Ayudas para las IES privadas, un asunto de equidad: Lorenzo Portocarrero – julio/21

Para el exrector de la pública IES Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrera Sierra, el Estado también debe valorar el esfuerzo de la IES privadas y apoyarlas financieramente.

La crisis mundial generada por el COVID-19 viene provocando una sacudida sanitaria de consecuencias impredecibles y socavando seriamente las estructuras socioeconómicas de Colombia. Y las IES no han sido la excepción.

Casi de la noche a la mañana, las instituciones que prestan el noble servicio de educación superior (IES), tanto públicas como privadas,  en sus cuatro tipologías: universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas  e instituciones técnicas profesionales, cerraron sus plantas físicas por causa de la pandemia, lo que ha afectado fuertemente el funcionamiento del sistema educativo en el plano financiero para su sostenimiento; así como por la suspensión de actividades presenciales, para lo que no estaban preparadas, en una situación sin precedentes con consecuencias en cascada en los proyectos de vida de los estudiantes y sus familias.

Para el caso de las instituciones públicas, los apoyos gubernamentales y propuestas como la Matrícula Cero harán que los resultados sean menos catastróficos; esta última que cubrirá al 97% de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 para los períodos académicos 2021-1 y los dos semestres de 2022, es decir, un número de beneficiarios muy representativo que oscila en cerca de 667.000 estudiantes; iniciativa de alivio financiero anunciada por el presidente de la República Iván Duque Márquez y la ministra de Educación Nacional María Victoria Angulo González, que las IES públicas y diferentes organizaciones como el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCÚN), la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (REDTTU), la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria (ACIET), el G8 de Antioquia (UdeA, U.N, EAFIT, UPB, CES, EIA, UdeM, La Salle), el G7+1 (I.U. TdeA, I.U. Politécnico Colombiano JIC, I.U. Digital, I.U. ITM, I.U. Colegio Mayor de Antioquia, I.U. Pascual Bravo, I.U. de Envigado, I.T. Superior de Artes Débora Arango), entre otras, han valorado y agradecido. Es de anotar que, en la actualidad, estos colectivos claman por la asignación y entrega oportuna de los recursos que apalancan el desarrollo académico y administrativo, acorde con los planes de desarrollo y planes de acción de las organizaciones educativas.

Hay que reconocer el gran esfuerzo financiero que hace el Gobierno Nacional para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y, muy especialmente, ayudar a muchos hogares en estos momentos de crisis socioeconómica, que amenaza la permanencia de los jóvenes en los programas educativos por la falta de recursos para cumplir con los pagos de matrículas. En tal sentido, son fundamentales dichos alivios, que se espera, tal como se anunció, convertirlos en política de Estado y, así, brindar una real oportunidad para los estudiantes de menores recursos en Colombia. Este anuncio es histórico y digno de valoración por todos los sectores del país.

Sin embargo, el problema es generalizado. Las universidades e IES privadas colombianas han llamado igualmente la atención del Gobierno por el impacto negativo que ha tenido la emergencia del COVID 19 en sus instituciones. Los números confirman que hubo una importante reducción en sus ingresos operacionales, debido a la caída de la matrícula y la venta de servicios académicos, como resultado de la pandemia. En su gran mayoría mantienen una dependencia, en más del 90 %, en matrículas de estudiantes de pregrado y posgrado, así como una pequeña parte en ingresos por otros eventos de extensión, que se han venido reduciendo gradualmente. Un panorama difícil que afecta los indicadores de cobertura y permanencia, en muchos casos, que pone en peligro la sostenibilidad y viabilidad de las instituciones.

Necesariamente, las IES privadas han recurrido a todo tipo de estrategias en su deber de apalancar, mediante descuentos en la matrícula, financiación a mediano plazo, pague uno e ingresen dos, el segundo con matrícula de solo el 50%, becas de asistencia, entre otras; dada las afectaciones económicas de familias pertenecientes a todos los estratos. Así mismo, los procesos de inscripción de estudiantes nuevos han sufrido una desaceleración, que afecta también los flujos de caja de este tipo de organizaciones.

Por ello, los propios rectores han expresado, por diferentes medios, su clamor por la preocupante y difícil situación económica de las IES privadas, solicitándole al gobierno nacional el apoyo y nuevas estrategias para salir adelante y coadyuvar con la sostenibilidad y, sobre todo, favorecer  a cientos de estudiantes cuyas familias padecen el rigor de la crisis, que actualmente no cuentan con la ayuda que sí reciben sus conciudadanos de las instituciones estatales, así muchos de ellos estén en igualdad de condiciones socioeconómicas.

Los representantes legales, desde sus premisas de la ecuación 3E + C (Eficiencia, Eficacia y Economía orientada a la Calidad), en el sector de la educación superior, han clamado y continúan haciéndolo para que el Estado atienda de manera global e integral estos problemas que impactan a sus comunidades y que, de no actuar oportunamente, podría comprometer la permanencia y el acceso a la educación superior de cientos de jóvenes de todos los rincones de Colombia, en el que tienen asiento 83 instituciones de educación superior oficiales y 214 privadas.

Desde el escenario actual, complejo y difícil, que de una u otra manera ha  beneficiado a las IES públicas con los recursos de gratuidad o matrícula cero, es justo resaltar el esfuerzo que han llevado a cabo las IES privadas durante la crisis sanitaria con diferentes programas de becas y descuentos, como se mencionó antes, para las familias que lo requieren, gracias al uso de recursos propios, créditos, utilización de reservas patrimoniales, así como la gestión de ayudas de distintas organizaciones.

Si bien es cierto que las IES son sin ánimo de lucro, también hay que entender que tampoco lo son con ánimo de quiebra, que brindan un servicio público, que deben perdurar con calidad en el tiempo, que desarrollan una función social; hoy, sus estados económicos son precarios, con limitaciones presupuestales, incluso, antes de la pandemia ya han requerido de otros recursos para el soporte de la programación académica mediada por las TIC. Por ello, con el Estado se tiene la responsabilidad de hallar alternativas colectivas como apoyo generalizado en estas difíciles circunstancias a las instituciones de educación superior privadas, así como ya lo ha hecho con las públicas, luego del gran pacto firmado con estudiantes, rectores y otros actores. Es cuestión de equidad.

Otro elemento que será necesario atender corresponde a los procesos de alta calidad, donde los factores económicos se integran necesariamente a los financieros. Es contundente y real la afirmación de que sin recursos difícilmente se alcanzan condiciones de alta calidad. Y, así como los diferentes sectores económicos y sociales requieren ayuda en estos momentos difíciles, la educación superior, que tiene una alta responsabilidad con la sociedad, pues es la encargada de preparar los profesionales del futuro para el progreso del país, también. Invertir en educación superior es primordial para garantizar un sistema socioeconómico competitivo y propiciar el avance y vanguardia de estas y próximas generaciones.

Desde el mirador de la esquina de la educación superior de Colombia, como ciudadano del corriente enarbolo esta reflexión, que pido sea rigurosamente examinada por las instancias pertinentes, con los argumentos legales, pero también desde la óptica del bienestar académico de muchos jóvenes que ven truncados, al igual que su familias, su formación superlativa en algunas instituciones de educación superior públicas, más hoy con el desorden social propio de menesteres ajenos a muchos estudiantes, profesores, y ciudadanía en general, pero que en última instancia terminan perjudicando a miles de alumnos que ven en la educación, como es lógico, la mejor salida para su propio bienestar como el de sus allegados.

Por todo esto, el boom de la matrícula cero para las Instituciones de educación superior publicas IESP, será una salida fundamental como pilar del conocimiento y progreso personal de los estudiantes, pero daría pena ajena y dolor de patria, como las IES privadas no puedan acceder a este tipo de alivios que de una u otra manera redunda en la misión de país, como en el bienestar colectivo nacional, comprendiendo, desde luego, las limitaciones de tipo legal que puedan existir, pero se debe buscar salidas, introversiones formales y circunspectas en el marco de la ley, que permitan a las IES privadas, ser actores de primer orden del complejo sistema de educación superior nacional. Seguramente, los mismos estudiantes, sus familias y sociedad juzgarán este hecho como razonable en su justa dimensión y proporción.

Ahora bien, no se trata entonces de menguar los recursos ya comprometidos por el gobierno nacional con las IES públicas, ni mucho menos entregar por entregar dineros a las privadas, tampoco repetir la historia de Ser pilo paga, sino buscar mecanismos alternos en el marco de la ley, para oxigenar financieramente requerimientos de las IES privadas que atienden estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, las que se caracterizarían por tipologías y necesidades reales de apoyo y colaboración, cuando fuere del caso, previo los estudios técnicos de rigor.

Vale tener presente, entonces, que cada estudiante es un proyecto de vida, que hay que atender y guiar de manera digna, honesta y pudorosa, para que el mañana no sea tarde, aun con la dificultades propias de un país en vía de encontrarse en su propio desarrollo, con complejidades propias de los momentos actuales de la mundialización del conocimiento, que a veces pueden poner en vilo la gobernabilidad, pero que en última instancia necesitan educarse en las IES públicas o privadas, con valores y principios propios de la unidad familiar y la convergencia propositiva de los docentes encargados éticamente de formar buenos ciudadanos, independiente del tipo de IES donde se culminen los estudios.            

Me uno a las voces de muchos rectores, cuando se invita a las IES y a la comunidad académica del país para buscar convergencias con el fin de proponer soluciones a la actual crisis que vive nuestra sociedad y: “construir una Colombia en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible”.

Finalmente, esta reflexión solo busca que las IES privadas acompañen al gobierno nacional con su apuesta de evitar la deserción estudiantil y ampliación de cobertura, como trabajar mancomunadamente en sinergia con las IES públicas, en su rol de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, de una parte; de otra, cavilar sobre una potencial cooperación por parte del gobierno nacional de financiación por los medios formales y legales, para que las IES privadas encargadas de atender hoy 1.143.796 (SNIES: consulta 30 de junio de 2021) colombianos del sistema de educación superior del país, equivalente a 48,6% del total de la cobertura, puedan aliviar un poco el peso del momento aciago que vive, no solo Colombia, sino el mundo, por lo que podría inferirse, que las presentes generaciones y próximas descendencias que estudian en estas instituciones, quedarán altamente agradecidas.

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