Mayo/24 En su columna de La Silla Vacía, Riveros Serrato, abogado experto en temas de derecho constitucional, llama a revisar el fundamento de las acciones legales y administrativas del Ejecutivo sobre la Universidad Nacional de Colombia.
El miércoles en la tarde, en ejercicio de lo que se conoce como función de policía administrativa, la que faculta para ejercer funciones de inspección y vigilancia, el Presidente, a través de un ministro ad hoc, ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia elegir, en las siguientes 24 horas, un rector encargado y amenazó con imponer multas a sus miembros si no cumplían la orden. Hasta ahí, sacado del contexto todo escandaloso, cuando se le mete en el contexto la situación resulta ser aún peor de lo que parece.
El primer dato que faltaría saber es que recientemente ese mismo Consejo, que es la máxima autoridad directiva y académica de la universidad, había ya elegido un rector en propiedad, decisión con la cual el Presidente de la República no ha estado de acuerdo. La mencionada orden desconoce la decisión, con el argumento cierto de que respecto de ella ha habido controversia sobre su método de adopción. Es cierto que, para matizar la arbitrariedad, el policía administrativo no se atreve a calificar ese acto de elección como inexistente y se justifica en una situación posterior a la elección que es la posesión del elegido mediante un procedimiento controvertido jurídicamente.
Que el Presidente de la República le dé una orden a un Consejo Superior de una universidad, cualquiera que ella sea, es escandaloso, que lo haga para desconocer y modificar una decisión interna de la institución educativa con la que no estuvo de acuerdo es escalofriante.
El carácter perentorio de la orden, “en las próximas 24 horas”, acompañado de la amenaza de sanción si no se cumple, produce miedo, pero el escenario se vuelve de espanto cuando el policía (el ministro ad hoc) se sienta en la reunión del máximo órgano directivo de una universidad, que goza de autonomía según dice la Constitución, a verificar que se cumpla su orden. La sensación no cambia si el policía es -como en efecto lo es el ministro Correa- un hombre bueno. Su papel es intimidar (conminar dirán los abogados), con el poder que tiene, para que se cumpla la orden presidencial.
Todo es un escenario “policivo”. La función de policía se concreta así, mediante órdenes. La tarea de la policía, también la de la policía administrativa, consiste en eso, en “conminar” bajo la amenaza de sanción para el cumplimiento de la orden.
Pero más allá de la puesta en escena y de que el sentido común y una reacción casi intuitiva indique que una situación como la descrita es violatoria del principio de autonomía universitaria, detrás de cámaras hay un debate jurídico que, si nos atenemos al puro derecho, es más fácil de lo que parece:
- Hay un acto de elección, que por tratarse de quien lo expide, es un acto administrativo que goza, quiérase que no, de presunción de legalidad. Cualquier controversia respecto de su validez hay que tramitarla ante los jueces como lo hicieron los profesores Leopoldo Múnera, Rodrigo Uprinmy y Alberto Yepes. El Consejo de Estado puede decretar su suspensión provisional, caso en el cual, ahí sí, habría que designar un rector encargado mientras se toma una decisión definitiva. Si se contrasta este camino con el adoptado por el gobierno es evidente que éste, so pretexto de sus facultades de policía, usurpa una función que corresponde a los jueces y no a la policía. Advierto -eso sí- que comparto las razones de la demanda mencionada, lo que no quiere decir que lo haga con las acciones de la policía en la universidad.
- El acto de elección, es la decisión del Consejo, no el acta, ni una resolución, que son documentos que sirven de prueba del acto pero no el acto mismo. Las razones -fundadas a mi juicio- para no firmar el acta hasta que reflejara adecuadamente lo que pasó cuando se hizo la elección no impide que el acto produzca sus efectos, pero bueno, esos son vericuetos jurídicos que deberán resolver, insisto en ello, los jueces y no la policía.
- Un funcionario nombrado o elegido debe posesionarse para ejercer su cargo. El rector elegido decide hacerlo invocando una vieja norma en una actitud controvertible, que el gobierno y algunos juristas consideran no produce efecto alguno. Asumamos que esa tesis es cierta. ¿Cómo se remedia ese vicio? La respuesta es obvia: realizando la posesión en forma adecuada. Si la policía estuviese autorizada para hacer algo para garantizar el normal funcionamiento de la universidad lo que debería ordenar es que el rector tome posesión en la forma que sea adecuada y no desconocer el acto que a la máxima autoridad de la policía administrativa no le gustó.
La policía (administrativa) actúa en este caso en forma arbitraria y para ello ha construido un galimatías difícil de entender y de desenredar. Las órdenes del policía afirman que la Universidad no tiene rector lo que deja un escenario cercano al absurdo: el rector es el representante legal y si no existe no hay a quien notificarle las órdenes policivas, no hay quien pueda ejercer los derechos derivados del debido proceso como recurrir la resolución en la que se dan las órdenes. En fin.
La intervención gubernamental en la Universidad Nacional, que se suma a otras actuaciones policivas como la que ocurrió hace algunas semanas en relación con la EPS Sanitas, debe ser una oportunidad para volver a discutir los alcances de esas facultades otorgadas al Presidente, que vienen incluso desde la hiperpresidencialista constitución de 1886, las cuales, es cierto, en general, han sido avaladas por la Corte Constitucional con un criterio interpretativo pro-intervención en función de los fines buscados sin que se hayan ponderado adecuadamente los principios y valores en riesgo, ni el déficit de protección de los derechos que se ponen en juego.
Es una muy desafortunado que la actuación policiva en la Universidad Nacional haya coincidido con la conmemoración de los 40 años de la toma de la “ciudad universitaria” por parte del cuerpo de policía armada que causó una tragedia.
