Sept/23 Para el diario bogotano, “cualquier reforma en este campo tiene que fundamentarse en las nuevas realidades”.
El proyecto de ley radicado la semana pasada por el Ejecutivo, que busca una reforma de fondo de la educación a través de una ley estatutaria, ha abierto el debate sobre el rumbo que debe tomar este derecho fundamental en el país.
La iniciativa gubernamental define la educación como un “derecho fundamental progresivo” en todos sus niveles. En una primera instancia, se trata de un propósito desde luego loable, pero que sea de una meta a la que todos queremos llegar no puede cercenar el debate sobre cuál es el camino indicado a la luz de la realidad fiscal del país. Y es entonces cuando surgen voces de expertos que afirman que los problemas que le sirven de sustento introductorio, que son reales y sentidos, no necesitan de esta ley para ser resueltos. Se requieren acciones cuyo único impedimento es que no se hayan emprendido (algunas por su costo) o que estén avanzando hace años, pero tal vez demasiado lento. El gran peligro aquí es que la declaración sustituya a las acciones.
Una ley de esta envergadura requiere un cálculo de los costos posibles, inmediatos y futuros. No solo preocupa que no se cuente con esta información, fundamental para trazar cualquier hoja de ruta y luego poder monitorear sus avances, sino que también inquieta que la fórmula alternativa sea concederle al Presidente facultades extraordinarias para lograr el monto –reiteramos, desconocido– que requiere su implementación.
Se ha objetado también que la declaración de la educación como derecho podría generar problemas jurídicos, las llamadas “tutelatones” y unas obligaciones que el Estado no pudiera cumplir. Ante tales cuestionamientos, desde el Ejecutivo se ha dicho que el carácter progresivo que tendrá el derecho a la educación en la nueva ley estatutaria busca evitar estos escenarios. Pero ocurre que sin tener claro el alcance de este “progresivo”, la obligación deja de serlo. Es decir, la ley se vuelve inocua. Al tiempo con esta iniciativa avanza otra, aún en discusión y borrador, que pretende reformar la Ley 30 de 1992. Sería muy conveniente que todos los sectores a los que concierne participen en las discusiones. La semana pasada, una carta firmada por cuatro rectores de muy importantes universidades privadas plantearon preocupaciones legítimas de su sector.
En cualquier caso, es el momento de decir que sea cual fuere la iniciativa que prospere, debe tener la búsqueda de una mayor calidad como norte, lo que implica abarcar nuevas modalidades que hoy no existentes en el país, pero que ya están apareciendo en otras latitudes. Es clave, así mismo, el reconocimiento del derecho a la educación posmedia que piden los rectores; el uso de tecnologías innovadoras, a veces disruptivas, la posibilidad de adaptación y cambio muy rápido de currículos; la apertura y participación en mercados internacionales (con toda la urgente necesidad de disminuir trámites) y, muy especialmente, nuevas pedagogías y caminos de aprendizaje en un mundo que se transforma aceleradamente y en el cual hay avalanchas de información de muy breve duración. Todo lo anterior exige una visión nueva, futurista, una ruptura con el anclaje al sistema pasado, la cual debe asumirse como una oportunidad para que esta perspectiva sea incluida en los textos que se han conocido.
