Mayo/26 Claudia Puerta Silva y Yadira Borrero Ramírez, son representantes profesorales al Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, y examinan la importancia de la representación profesoral en el Consejo Académico para fortalecer la democracia universitaria y la autonomía.
Democracia universitaria, representación profesoral y transparencia en el marco de la designación rectoral
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Compartimos la idea de que este proceso debe estar sometido al escrutinio público, debate abierto y exigencia ética de transparencia. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, aspirar a la rectoría no es incompatible con el ejercicio de una representación profesoral. Ambas posiciones comparten un compromiso político, académico y ético con la defensa de la universidad pública, la democracia universitaria y los derechos del profesorado.
Nuestra idea de democracia universitaria trasciende la competencia por cargos, el debate por procedimientos electorales y el cumplimiento de algunas formalidades, asuntos importantes, pero no los únicos. Es, también, deliberación informada, participación efectiva, circulación y discusión de la información en la esfera pública, construcción colectiva de criterios comunes, gestión de los disensos y reconocimiento de los estamentos como sujetos políticos. Entendemos la política universitaria como una práctica cotidiana inherente al objeto de la Universidad y al sentido de ser docentes. La Universidad se piensa, gobierna, disputa, consensúa y proyecta en los campus desde sus aulas, laboratorios, claustros, comités, consejos, asambleas, colectivos y espacios organizativos y en la proyección con la sociedad.
Por eso nos identificamos con la noción de que la administración académica es nuestro cuarto eje misional como docentes. Gobernar esta institución no es administrar una empresa ni ocupar un cargo directivo; es orientar el proyecto colectivo universitario, cuidar las condiciones para la creación, circulación, transferencia y proyección del conocimiento, garantizar derechos en el marco de la igualdad sustantiva y la equidad, defender lo público y construir confianza institucional. Nuestro compromiso con la Universidad lo hemos construido por décadas desde la docencia, la investigación, la extensión, la administración académica y, ahora, la representación profesoral. Resulta apenas lógico aspirar a la rectoría. No constituye una desviación de nuestras responsabilidades profesorales, sino una forma legítima y directa de incidir en el devenir de nuestra Alma Máter.
Como representantes hemos cumplido con informar, deliberar, defender los derechos del profesorado a la participación en las decisiones y promover los ejes de nuestra propuesta de representación, la cual fue explícita al afirmar la necesidad de profundizar la democracia con participación, equidad y un gobierno universitario vinculado con la comunidad, para enfrentar la multicrisis ética, política, de género, académica y económica que atravesamos.
Ejercer una representación profesoral no nos inhibe políticamente. Las y los profesores no deberíamos perder nuestros derechos políticos por representar a nuestro estamento. Tampoco dejamos de ser parte de la comunidad universitaria cuando asumimos responsabilidades administrativas. La pretensión según la cual una representante profesoral deba renunciar para aspirar a la rectoría, desconoce derechos políticos del profesorado y desplaza una discusión de fondo: los problemas estructurales de la democracia universitaria no se resuelven restringiendo la participación de quienes han sido elegidas por sus pares, sino ampliando las garantías, la transparencia y la deliberación a toda la comunidad y profundizando la posibilidad de que las bases estamentarias participen en los órganos de gobierno de la Universidad.
Coincidimos en que la Universidad de Antioquia merece un proceso de designación rectoral transparente y legítimo. Pero esto no se garantiza con renuncias selectivas ni mediante una comprensión abstracta de la idea de la «igualdad de condiciones». La igualdad democrática pasa por reconocer trayectorias, experiencias, responsabilidades o conocimientos acumulados sobre la institución. Nadie esperaría que quien aspire a dirigir una universidad pública llegue sin comprensión de sus estructuras, tensiones, crisis, normas, funciones misionales y responsabilidades sociales. No es problemático conocer la Universidad, haber participado en sus debates, haber ejercido un cargo administrativo o directivo o haber ejercido representación.
En donde debería estar el control universitario y el interés general de una ética pública universitaria en el ámbito del ejercicio del poder es en el aprovechamiento desigual de los recursos públicos de la Universidad para cerrar o manipular la información, reproducir redes clientelares y favorecer la permanencia y la concentración del poder. Hablar de igualdad, legitimidad y transparencia exige discutir y confrontar las formas de poder que se han configurado en nuestra institución.
La idea de que la representación profesoral supone acceso a información privilegiada debe discutirse. La información que se expone en el Consejo Académico, y que orienta nuestra labor, es institucional y pública, y debe estar al alcance de cualquier universitario o universitaria interesada. Nosotras hemos cumplido con nuestro deber de ponerla en conocimiento del profesorado, explicarla, discutirla y convertirla en insumo para la deliberación colectiva, y así seguiremos haciéndolo mientras desempeñemos la representación ante el Consejo Académico.
Sabemos distinguir los espacios. Una cosa es ejercer la representación profesoral ante el Consejo Académico, en las asambleas, claustros y ateneo, con sus deberes, límites y responsabilidades; otra es presentar y debatir una propuesta para la próxima rectoría en los espacios disponibles para ello. Nos comprometemos a mantener esa distinción con rigor ético, a no utilizar la representación para obtener una ventaja indebida y a seguir rindiendo cuentas al profesorado sobre las actuaciones propias de la representación.
Nos asiste el deber y derecho universitario de incidir y comprometernos desde nuestros conocimientos, trayectorias, experiencias, convicciones y visión de la Universidad que queremos proteger. Nuestra aspiración no suspende nuestro mandato profesoral. Lo reafirma. Porque representar al profesorado y aspirar a transformar democráticamente la Universidad son, para nosotras, expresiones de una misma responsabilidad con nuestra Universidad.
Tomado de www.udea.edu.co
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