Oct 24/18 “Es injusto que algunas universidades privadas, con fachada de ser fundaciones, estén exentas de impuestos pero repartan utilidades debajo de la mesa. Las que quieran hacer negocio, que paguen impuestos y se conviertan en nueva fuente de financiación para las U públicas”, propone el representante Samuel Hoyos.
La iniciativa del congresista del Centro Democrático, por Bogotá, busca generar recursos en un momento en que se discute la falta de los mismos por parte del Estado.
La propuesta recuerda el debate vivido en 2011 cuando se pretendió reformar la Ley 30 y permitir alianzas público – privadas y se habló del ánimo de lucro en la educación superior. Tras el retiro del proyecto de ley, por parte de la entonces ministra, María Fernanda Campo, el entonces presidente Juan Manuel Santos dijo que en su gobierno nos e volvería a hablar de lucro en la educación superior.
“El problema de la calidad en educación superior, no es el ánimo de lucro, pues la ley lo prohíbe. Es la falta de controles a muchas privadas “sin ánimo de lucro”, que además de ser malas, son un negocio exento de impuestos”, ha dicho al respecto Hoyos, quien ha recibido críticas por su propuesta, especialmente del movimiento estudiantil que rechaza cualquier asomo de lucro en el sector.
Hoyos aclara que “hay que permitir ánimo de lucro a las IES que así lo quieran, pero pagándole impuestos al Estado, destinados a financiar la Educación Superior Pública. Vigiladas para garantizar mínimos de calidad”.
El debate es necesario, pero cobra más valor político que técnico en un momento en que el país está polarizado en torno del respaldo al presidente Duque y las críticas del sector académico por la falta de financiamiento de la universidad pública.
Esta propuesta ya la había hecho Hoyos hace unos días, cuando empezaron las marchas. “Viendo la “solidaridad” de las universidades privadas con las públicas, se les debería cobrar un 5 % de sus ingresos, destinado a contribuir a la educación pública. Cada 20 estudiantes de la privada, financiarían a una de la pública. La solidaridad es con acciones, no marchando”, dijo en momentos en que también fue polémica la propuesta de la senadora Paloma Valencia de que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20% de sus salarios durante 10 años después de graduarse?.
Información de referencia: Si no es el Estado, ¿quién(es) debe(n) financiar la Universidad Pública?
