Agosto 27/23 Lo que pasó con la ministra en la protesta estudiantil en Unicauca obligará al gobierno a desembolsar recursos no programados para gratuidad educativa y deslegitima el rol de delegados y rectores de universidades públicas en las protestas de sus estudiantes.
Lo sucedido en la Universidad del Cauca abre la puerta para que todos los estudiantes de todas las IES públicas que hoy no cuentan con el beneficio de matrícula cero, comiencen a exigirlos inmediatamente y a que el Gobierno tenga que dárselo.
Ministra Vergara aprobó hacer una excepción a los estudiantes de Unicauca y, por defecto, deberá aplicarla a todos los estudiantes de IES públicas que estén en la misma condición.
Esta es la historia
En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la educación superior colombiana, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, en su condición de máxima responsable del Ejecutivo en temas de educación, se desplazó hasta el lugar en que un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca (4 en concreto), se habían encadenado a las puertas de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de esa IES para exigir al Gobierno Nacional que les exonerara a ellas y a cerca de 3600 estudiantes más de los pagos de matrícula que debían hacer por no cumplir los requisitos, fijados por el propio gobierno, para ser beneficiarios de la llamada Matrícula Cero.
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La protesta se inició el miércoles, luego de que la intermediación del Ministerio de Educación (Eliana Mendieta) y los directivos de la Universidad no llegaran a un acuerdo, y de que las estudiantes hallaran el respaldo de sus compañeros que decidieron marchar y declarar asamblea permanente.
Y dos días después, el viernes, llegó la ministra Aurora Vergara hasta el lugar de la protesta, en Popayán. Públicamente diálogo con los estudiantes y se comprometió a que no obstante los más de tres mil estudiantes afectados no cumplían con los requisitos definidos por el propio Gobierno para entregar la gratuidad, el Ministerio sí les daría el beneficio para que no paguen un peso y levanten la protesta, como efectivamente sucedió.
“Nuestro compromiso es que con recursos del Presupuesto General de la Nación vamos a reconocer el valor de la matrícula de los y las estudiantes de la Universidad del Cauca que cumplen con los requisitos de la Política de Gratuidad para 2022 y 2023. Y para los estudiantes que fueron notificados como no beneficiarios de la política para 2022, se definirán mecanismos alternativos de financiación con el apoyo del gobierno departamental y la universidad. Serán 3.642 estudiantes los beneficiados con este acuerdo”, anunció la ministra, ante la Asamblea Estudiantil de la Universidad del Cauca.
Además, anunció que se garantizará el reintegro de los recursos a los estudiantes beneficiarios que habían realizado el pago previamente y que se establecerá una mesa de diálogo para la construcción colectiva y el ajuste de los requisitos de la nueva Política de Gratuidad que iniciará en el 2024-1. “Vamos a cambiar la manera como se está desarrollando la Política de Gratuidad. El 2023 es un año de transición que nos permitirá definir los ajustes que se requieren para hacerla más efectiva, en el marco de la reglamentación de la Ley 2307 sancionada el pasado mes de julio por el Presidente Gustavo Petro”, afirmó.
La ministra, cuya presencia fue pedida tras las rechiflas a sus delegados días antes, salió aplaudida por los estudiantes que, en plena calle, le escucharon (foto). Los protestantes demandaban sus exigencias porque “como estudiantes somos los dueños de la Universidad”. En respuesta, la ministra dijo que con decisiones como la tomada por el gobierno “la educación de este país va a reflejar la dignidad de cada persona”.
Contexto político e impactos de corto y largo plazo
¿A qué se debió la celeridad, poco común, en la actuación de Mineducación?
Son diversas las hipótesis al respecto. Lo claro es que los hechos indican que hubo una pronta y ejecutiva actuación de parte de la ministra, y que eso le significó un punto a su favor y el posible respaldo de los estudiantes de la Universidad del Cauca frente a sus políticas, especialmente la intención de radicar la propuesta de ley estatutaria en próximos días.
La queja de los estudiantes no es nueva y ya se viene haciendo de meses atrás de parte de estudiantes de diversas IES públicas del país. Esto es, que no consideran justo que las políticas de gratuidad dejen por fuera a estudiantes que no son de estratos 1,2 y 3; que no están de acuerdo que los mayores de 28 años o quienes ya cursan o han cursado un programa en una IES pública sean beneficiarios y que la gratuidad debería extenderse al posgrado.
¿Por qué se atendió particularmente la queja de Unicauca y no la de otras IES oficiales: porque los otros estudiantes no se encadenaron, porque no son del Cauca que es la región del país que ha demandado una mayor y muy especial atención de parte de este Ministerio de Educación, porque los exrectores de Unicauca José Luis Diago y Juan Diego Castrillón Orrego son candidatos del Pacto Histórico para la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca en las elecciones que se harán prontamente y que requieren respaldo por ser afines al partido del presidente Petro, o porque la ministra quiere mostrar un estilo de gerencia directa sobre los problemas luego de que no ha logrado consolidar un co-equipero de peso en el Viceministerio de Educación Superior?.
Lo cierto es que lo hecho, hecho está, y sus impactos tiene una magnitud de gran importancia, que incidirán en la forma como el gobierno actúe en adelante frente a los conflictos estudiantiles.
Situaciones de protesta como estas no son inusuales en muchas universidades públicas, y son incontables los casos en los que estudiantes de muchas de estas duran días enteros acampando, en huelga de hambre y en anormalidad académica, demandando muy variadas peticiones (muchas veces justas y otras muchas veces exageradas), hasta que la concertación con las directivas logra que se terminen las protestas.
Y también es claro que en medio de un gobierno que se ha valido de la protesta social para lograr sus objetivos, será la misma protesta social la que le cobre y exija todas aquellas cosas que los estudiantes consideren que le son debidas y también, que de aquí en adelante, especialmente para los trámites de legislativos, el Ministerio posiblemente será presionado por diversos movimientos estudiantiles del país para recibir beneficios a cambio de apoyos.
Según Emanuel Espinel, representante de los estudiantes de Unicauca, la ida de la ministra representó “una victoria del movimiento estudiantil”, pues no se había dado que un ministro(a) de Educación discutiera directamente con los estudiantes en la plaza pública.
Y más allá de lo novedoso que pueda resultar la foto de la ministra en la calle con los estudiantes, y de la muy segura exigencia que se extenderá de parte de estudiantes de otras IES para que la gratuidad los cobije, Aurora Vergara Figueroa sentó un llamativo (para algunos maravilloso y para otros preocupante) precedente, y es que con su acción terminó deslegitimando la autoridad y capacidad de interlocución y negociación política de los delegados representantes del Gobierno Nacional en los Consejos Superiores, de las distintas comisiones que se envíen desde el Ministerio de Educación, y de la capacidad y autonomía para la acción de parte de los mismos directivos y rectores de las IES públicas, todo porque en adelante -ahora sí con un precedente- las diversas protestas y movimientos estudiantiles demandarán obligatoriamente la presencia del titular de la cartera de Educación.
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