Julio/23 Ricardo Ernesto Torres Castro, exrector de la Santo Tomás en Medellín, y decano de esa Universidad, cuestiona la reforma a la educación y dice que la ministra “no supo integrar las necesidades del sector y dejó ‘en la silla vacía’ a las universidades privadas del país”. Tomado de Diario Criterio.
Frente a la oleada de reformas que el actual Gobierno está proponiendo, la de educación no solo despierta mi interés, sino que me preocupa profundamente.
Hay que decirlo sin titubeos, ¡esperaba más! Mucho se habla de educación, pero cabe resaltar que, frente a tanto predicador, hace falta realmente técnicos de la educación que puedan orientar el debate.
Quisiera dedicar esta columna concerniente a la educación superior, en consecuencia, a la Ley 30 de 1992: disminuir el perfil de acceso al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex); favorecer la inclusión y la identidad de género, mayor participación en los gobiernos por parte de la comunidad de estudiantes y profesores; mayor bienestar y más recursos para las Instituciones públicas de educación superior, entre otros.
Frente al tímido llamado que han hecho instituciones como Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), algunos rectores, tal cual senador, lo cierto es que la reforma está orientada para favorecer las instituciones públicas, dejando a las privadas relegadas y discriminándolas del ejercicio reformista. También debo decir que ante semejante actitud del Gobierno, ninguna voz se levanta, ningún liderazgo sale al ruedo de parte de las universidades privadas a señalar lo que para mí es un atropello.
Frente a la renuncia inesperada de la viceministra Ana Carolina Quijano Valencia, el ambiente universitario es de zozobra.
El Gobierno del Cambio no les da a las universidades en Colombia elementos para transformar sus estructuras institucionales, su intencionalidad y mucho menos la proyección de futuro que debe tener la educación en el país. Al parecer, lo que llamamos reforma es una revisión de algunos artículos de la Ley 30.
Lo cierto es que, para hacer una verdadera reforma de la educación en el país —que es más urgente que otras reformas—, el ejercicio debe darse con calma, de una manera participativa y entendiendo qué es lo que denominamos el sueño de país.
Con el marco nacional de cualificaciones, el tránsito por niveles de formación entre la secundaria, la técnica laboral, profesional, hasta llegar al posgrado, abrió una ruta para que las universidades ampliaran su oferta, garantizaran cobertura y, con el decreto 1330 y el cambio sustantivo de un registro único, se garantizara el desarrollo por competencias en el territorio nacional.
Aun así, cada vez llegan universidades extranjeras al Colombia ofreciendo educación virtual, sirviendo como anclas para que las mismas IES aumenten el número de estudiantes y canibalizando el mercado. ¿Por qué la reforma no atiende este fenómeno? Es que libre mercado no es deterioro de los derechos fundamentales ni de las instituciones del país.
Cuando se empezó a hablar de la reforma a la educación, yo me imaginaba que se iban a asignar más recursos para el marco nacional de cualificaciones, los incentivos que articularían al SENA con las universidades del país, la urgente modificación al sistema de calidad y el nefasto Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), la integración de nuevas tendencias del conocimiento y tecnologías, la orientación epistemológica de los programas académicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la desglobalización y la promoción de la interculturalidad.
Hay que decirlo: a la que llamaban la mejor ministra del gabinete se rajó. No supo integrar las necesidades del sector y dejó ‘en la silla vacía’ a las universidades privadas del país.
El documento recoge la preocupación de los rectores de las IES públicas sobre la reforma de los artículos 86 y 87, no siendo el Índice de Costos de la Educación Superior (IPC) el eje rector de las transferencias y mejorando las mismas. La reforma le quita funciones al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), eso sí, aumenta sus miembros, algo que suena a mermelada.
Para aquellas universidades que se denominan multicampus, estas tienen una ventaja en el modelo de participación, integrando el nuevo sistema de IES estatales, que reúne no solo a las públicas, sino a las integrantes de la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (TTU), veo positivo que, al menos, hay un interés por unificar criterios a este nivel.
Al eliminar el artículo 27, desaparecerían los exámenes de estado y, como consecuencia, deja abierto el canal para que el CESU proponga estrategias. Este punto es bastante crítico, ya que no sabríamos entonces cuál sería la escala de medición de la calidad de la educación superior en el país.
Otro punto que es urgente revisar tiene que ver con el porcentaje de recursos que se destinarían al bienestar universitario, pasando del 2 % al 5 %: duro golpe a las finanzas de la IES privadas del país.
Sigue siendo desconcertante la ausencia de debate de las universidades privadas. Sume a esto la reforma a Icetex y la carga impositiva que las IES van a tener.
Es importante abrir este debate que, al parecer, los rectores de las universidades no están dando.
¡Pilas! Recuerden que en 15 días se deben entregar al Ministerio de Educación las propuestas o cambios que el documento final debe tener, ya que la ministra está con el acelerador puesto y, para calmar conciencia, abrió una pequeña tribuna virtual para hacer llegar las impresiones.
No nos podemos quedar callados y tenemos la obligación moral de prender las alarmas frente a esta situación.
