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El diario El Tiempo, en su editorial, indica que la figura de la autonomía universitaria ha servido como cortina para ocultar conductas que terminan afectando gravemente el derecho a la educación, y por eso expresa la necesidad de apoyar proyectos como el de inspección y vigilancia. |
El escándalo que produjo la crítica situación financiera de la Universidad San Martín, cuyos propietarios habrían utilizado recursos de los estudiantes para financiar diferentes emprendimientos sin relación alguna con la educación, ha abierto la discusión sobre la necesidad de darle al Estado herramientas para ejercer una vigilancia y un control más estrictos sobre estos establecimientos.
Hay que decirlo sin rodeos: más que garantizar un margen de libertad para desarrollar proyectos pedagógicos exitosos, la figura de la autonomía universitaria ha servido como cortina para ocultar conductas que terminan afectando gravemente el derecho a la educación. En esa medida, en tanto se presenta un claro abuso, es necesario que el Estado reconsidere el alcance de dicha figura.
Como ya se ha planteado en estos renglones, existen razones suficientes para pedir una revisión de todo el armazón normativo con el fin de garantizar que situaciones lamentables como la que hoy registra aquella institución no se repitan. El proyecto de ley que le da facultades al Ministerio de Educación para sancionar a directivos y planteles a los que se les demuestren irregularidades es un paso necesario en dicha dirección.
Por los motivos ya expuestos, pero también por la función social del servicio que prestan, se justifica plenamente darle más “dientes” al Estado. La mencionada autonomía termina donde, por abusar de ella, se comienza a afectar el derecho a la educación, por no mencionar otros perjuicios que sufren los estudiantes de universidades sobre las cuales se levantan emporios económicos a costillas de la calidad de la enseñanza impartida.
Se trata de alcanzar lo básico: que los establecimientos de este tipo se dediquen a la pedagogía, no a las finanzas. Que no se conviertan en feudos inmunes a cualquier ejercicio de vigilancia o control. Que se les garantice a quienes depositan en ellos su confianza que su dinero será utilizado en función de lograr la más alta calidad posible de la educación que reciban y no los más altos rendimientos en otras inversiones que nada tienen que ver con su ámbito.
La lupa del Estado debe posarse sobre aquellos rubros que la experiencia reciente ha demostrado son los más proclives a la desviación de recursos, entre ellos la contratación de servicios y la adquisición de bienes, sin descartar un seguimiento más esmerado de los proyectos pedagógicos.
Ahora bien, la necesidad de tirar las riendas en el control del funcionamiento de dichos planteles no excluye la posibilidad de discutir, como ya se ventiló en este mismo espacio, un nuevo esquema en el que, bajo estrictas normas, se permita el lucro en tal tipo de actividades y así salirles al paso a las piruetas con las que se pretende asegurarse un margen de utilidad.
Pero hay que ir más allá de la vigilancia. Tan importante como garantizar la transparencia es lograr que las universidades se conecten con las necesidades de la sociedad, lo que implica, por ejemplo, desarrollar investigaciones que ayuden a resolver problemas concretos y coyunturales.
Bueno es recordar que aquí están en juego no solo los proyectos de vida de cientos de miles de jóvenes y sus familias, sino también la urgencia de que el país cuente con profesionales capaces y competentes, indispensables para construir una sociedad más igualitaria.
