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Víctor Manuel Gómez Campo, profesor de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, y experto en temas de gobierno universitario, analiza el proceso electoral que se viene para esa institución y señala que “el actual sistema de gobierno es excluyente, antidemocrático, violatorio de la autonomía, y en muchos casos actúa como correa de transmisión de decisiones gubernamentales”. |
En vísperas de elección de Rector de la UN algunos candidatos se han referido a la necesidad de reformar el actual sistema de gobierno imperante durante más de 30 años, caracterizado por un Consejo Superior Universitario (CSU); con composición mayoritaria de agentes del gobierno y cercanos a él, y responsable de la designación de rectores, comúnmente muy diferentes a los preferidos en las consultas a la comunidad académica; y por representantes de profesores y estudiantes (uno cada uno), quienes además de ser siempre minoría, cargan con un serio problema de falta de legitimidad y representatividad pues su ‘representación’ es unipersonal o del pequeño grupo político al que responden, y que han sido elegidos por una pequeña minoría del total de los supuestos ‘representados’.
Es claro entonces que el actual sistema de gobierno es excluyente, antidemocrático, violatorio de la autonomía, y en muchos casos actúa como correa de transmisión de decisiones gubernamentales. Otra consecuencia, de suma importancia cultural y política, ha sido el alejamiento, el desinterés, la pasividad, la apatía, de la mayoría de profesores y estudiantes, tanto del proceso de designación del Rector como del funcionamiento cotidiano de su universidad. Desinterés y apatía, interrumpidas, despertadas, sacudidas, de vez en cuando por eventos coyunturales como actos de violencia y vandalismo, y por el riesgo del derrumbe de techos y edificios. Y este desinterés y apatía se expresan también en la debilidad o ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión y de las decisiones de las autoridades universitarias, como decanos y rectores. Muchas de estas decisiones, con efectos negativos en la vida académica de la universidad, quedan impunes. Se impone el poder burocrático ante la debilidad de estos mecanismos de exigencia de cuentas y desempeños. Lo que a su vez contribuye aún más a la ya señalada apatía , desinterés , o resignación, sobre lo que sucede en el campus.
Un claro ejemplo de lo anterior lo estamos viviendo actualmente en la Facultad de Ciencias Humanas. Un déficit económico, identificado desde septiembre del 2014, no pudo ser solucionado antes del inicio del primer semestre del 2015. ¿Cuatro meses de inoperancia o de trámites ineficaces? Esta desfinanciación ha generado profundos efectos negativos en la calidad y la dinámica de las diversas unidades académicas de esta Facultad. El actual Decano en quien recae la responsabilidad principal de gestión de este problema y su solución, acude al expediente facilista de culpar a los anteriores decanos del problema y a la Rectoría por no haber atendido oportunamente sus solicitudes de solución. Surgen entonces dos interpretaciones; o la gestión del Decano fue débil, insuficiente y tardía, o la Rectoría evadió la responsabilidad institucional de encontrar una solución antes del inicio de actividades académicas en enero del 2015.
En cualquier caso, se tipifica un serio problema de desgobierno en la UN. Ninguna universidad seria, comprometida con la calidad y con la atención debida a sus estudiantes, hubiera permitido el inicio de este semestre sin la financiación requerida. Pero esto sucede actualmente en la UN, institución cuyas directivas pomposamente proponen sea de ‘talla mundial. Qué ironía!
¿En quién recae la responsabilidad de esta lamentable situación? ¿En el decano? ¿En la Rectoría? Ambos evaden su responsabilidad, y nada pasa. El primero con derroche de retórica evasiva. El segundo, mudo, ausente, irresponsable. No hay mecanismos de evaluación de la gestión de las autoridades universitarias. La impunidad es la norma, la no responsabilidad la cultura. Profesores y estudiantes presenciamos atónitos esta situación de desgobierno e irresponsabilidad. El único recurso, limitado e ineficaz, se reduce a comunicados, cartas, asambleas, críticas… Sin ninguna respuesta ni solución por parte de la Rectoría de la UN, pues la Facultad es parte integral de la UN, no una ‘rueda suelta’ dejada a su suerte.
Y esta es la Rectoría impuesta por el CSU, en contra de las preferencias mayoritarias de la comunidad universitaria por candidatos mucho más competentes y con mayor representatividad académica y política. Y estas malas decisiones (imposiciones) del CSU continuarán afectando negativamente a la UN hasta cuando sea modificada la composición de los miembros del CSU a favor de un mayor equilibrio entre agentes del gobierno y de la comunidad académica, y ésta no representada por intereses unipersonales sino por nuevos esquemas de participación colegiada como el ‘Senado’ de profesores y una figura similar para el cuerpo estudiantil.
Cualquiera que sea el nuevo Rector designado por el CSU, su primera tarea debería ser la convocatoria de un Congreso universitario a cargo del rediseño del actual sistema de gobierno y toma de decisiones en esta institución, supuestamente ‘la mejor’ del país pero sometida a una profunda crisis de gobernabilidad como la denunciada en este escrito.
Sin un cambio radical en su sistema de gobierno la UN continuará en la senda del deterioro físico y académico, y del mayor desinterés y apatía de su comunidad.
