A propósito del retiro del profesor Iván Garzón de la Universidad de La Sabana, el columnista de El Tiempo, Gustavo Duncan, considera que esa Universidad “está en su derecho de no renovar el contrato de un profesor muy reconocido, pero le debe una explicación a la comunidad académica”.
Así dice su escrito, titulado “La libertad cuesta”:
Las universidades de alta calidad son instituciones particulares. Sin importar si se trate de entidades públicas o privadas, su funcionamiento no está marcado por su rentabilidad ni por los intereses de propietarios o gobernantes.
Los precios de las matrículas, así sean excesivos, no alcanzan a cubrir los costos de producir educación especializada, investigaciones, publicaciones, desarrollos tecnológicos, etc. Se necesitan otras fuentes –becas, donaciones, fondos de investigación– para sostener la producción académica. Estos recursos a fin de cuentas tienen una enorme repercusión social: las universidades son centrales para la sociedad en la formación de profesionales calificados, en la promoción de la ciencia y en la construcción y representación de la realidad.
Por supuesto, al tener tanta influencia en la sociedad, lo lógico es que las universidades de alta calidad sean un espacio donde individuos y grupos compitan por tener peso en las decisiones institucionales. Tener poder en la academia significa capacidad de decisión sobre cómo es la formación de la sociedad y cómo se interpreta la realidad.
Pero, al mismo tiempo, las universidades suponen un espacio de amplia libertad donde los profesores tienen todas las facultades para enseñar, investigar y expresarse dentro de unos parámetros éticos, sin que decanos, rectores y demás directivas intervengan.
En principio, la evaluación de los profesores está dada por su productividad e impacto académico, no por su filiación ideológica o por su cercanía con determinadas instancias de poder del gobierno universitario.
De allí que sea común que ciertos académicos con mucha reputación tengan audiencia ante los medios y la opinión nacional, sin que representen la posición oficial de las universidades donde trabajan y sin que tengan que responder ante las directivas de la universidad. Es parte de la libertad propia de las instituciones académicas de alta calidad, públicas y privadas, en una democracia. Y, como tal, es importante defender el valor institucional de la libertad. De otro modo, profesores y académicos terminaríamos siendo una caja de resonancia del gobierno universitario.
Recientemente ocurrió un caso que prende alarmas. Al profesor Iván Garzón Vallejo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Universidad de La Sabana no le renovó el contrato para 2021 después de 12 años de trabajo. La universidad está en todo su derecho de tomar la decisión. Sin embargo, es muy importante que hagan públicos ante la comunidad académica las razones y motivos.
Garzón era seguramente el profesor de La Sabana con mayor reconocimiento en ciencias políticas. Ha escrito textos muy importantes. Uno de ellos, Rebeldes, románticos y profetas, acerca de las ideas de un sector de la Iglesia durante los 60 y 70 que repercutieron en la legitimación de la violencia insurgente, es un referente en la materia. También se ha convertido en una voz importante en el debate de opinión y los análisis de coyuntura. No hay una explicación aceptable que vincule su salida a una baja productividad académica.
Lo irónico es que por su cuestionamiento de la legitimación de la violencia insurgente ha sido encasillado como un académico de derecha, cuando en la realidad ha sido sumamente crítico del autoritarismo. Ha estado a favor del paro, ha controvertido muchas medidas del gobierno Duque y está en contra de la estigmatización de los venezolanos. Pero nada raro: en la polarización maniquea de Colombia, no ser de izquierda es ser de derecha y para algunos extremistas es ser fascista.
Quizá la gran lección que deja el caso sea que la libertad cuesta. Tomar distancia con poderes y contrapoderes, así como defender las libertades, tiene sus costos en aceptación por quienes gobiernan los recursos institucionales.
