Feb 26/26 La Contraloría General de la República halló deficiencias estructurales y de gestión entre los años 2023 y 2025, tiempo en el que el hoy ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y ahora Amelia Pérez, han actuado como presidentes. Hay universidades públicas en medio de esta situación.
El informe de auditoría de cumplimiento (CGR-CDGEIF Nro. 044) sobre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) revela un panorama crítico en la administración de los activos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, donde el control interno y la efectividad de los planes de mejora han sido calificados con un contundente 0.0% de efectividad.
Principales Hallazgos: Millones en riesgo y gestión ineficaz
La auditoría identificó que, a pesar de ejecutar el 100% de ciertas acciones de mejora, 15 de ellas fueron totalmente inefectivas al no cumplir especificaciones técnicas o carecer de soporte. Entre los hallazgos más graves se encuentran:
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Inactividad y deterioro de bienes: Se detectaron 113 vehículos en patios sin gestiones de aprovechamiento, lo que generó un alcance fiscal por pérdida de valor patrimonial y costos de bodegaje innecesarios.
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Irregularidades financieras: Se hallaron préstamos del FRISCO a sociedades activas por valor de $4.047 millones para solventar pasivos, así como utilidades decretadas por $5.000 millones (caso Carnes y Derivados de Occidente S.A.) que nunca fueron giradas al fondo.
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Descontrol de inventarios: Durante las visitas, la propia SAE manifestó desconocer la existencia o situación de algunos bienes, lo que evidencia una falta de trazabilidad y confiabilidad en la información inmobiliaria.
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Ocupaciones irregulares: El informe reporta inmuebles ocupados por terceros durante décadas (hasta 33 años) sin que la SAE logre su recuperación o genere renta, perdiendo ingresos constantes por la ausencia de estimados de renta actualizados.
La SAE y las Universidades: Un modelo bajo la lupa
Aunque el informe menciona que existen procedimientos y normatividad para la “Destinación definitiva de Bienes Inmuebles a Entidades Beneficiadas en Leyes Especiales” (categoría donde usualmente se encuentran las IES públicas), los hallazgos se centran en deficiencias generales del proceso y no en casos particulares con nombres de instituciones académicas.
A manera de contexto, en el marco de la política de “democratización de activos” del gobierno de Gustavo Petro, la SAE ha entregado o gestionado inmuebles para diversas IES, que podrían enfrentarse a estas deficiencias.
Entre las universidades que han recibido o están en proceso de recibir bienes se destacan:
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Universidad de Antioquia: Se han gestionado predios para residencias estudiantiles.
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Universidad de Córdoba: Entrega del predio “Las Catas” para fines agrícolas y de investigación.
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Universidad del Valle: Inmuebles en Cali para fortalecer su infraestructura regional.
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Universidad Pedagógica Nacional: Edificios en Bogotá para su nueva sede.
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Universidad de La Guajira: Predios para expansión académica.
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Universidad de Nariño: Predios para expansión de su infraestructura académica.
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Universidad Industrial de Santander (UIS): Gestión de activos para nodos regionales.
Riesgos y costos para la academia
A pesar del beneficio que representa contar con nuevos espacios, estas decisiones conllevan riesgos y cargas financieras que el informe de la Contraloría pone en perspectiva:
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Costos de Mantenimiento y Adecuación: Muchos de los bienes entregados presentan deterioro físico avanzado o requieren reparaciones, obras y mantenimiento (ROM) significativos que deben ser asumidos por los presupuestos universitarios.
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Cargas Tributarias y Pasivos: Los inmuebles a menudo arrastran deudas por concepto de impuesto predial y servicios públicos que, de no ser saneadas oportunamente por la SAE, se convierten en un pasivo para la institución receptora.
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Inseguridad Jurídica y Saneamiento: El informe detectó fallas en el saneamiento físico y jurídico de los predios, lo que podría derivar en litigios con antiguos poseedores o dificultades para legalizar la propiedad definitiva.
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Gestión de Ocupantes: Algunas universidades han recibido predios con ocupaciones irregulares persistentes, lo que les obliga a enfrentar procesos de desalojo y conflictos sociales que desgastan la administración académica.
¿Qué sigue? La SAE deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento para subsanar los 125 hallazgos detectados, bajo la advertencia de que la prevalencia de debilidades en los controles pone en riesgo la productividad y la función social de los activos extintos.
Para comprender mejor cómo estos bienes impactan la infraestructura educativa, puedes ver este video sobre la entrega de bienes de la SAE a universidades. Este video ilustra los actos públicos de entrega de inmuebles a instituciones educativas como parte de la política de democratización de activos mencionada en el informe.
Pelea entre alfiles del Gobierno Petro
Es público el enfrentamiento entre Daniel Rojas, quien fue presidente de la SAE entre septiembre de 2022 y julio de 2024 y Amelia Pérez, que lo sucedió y hoy continúa al frente.
Dicha pelea ha escalado de la esfera administrativa a la judicial, configurando una “batalla interna” en el Gobierno. Pérez, tras asumir la presidencia de la SAE, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntos delitos de interés indebido y cohecho, señalando irregularidades en la administración de Rojas, tales como el supuesto cobro de coimas para mantener cargos en empresas piscícolas y las 18 visitas de un emisario del contrabandista alias “Papá Pitufo” a la entidad. Por su parte, el hoy ministro Rojas ha calificado estas acciones como “prácticas propias del gobierno de Iván Duque” y ha acusado a su sucesora de filtrar información para atacarlo políticamente, negando cualquier responsabilidad en las anomalías reportadas.
Esta ruptura incide directamente sobre los hallazgos de la Contraloría al generar una parálisis administrativa y un fenómeno de “pasarse la pelota” entre el Ministerio de Educación y la SAE. Varios directivos de la SAE de la época de Rojas se fueron a trabajar con este al Ministerio (lea: El “mal sabor de boca” que deja el paso de funcionarios de la SAE a Mineducación). Mientras la auditoría revela un 0.0% de efectividad en los planes de mejora, el conflicto impide una transición coordinada para el saneamiento de los bienes entregados a las universidades. En la práctica, esto significa que las IES quedan en medio de una disputa política que retrasa la solución a las deudas tributarias, la recuperación de inmuebles invadidos y la asignación de recursos para mantenimiento, convirtiendo lo que debería ser un beneficio en una carga financiera y jurídica para la academia.
