Sept 1/26 Derecha e izquierda son conceptos, muy genéricos y globales, que polarizan la visión mundial. Ambas corrientes inciden en la educación y, en determinadas circunstancias, las IES pueden contribuir, conscientemente o no, a procesos de ideologización o adoctrinamiento de sus comunidades. Aquí explicamos el cómo.
Hace unos días la ministra de Educación, Viviane Morales, advirtió sobre una supuesta “campaña woke” que habría introducido “sutiles movimientos” para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, particularmente mediante la educación sexual integral.
La ministra Viviane Morales, de reconocida trayectoria política y con una posición pública de marcada defensa de principios y valores de inspiración cristiana, hace parte del grupo de altos funcionarios del gobierno del presidente Abelardo de La Espriella que están liderando una llamada “batalla cultural”, que es el nombre que, desde una visión tradicional y de derecha, se ha dado a la manera como ellos quieren, según sus propias declaraciones, en su forma de ver la política y las relaciones sociales para “restaurar principios y valores”, “sacar la ideologización”, y “respetar el derecho de los padres en la educación”, entre otros aspectos.
La educación es uno de los principales espacios de socialización, transmisión de conocimientos, formación de valores y construcción de ciudadanía, por lo que también puede convertirse en un escenario de disputa ideológica y, en determinadas circunstancias, de adoctrinamiento, iniciando en la infancia, y particularmente en la forma de apreciar la formación en valores y en las concepciones y contenidos relacionados con la sexualidad. Pero el tema trasciende a todos los ámbitos del diario vivir, y también en la educación superior, donde se suman las posturas y análisis ideológicos.
La batalla cultural del actual gobierno es contra lo que ellos, genéricamente, identifican como la cultura Woke, que es una expresión originada en el ámbito afroamericano estadounidense y que, especialmente desde la década anterior, pasó a utilizarse para designar —y también para criticar— un conjunto de posiciones progresistas relacionadas con justicia racial y social, identidad, género, diversidad e inclusión. En el debate político colombiano, el término es utilizado por sectores de derecha y conservadores como una etiqueta crítica para referirse a determinadas corrientes progresistas, aunque no existe una equivalencia exacta entre woke, izquierda, progresismo y petrismo, entre otros.
Cultura woke y Progresismo, así como derecha y extrema derecha, por solo citar algunos, son términos y categorías polémicos en sus alcances e interpretaciones, pero que engloban lo que tradicionalmente se ha identificado como visiones de derecha e izquierda. Solo para efectos de contexto, y sin que esto signifique una precisa similitud, se podría indicar que derecha e izquierda son categorías históricas y variables, dentro de las cuales conviven corrientes muy diferentes. El liberalismo clásico, el conservadurismo, el libertarismo, la democracia cristiana y distintas formas de nacionalismo pueden ubicarse en posiciones de derecha o centro-derecha según el contexto; de manera semejante, socialdemocracia, socialismo, comunismo, anarquismo y progresismo pertenecen a tradiciones distintas que suelen ubicarse en la izquierda o centroizquierda. Ninguna de estas categorías es homogénea.
En la confrontación política, ambos campos suelen recurrir a etiquetas descriptivas, críticas o abiertamente peyorativas. A los de derecha se estigmatiza como fascistas, ultra/extrema derecha, reaccionarios, misóginos, neoliberales, antiderechos, negacionistas (del cambio climático), retrogrados… mientras que a los de izquierda se estigmatiza como woke, zurdos, marxistas / neomarxistas, globalistas, de ideología de género, de cultura de la cancelación, generación de cristal o progres, entre otros.
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La educación no escapa de la lucha ideológica
Es difícil que el debate en las aulas y el interés de los formadores por llevar su mensaje a los estudiantes sea ajeno a estos planteamientos. Aunque la neutralidad absoluta del docente o de la institución puede resultar difícil de alcanzar, ello no elimina el deber institucional de garantizar el pluralismo, la libertad académica y la posibilidad efectiva de disentir.
No se trata de imponer ni de desconocer las filosofías detrás de las interpretaciones políticas, que se traducen en normas que impactan el día a día y la convivencia social.
Al fin y al cabo, en Colombia, para el caso de la educación superior, es claro que como lo ha sentenciado la Corte Constitucional, la autonomía universitaria está limitada por la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad de investigación, y la misma Corte ha dicho expresamente que las universidades no pueden convertirse en espacios de pensamiento único. La autonomía universitaria no desaparece por esas limitaciones; debe ejercerse dentro del marco constitucional y respetando los derechos fundamentales.
Además, Colombia ha incorporado progresivamente políticas de inclusión, derechos, enfoque diferencial, género, diversidad cultural y sexual. Vale recordar que en la Sentencia SU-059 de 2024, la Corte Constitucional señaló expresamente que cuestiones como los derechos LGBTIQ+, los derechos reproductivos, la anticoncepción, el aborto, la orientación sexual y la identidad de género, pueden ser debatidos y cuestionados dentro de la universidad, siempre que se respeten los límites constitucionales de la libertad de expresión y cátedra.
El debate político consiste, entonces, en determinar hasta dónde esas políticas deben llegar y qué límites tienen frente al pluralismo, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra.
La propia Corte ha dicho que la libertad de cátedra incluye la posibilidad del docente de disentir razonadamente y oponerse a una orientación ideológica impuesta, como ha señalado la Corte Constitucional, en particular en la Sentencia SU-236 de 2022.
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Los temas neurálgicos
Tal vez el tema en torno de la sexualidad es uno de los más sensibles en este debate, pero no el único.
Solo a manera de contextualización y para dimensionar la amplitud e impacto sobre toda la sociedad de este debate político, las posiciones, a veces antagónicas, de las visiones extremas, se dan en temas como:
- Raza (favorecimiento o exclusión / racismo y antirracismo);
- Rol de la mujer (feminismo o no);
- La Iglesia y sus ritos, como consolidación de una moralidad o, en su defecto, la imposición sesgada de una visión;
- Papel de la familia (patriarcados y matriarcados, violencias de género, autoridad y poder);
- Alcance de los derechos y de las obligaciones, y su relación con políticas diferenciadas o beneficios dirigidos a determinados grupos. Igualdad de trato y mérito individual frente a políticas de acción afirmativa, representación o compensación de desigualdades históricas
- Igualdad y desigualdad social;
- Visiones en torno de las distintas concepciones sobre la relación entre sexo biológico, género, identidad de género y construcción social de las identidades;
- Derechos vs. deberes y el rol del Estado y las instituciones sociales al respecto, así como la tensión entre mérito, representación, participación democrática y autonomía en instituciones como la universidad;
- Subsidios del Estado o libre mercado;
- Sistemas de justicia social, penas y delitos;
- Rol de la historia, sus paradigmas, modelos educativos e incidencia sobre su impacto en el imaginario actual;
- Uso del lenguaje y formas como éste reproduce ideologías y relaciones de poder;
- El papel de los medios de comunicación, el arte y la cultura en la consolidación o no de esquemas de poder y sus creadores de contenido
- Rol de la Universidad para potenciar la evolución o la revolución; y Estado vs. Pueblo, entre otros muchos.
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¿Cómo entender el adoctrinamiento?
En una interpretación muy genérica, el adoctrinamiento y la ideologización se entienden también como proselitismo, propaganda, sectarismo, apostolado, reclutamiento (no todos los términos significan lo mismo y cada término también traen una carga ideológica, aunque algunos los entienden como sinónimos) que buscan convencer (no siempre por la razón, y a veces por los sentimientos o, incluso, a veces con la fuerza) para que las personas (estudiantes en este caso) sigan una determinada idea, corriente, moda, doctrina, pensamiento… actúen como ellos quieren y política, religiosa o filosóficamente los respalden. Dicho de otra forma, presentan una posición como moralmente obligatoria, deslegitimar las alternativas y utilizar sanciones académicas, laborales o disciplinarias contra quien discrepa.
No todas estas prácticas son ilegítimas. Algunas son políticas normales de protección contra discriminación (un debate interminable y borroso en sus fronteras). Se convierten en mecanismos de imposición ideológica cuando existe obligatoriedad de adhesión, ausencia de pluralidad o sanción al disenso.
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Algunas modalidades y prácticas de adoctrinamiento en las instituciones educativas
1. Modificación del currículo, agregando o eliminando algunas asignaturas, bibliografía, lecturas obligadas y lenguaje derivado de la interpretación de los textos.
2. Relectura ideológica de la historia, modificando la enseñanza de conceptos como colonización, esclavitud, conquista, independencia, capitalismo, religión, familia y conflictos sociales, entre otros. Hacerlo únicamente desde una determinada perspectiva cuando el tema requiere pluralidad o controversia académica.
3. Formación obligatoria, con obligación de adhesión como condición laboral, a los docentes en temas como sesgo inconsciente, privilegios, microagresiones, interseccionalidad, diversidad sexual, género, antirracismo, competencia cultural.
También, la financiación o publicación prioritaria (o el rechazo de las mismas) de investigaciones sobre género, raza, desigualdad, colonialidad, aborto, diversidad y justicia social, entre otros. El problema surge cuando la universidad financia solamente una hipótesis, penaliza resultados incómodos, condiciona financiación a conclusiones o excluye investigadores por sus opiniones.
Hay que recordar que la libertad de investigación forma parte de la protección de la libertad académica en Colombia.
4. Crear, eliminar o desconocer estructuras universitarias especializadas en temas como diversidad, equidad, inclusión, género, raza, discapacidad y orientación sexual.
5. Definir, eliminar o desconocer criterios en la contratación (por ejemplo de docentes) como metas de diversidad, representación de grupos, declaraciones DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión)…
6. Para la admisión o no de estudiantes, considerar cupos diferenciales, becas específicas, programas de acceso a grupos determinados, ponderaciones y preferencias.
Hay que aclarar que en Colombia existen efectivamente políticas de acceso diferencial en educación superior, incluidas becas, cupos diferenciales y otros mecanismos dirigidos a poblaciones determinadas. El propio Ministerio de Educación documenta este enfoque. Eso no es automáticamente una ideología radical y puede justificarse como política de compensación frente a desigualdades históricas. La controversia está en cuánto debe pesar la identidad frente al mérito individual.
7. Uso o rechazo de un lenguaje institucional obligatorio. Por ejemplo: lenguaje inclusivo; pronombres (él, ella, elle); denominaciones identitarias; evitar determinados términos; modificaciones de formularios; cambios en documentos oficiales, o denominación de estudiantes según su sexo al nacer o su identidad de género.
8. Políticas relacionadas con los baños, vestuarios, deportes, actuaciones grupales y alojamiento estudiantil, entre otras. Pueden ser utilizadas como instrumentos de reconocimiento de identidad de género o, desde el lado contrario, como mecanismos para reafirmar separación por sexo.
9. Educación sexual. Contenidos, enfoques y prácticas relacionados con la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, el consentimiento, las relaciones entre personas del mismo sexo, la identidad de género, la diversidad sexual, los comportamientos culturales de género y la prevención de violencias. El análisis debe considerar qué se enseña, con qué enfoque, a qué edad, con qué carácter obligatorio y si se garantiza la posibilidad de conocer y debatir diferentes perspectivas.
Una precisión necesaria, es que la presencia de contenidos relacionados con género, diversidad sexual, salud sexual y reproductiva, consentimiento o comportamientos culturales de género no constituye por sí misma evidencia de adoctrinamiento. En Colombia, algunos de estos contenidos forman parte del marco legal de la educación para la sexualidad y deben desarrollarse de manera gradual y acorde con la edad de los educandos. La cuestión que debe examinarse es cómo se enseñan esos contenidos, con qué materiales y fundamentos, qué perspectivas se presentan, si existe pluralidad académica y qué ocurre con quienes discrepan.
Esto puede complementarse con la existencia de “espacios seguros” o espacios de apoyo dirigidos a estudiantes LGBT, grupos étnicos, determinados grupos de género, poblaciones históricamente discriminadas o víctimas de discriminación. Su existencia no constituye por sí misma una forma de adoctrinamiento; la cuestión relevante es determinar si estos espacios cumplen una función de apoyo y protección o si se convierten en ámbitos de homogeneización ideológica en los que se excluye o sanciona el disenso.
10. Presencia, o no, de sistemas de denuncia de agresiones relacionadas con conductas y lenguajes racistas, sexistas, homófobos, transfóbicos, así como de aquellas que algunos pueden identificar con la llamada “Cultura de cancelación” (campañas contra profesores; boicot a conferencistas; presión en redes; peticiones para cancelar eventos; denuncias administrativas; expulsión de asociaciones; pérdida de posiciones laborales…)
11. Excluir sistemáticamente autores o materiales por sus posiciones ideológicas, independientemente de su pertinencia académica, o impedir que sean discutidos, tales como cuentos infantiles, literatura clásica, obras históricas, películas, artículos o autores considerados problemáticos. Esto se extiende a la invitación o veto de investigadores, analistas, políticos y hasta figuras de la farándula.
Asimismo, si hay o no “Decolonización” del currículo, que se traduce en incorporar determinadas perspectivas exclusivamente por razones identitarias y excluir sistemáticamente otras por su origen, tradición o identidad, sin justificación académica.
12. Participación obligatoria en activismo político, partidista o de adhesión a determinadas causas, especialmente cuando su contenido ideológico es presentado como obligatorio.
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Un criterio práctico para detectar “adoctrinamiento”
No hay una fórmula o sistema preciso para “medir” si hay o no adoctrinamiento y en qué grado en una institución educativa. Las anteriores enumeraciones ayudan a identificar presencia de posiciones ideológicas, aun cuando no es un termómetro preciso, mucho más cuando el sistema jurídico permite la pluralidad y fomenta el reconocimiento de la diversidad.
No obstante, hay unas conductas institucionales, derivadas de todo lo anterior, que sí se constituyen indicadores objetivos de posible adoctrinamiento institucional, tales como:
- Si se utiliza la autoridad institucional para imponer una determinada posición ideológica, independientemente de que ésta sea progresista, conservadora, religiosa, nacionalista o de cualquier otra orientación
- Si se presenta una sola explicación como verdad incuestionable
- Si se prohíbe o castiga disentir
- Si las evaluaciones o calificaciones dependen, explícita o implícitamente, de la adhesión a una posición ideológica.
- Si a los docentes se les exige una declaración ideológica
- Si se excluyen sistemáticamente autores o corrientes por sus posiciones ideológicas y no por razones académicas.
- Si se impide debatir determinadas posiciones
- Si se obliga a participar en actividades políticas
