Julio 28/25 La decisión de la Universidad de Columbia de “arrodillarse” a las exigencias del gobierno Trump se debate entre el fin de la libertad académica a manos del gobierno y la posibilidad de subsistir con recursos para otras áreas. La reconocida universidad sacrificó una parte para recuperar otra, pero está en duda el costo real de ese sacrificio.
El anuncio de Columbia
Luego de que Columbia, así como otras grandes universidades privadas de Estados Unidos, fueran puestas contra la pared por el gobierno del presidente Donald Trump, por haber permitido, entre otros, protestas antisemitas en sus campus, el gobierno les recortó recursos federales, de miles de millones de dólares por no ceder a sus peticiones de realizar controles, evitar las protestas y eliminar políticas de diversidad e inclusión, entre otras.
Universidades como Harvard, Cornell, Northwestern, y Princeton enfrentan presiones similares, con congelación o amenaza de hasta 9.000 millones USD en fondos a menos que cumplan exigencias similares.
Aunque algunas universidades han tratado de resistir, Columbia decidió aceptar pagarle 221 millones de dólares al gobierno, como sanción por las acusaciones de antisemitismo y 21 millones para resolver reclamos ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).
A cambio de esto, el financiamiento federal (cerca de 1.000 millones anuales en proyectos e investigación) fue restablecido parcialmente a Columbia tras el acuerdo.
¿Por qué se dio la situación?
En marzo de 2025, tras intensas protestas pro‑palestinas en su campus, la Universidad de Columbia fue señalada por el gobierno federal de permitir actos de antisemitismo y de no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos. Como consecuencia, se le congelaron 400 millones de dólares en subvenciones federales, incluyendo contratos de investigación críticos. Estos fondos representaban aproximadamente el 20 % del presupuesto operativo (de unos 6.600 millones USD), usados para salud pública, educación y servicios médicos.
La administración Trump impuso un ultimátum: Columbia debía implementar al menos nueve reformas en sus políticas, tales como restringir protestas en edificios académicos, prohibir el uso de mascarillas en manifestaciones (salvo razones médicas o religiosas), fortalecer la presencia policial en campus, y hasta revisar la conformación de sus departamentos de Estudios del Medio Oriente, Asia del Sur y África bajo supervisión externa.
Lo que había aceptado Columbia
El 21 de marzo de 2025, Columbia aceptó prácticamente todas las demandas:
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Prohibición de protestas dentro de edificios académicos.
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Contratación de 36 agentes de seguridad con poder de arresto.
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Prohibición de mascarillas en protestas encubriendo identidad
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Nombramiento de un nuevo viceprovost sénior para revisar los programas sobre Medio Oriente, Estudios Árabes, el Centro de Palestina, y otros centros y departamentos relacionados; incluyendo ampliación de diversidad intelectual y supervisión curricular
Además adoptó la definición del IHRA de antisemitismo y se comprometió a eliminar prácticas de contratación o admisión basadas en criterios de raza o cuotas DEI, bajo la vigilancia de un monitor independiente (Bart Schwartz, de Guidepost Solutions) que informará cada seis meses al gobierno.
Impactos inmediatos
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Más de 70 estudiantes de Columbia fueron sancionados por participar en manifestaciones: expulsiones, suspensiones y revocaciones de grados
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Despidos masivos: Columbia anunció el despido del 20 % de su personal vinculado a los fondos suspendidos—alrededor de 180 empleados
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Renuncia de la presidenta interina Katrina Armstrong, reemplazada por Claire Shipman, quien asumió el cargo mientras avanzaba el acuerdo
Reacciones de la comunidad académica
Organismos como AAUP y la AFT presentaron una demanda federal, acusando al gobierno de usar extorsión estatal para someter el campus: “Esto va más allá del combate al antisemitismo; es un ataque a la libertad académica, la investigación pública y la expresión crítica”.
Líderes como Todd Wolfson (AAUP -Asociación Americana de Profesores Universitarios) y grupos como FIRE – Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión- y PEN América denunciaron que Columbia fue incapaz de resistir, incluso excediendo las demandas iniciales. También expertos como Erwin Chemerinsky (UC Berkeley) advirtieron que esta cesión gestiona un precedente que podría aplicarse a otras universidades.
Al Jazeera y otros señalaron que académicos como Sarah Leah Whitson calificaron el acuerdo como una forma institucional de “control político” sobre qué se enseña, habla o estudia, y alertaron que “quien permanezca en silencio, será la siguiente víctima”.
El caso de Harvard University
Ante la presión gubernamental, por situaciones similares, que llevó a que la Casa Blanca congelara aproximadamente 2.2–2.6 mil millones de dólares en subvenciones federales e incluso amenazó con revocar su estatus como organización educativa exenta de impuestos, además de prohibir (temporalmente) la admisión de estudiantes internacionales, Harvard respondió con demandas judiciales, alegando que la administración excedía su autoridad y violaba derechos constitucionales. El caso está en curso judicial. Su postura ha sido interpretada como emblemática y generó el respaldo de más de 150 presidentes de universidades que firmaron una declaración colectiva en rechazo a la intromisión federal.
¿Vale más el dinero que la autonomía?
Este acuerdo plantea una reflexión urgente: la búsqueda de financiamiento institucional —en este caso, el restablecimiento parcial de cientos de millones de dólares— implicó cambios profundos en políticas universitarias, currículo académico, supervisión externa y control del discurso interno.
Aunque Columbia pudo salvar financieramente parte del apoyo federal, lo hizo a costa de sacrificar confianza interna, investigación independiente y su capacidad de definir sus propias normas académicas.
La pregunta persiste: ¿qué costo tiene para la libertad académica aceptar condiciones políticas a cambio de dinero público?.
