Mayo/25 Bernal Alarcón, exrector universitario, advierte de los riesgos de postura ideológicas dictatoriales que inciden sobre a Universidad, a partir de lo que está pasando en Estados Unidos y en Colombia.
Alan M. Garber, rector de Harvard, acusó al gobierno americano de intentar ejercer un “control indebido y sin precedentes”. Garber dijo que las consecuencias de las acciones del gobierno serían “graves y duraderas”. El gobierno ha intentado controlar “a quién contratamos y qué enseñamos”. The New York Times[1].
No es de poca monta el enfrentamiento del Presidente Trump y su gobierno en contra de las universidades mundialmente reconocidas como Harvard y Columbia por razones políticas de coyuntura, como tampoco lo es la posición ideológica del actual gobierno de Colombia en contra de las universidades fundadas con recursos denominados “privados” y su actitud divisionista ante la unidad del saber y el conocer como notas propias de la ciencia y la academia, a la par que el atentado en contra del “Alma Mater” del país para la sola obtención de votos electorales, lastimando así la democracia en su sentido más real y más profundo. Las así denominadas izquierdas y derechas en sus posiciones extrema se unen y alían para el logro de objetivos “mesiánicos” pero totalmente improcedentes. Es cierto que se requieren cambios en esta era de transformaciones, pero algunos de ellos, como las políticas antiuniversidad producto de los extremismos ideológicos, son francamente retardatarias y con tendencia regresiva a la caverna.
Y es que la Universidad en su sentido más profundo, como instancia socialmente reconocida para la búsqueda “libre” del saber y para el fomento del aprendizaje en función de la promoción de la verdad, es por esencia – y no puede ser de otra forma – eminentemente autónoma. Por esa razón en una democracia que se precie de tal, el componente de la Universidad se institucionaliza en el ejercicio responsable de su autonomía. Los gobiernos sensatos la reconocen pero no la otorgan[1]. Y este ejercicio tiene como base la independencia crítica, la praxis del método científico, la selección de las disciplinas del conocimiento, el nombramiento de las directivos, la construcción de comunidades de docencia y aprendizaje, el establecimiento de procesos objetivos y verificables de evaluación y reconocimiento del saber, la puesta en funcionamiento de sus mecanismos de administración y selección de sus estudiantes y profesores, y el manejo presupuestal. Cuando se atenta contra algunos de ellos, como ocurre actualmente en el caso de los gobiernos de USA y de Colombia, se está atentando contra la misma democracia, con el peligro de desarrollar a continuación un proceso político de dimensiones nacionales, peligrosamente autoritario, dictatorial y regresivo.
Es cierto además que no todas las instituciones de educación superior son Universidades. La verdad es que solo son pocas las que logran los avances en la exploración del conocimiento y el acercamiento a la verdad. El método científico riguroso y los avances en la formulación de las leyes generales propias de las disciplinas del conocimiento solo se dan en solo en algunas de ellas. La formación de profesionales se da en todas ellas. Por lo que se puede afirmar que no todas las instituciones de educación superior son universidades, si bien todas las universidades sí actúan como agencias de educación en lo superior, pero su conformación va mucho más allá en lo que respecta a su tarea como agentes de producción del conocimiento.
Esto permite por un lado que los gobiernos, las iglesias, los partidos políticos, las empresas, el ejército, los grupos productivos o las agencias prestadoras de servicio puedan involucrarse como agentes de educación superior a través de instituciones especialmente diseñadas para formar en competencias y acreditar habilidades y manejadas de acuerdo a sus criterios, intereses, propósitos, creencias e ideologías. Pero por otro lado dichas instituciones así conformadas no tienen acceso al reconocimiento de la autonomía académica propia de las universidades[2]. Por eso en la Constitución de Colombia solo se le atribuye dicha cualidad a las verdaderamente consideradas como universidades. (Artículo 69).
Si bien de acuerdo con esta doble realidad propia de todas las instituciones de educación superior, se reconoce también la necesidad de supervisar y promover la calidad del servicio educativo por parte de los gobiernos, como una función de defensa del bien común, que es en sí misma una característica propia de la educación superior. La Universidad como tal no es un bien público, si bien su ejercicio y sus resultados, como el de todas las instituciones de educación superior es generador del bien común. Ahí están los límites y alcances de la supervisión e injerencia por parte de los gobiernos democráticamente constituidos.
En resumidas cuentas, tanto las acciones adelantadas por el Gobierno de USA en contra de Harvard y Columbia, como las políticas divisionistas y destructoras de la autonomía universitaria adelantadas por el gobierno de Colombia en contra de la Universidad Nacional y en contra de las universidades del sector no oficial, son violatorias de las constituciones propias de los estados democráticos y en mala hora, conducentes al establecimiento de condiciones autoritarias y dictatoriales, y por lo tanto antidemocráticas.
Por su parte es preciso reconocer también que no todas las instituciones de educación superior, oficiales y financiadas por el Gobierno, son Universidades. La mayoría son solo Instituciones de Educación Superior profesionalizantes, y como tales y por decisión de sus comunidades locales, pueden estar al servicio de los propósitos del gobierno de turno. Tal como en realidad está ocurriendo. Así también el Gobierno podrá prometer y establecer instituciones de este tipo, que falsamente serían llamadas universidades.
¿Es este exabrupto, por casualidad, el nuevo sentido de lo que se quiere sacralizar como PROGRESISMO?
[1] “LEY 30 DE 1992: ARTICULO 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
[2] El reconocimiento de la autonomía universitaria significa que las universidades tienen la libertad de dirigir sus propios asuntos internos, como la creación de sus estatutos, la designación de sus autoridades y la definición de sus programas académicos. Este reconocimiento se encuentra garantizado constitucionalmente en Colombia, como lo establece el artículo 69.
[1] https://www.nytimes.com/es/2025/04/22/espanol/harvard-demanda-trump-fondos.html
