Feb/26 Para Cadavid, profesor titular de la U. de Antioquia, la autonomía universitaria ha servido para que las élites se perpetúen en el control, por lo que -sugiere- democratizar gobiernos universitarios y frenar prácticas clientelistas.
El concepto de autonomía es retórica, una referencia ajena a la que recurren las élites burocráticas universitarias que representan políticos tradicionales y grupos de empresarios, quienes secuestraron las universidades para ellas. La universidad , para ellos, es solo un botín de contrataciones, burocracia y nóminas paralelas. Un lugar para ejercer el despojo de lo público. Por eso intentan perpetuarse distorsionando el concepto de autonomía universitaria que siempre rechazaron.
El Manifiesto de Córdoba dice: “Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico”. Y está claro: es aplicable al sistema universitario colombiano, este es tradicional y autoritario.
– Su sistema de designación de rectores y autoridades universitarias es endogámico; no es, ni ha sido democrático. Prevalecen las restricciones democráticas, la cooptación y la designación arbitraria que ejercen los caciques de la politiquería tradicional, aliados a grupos de empresarios infiltrados sin escrúpulos que no reconocen, vetan y discriminan la presencia de las empresas de economía solidaria y a los pequeños y medianos empresarios en la designación de sus representantes en la universidad. Sus representantes son cuotas que los caciques políticos regionales los designan a dedo.
– Es así como en las IES y las universidades regionales, como la Universidad de Antioquia, blindaron su control en los estatutos universitarios y convirtieron su manejo en un carrusel de exrectores y directivos y académicos donde operan, como puerta giratoria, para perpetuarse y privatizar los recursos públicos en su beneficio.
Esas castas universitarias de adentro y de afuera se adueñaron de las universidades y las instituciones de educación superior. Sus rectores son sus mayordomos, sus agregados, cuya misión principal es cuidar y garantizar sus beneficios de contratación y tener el control de cargos burocráticos en las universidades. Todo eso no tiene nada que ver con el concepto de autonomía universitaria que consagra el Manifiesto de Córdoba, que dice:
“La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen”. Así se expresa la determinación de los estudiantes para cambiar ese sistema, ese carrusel de delincuencia institucional.
Los estudiantes, profesores y demás estamentos son ciudadanos que ayer, como hoy, reclaman ejercer su mayoría de edad. Se “reclama un gobierno estrictamente democrático”: se exige un gobierno universitario democrático y participativo.
Reclama:
“El demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes” (el demos, dēmos, que en la antigua Grecia, fundamentalmente en Atenas, se refería al “pueblo” o conjunto de ciudadanos con derecho a voto que constituía la base de la demokrati y la comunidad). Un demos universitario donde se establezca que los estudiantes, la comunidad universitaria y la sociedad tienen el derecho de decidir sobre su propio gobierno, es decir, que se ejerza con legitimidad democrática la autoridad.
“La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino (consensuando) sugiriendo, amando y enseñando”: la autonomía universitaria critica la autoridad sin legitimidad democrática y sin moral, y rechazamos en especial aquella que se perpetúa y crea reglamentos que se convierten en escudos que los vuelve inamovibles. El concepto de autonomía promueve una relación más horizontal entre profesores, estudiantes, comunidad universitaria y sociedad y permite la revocatoria de mandato de funcionarios incompetentes y corruptos.
Dice el Manifiesto de Córdoba: “La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes”. Es decir, expresa la exigencia o presencia activa de los estudiantes, la comunidad y la sociedad, estos deben tener una voz y voto decisorio en el gobierno universitario.
La lucha por la autonomía universitaria, la democratización y la participación estudiantil en el gobierno de las universidades no es un concepto o recurso para legitimar la politiquería, la incompetencia. La autonomía universitaria no se puede invocar para defender el despilfarro de recursos de la universidad, el clientelismo rampante y la politiquería en los cargos de dirección, la corruptela en la contratación, la parcelación de la institución por los cacicazgos académicos o de exrectores y gremios empresariales infiltrados, ni permitir el abuso de la contratación interadministrativa en beneficio de políticos, funcionarios docentes o de las roscas rectorales de empresarios y políticos corruptos. La democracia universitaria es una veeduría social de las decisiones administrativas y académicas.
Lo que se ha ejercido en estos meses en la gestión de la UdeA incluye practicas de los últimos 35 años y es todo lo contrario a la defensa de la Autonomía Universitaria. Lo que prevalece entre nosotros es el abuso de poder, el carrusel burocrático y la antidemocracia universitaria ejercida por grupos y castas que han capturado su control para beneficio propio.
