Luis Fernando Páramo Jiménez pido sinceridad, transparencia, rigor metodológico, información confiable, representación equitativa en lo político, en lo social y en lo técnico, en el nuevo escenario que aparece de un escenario concertado para la reforma.
El gobierno del Presidente Santos ha manifestado públicamente su determinación de someter la Reforma a la Ley 30, a un análisis sobre el alcance, necesidad, eficacia, pertinencia y capacidad para resolver los principales problemas de la educación superior en Colombia, y construir un proyecto final consensuado que se llevará al Congreso. Este hecho merece el reconocimiento de los colombianos a su presidente y una felicitación al movimiento estudiantil que apoyó el clamor de profesores, académicos, rectores y logró unir a su causa muchísimos estudiantes apáticos.
Un diálogo de esta naturaleza para que resulte constructivo, debe iniciarse con sinceridad, transparencia, rigor metodológico, información confiable, representación equitativa en lo político, en lo social y en lo técnico; pues lo que se espera es la elaboración de un proyecto de ley, que demuestre el espíritu por contribuir de manera posible y congruente, en la solución de los problemas más conocidos y a la estabilidad del sistema de educación superior por largo plazo.
Para empezar creemos que sería altamente provechoso y apropiado que el Ministerio de Educación Nacional diera a conocer en su página WEB, los resultados del estudio que encomendó a la Universidad de Los Andes, sobre la clasificación y análisis de las propuestas que diferentes personas hicieron desde el inicio de los foros, para que quienes aspiramos a seguir participando en el debate, podamos tener una visión completa y sepamos de una vez por todas el porqué, muchas de las propuestas no parecen haber sido tenidas en cuenta. Así estudiantes, profesores, académicos, directivos, políticos y la sociedad en general podrá tener confianza en su participación y se eliminará la posibilidad de empezar un diálogo con reproches, que no harían sino llover sobre lo mojado; la construcción nueva, debe soportarse en lo ya avanzado.
Los cálculos sobre recursos económicos y sobre proyecciones de cobertura “poblacional y geográfica” deben ser juiciosamente analizados antes de aprovecharlos como justificación del proyecto, porque de otra manera puede volver a politizarse el debate, hasta el punto de discutir en el congreso más sobre economía política o política económica, y no, sobre educación superior como motor de desarrollo social y económico. En este punto es fundamental que todos los estudios presentados sean tenidos en cuenta, y se pueda llegar a uno sólo, pues por contradictorios que hayan sido los resultados, cifras y plazos, siempre pueden ajustarse, porque son consecuencia de los acuerdos.
Mi tema recurrente “Calidad”, debe dejar de ser un calificativo más en los discursos, para centrarse como corresponde, en un proyecto altamente técnico que le imprima a la educación superior, una alternativa real hacia su internacionalización y hacia la obtención de resultados muy, pero muy superiores a los actuales. La definición, obtención y certificación de la Calidad de la Educación Superior en Colombia, hoy más que nunca, requiere de un esfuerzo conceptual y metodológico, para diseñar con rigor científico, procesos de medición y acreditación de la calidad, que puedan ser comparados y validados en el mundo. La ley es de vital importancia para lograr este propósito, pues la construcción de normas de calidad que no tengan asidero legal es inocua, como inocuo es, esperar mejoras en la calidad sin definir normas legalmente establecidas y aceptadas por la comunidad.
Igualmente importante es que los estudiantes publiquen oficialmente sus contribuciones y aspiraciones sobre la reforma, no basta con que manifiesten su deseo de participar en el debate, ya ha quedado demostrado que sí han leído y conocen la propuesta, ahora entonces deben concretar las propias porque un diálogo sincero no puede iniciarse solo con protestas.
Directivos, rectores, asociaciones de Universidades, de Instituciones de educación superior, así como académicos, técnicos, egresados y representantes del sector productivo, también deben pronunciarse abiertamente y por escrito sobre sus contribuciones a la reforma, porque el diálogo no puede volver a exposiciones magistrales y a reflexiones personales que requieran nuevamente evaluación y difusión.
Los políticos en especial los pertenecientes a las comisiones sextas de Senado y Cámara, también deben participar con documentos escritos en los que se plasmen sus inquietudes, al fin y al cabo, la mayoría de ellos han manifestado que su decisión a pertenecer a dichas comisiones, fue motivada por su profunda convicción e interés por la educación, así constitucionalmente tengan que atender además, otros temas legislativos.
Es conveniente poner en práctica lo que en toda institución universitaria se pregona como “trabajo colaborativo”, pues en el diálogo sobre la reforma debe aplicarse el principio de parsimonia, agrupando para su análisis aspectos principales y discutiendo puntualmente sobre los acuerdos, de lo contrario el tiempo requerido será muy superior al esperado, lo cual no es deseable.
Recordemos que en los debates la crítica más frecuente a la Ministra y a los estudiantes es que repetían y repetían sin tratar de entenderse mutuamente, lo que llevó a ocultar, no intencionalmente desde luego, las propuestas de otros. Si la información utilizada de aquí en adelante, puede conocerse sin tropiezos porque estará publicada en una página WEB de libre acceso, las propuestas y contrapropuestas fluirán con mayor celeridad y pueden ser analizadas por más personas. El Ministerio de Educación puede encargarse del diseño de este enlace WEB y colocar la información con la veeduría de ASCUN y la MANE o de quienes se acuerde en un primer momento.
Para un debate de esta naturaleza lo más productivo son las propuestas concretas, la opinionitis estorba y hace daño.
