artículo de la revista Dinero cuando se hace la pregunta de por qué es tan cara la educación superior. La respuesta es que educación superior de calidad supone inversiones, programas de becas y gastos adicionales que difícilmente serán susceptibles de ser cubiertos con los actuales presupuestos de ingresos de las universidades, y seguramente seguirán dando de qué hablar a los medios cuando se hable de inflación anual en el caso de las universidades privadas o cuando se aborde anualmente la preparación del presupuesto de la Nación en el caso de las universidades oficiales.
