Junio/25 Para Saavedra, director de la Agencia Atenea de Educación Superior, la decisión del gobierno de desfinanciar al ICETEX supone un retroceso en la garantía de la financiación requerida para avanzar en la cobertura de la educación superior. La opinión reúne mensajes de Saavedra en su cuenta de X.
La suspensión de la línea de financiación de largo plazo del ICETEX viola el principio constitucional de no regresividad y atenta contra el derecho a la educación superior.
Los recursos del MEN para garantizar la financiación del ICETEX vienen reduciéndose. Según cifras de la entidad, el ICETEX recibió por parte de la nación 3,8 billones reales en 2022, 3,7 billones en 2023, para 2024 los recursos cayeron en un 54% pasando a ser 1,7 billones y en 2025 solo se asignaron 990 mm. Es decir, que entre 2022 y 2025, la caída real de los recursos ha sido de 74%.
El Icetex pasa de financiar en promedio 55 mil créditos nuevos al año (2022 – 2024), a ofertar solo 5 mil en el primer semestre del año. En el segundo semestre ninguno. Serán en su mayoría jóvenes de estratos 1,2 y 3, que aspiraban financiar sus estudios de pregrado los afectados.
Esto sumado a la incertidumbre, sobre los más de 460 mil beneficiarios activos de crédito educativo, pues solo hay recursos para cubrir cerca de 130 mil jóvenes, los restantes 330 mil están siendo afectados pues se detendrán los subsidios a la tasa de interés, las condonaciones por graduación y los susidios de sostenimiento.
La decisión de desfinanciar al ICETEX supone un retroceso en la garantía de la financiación requerida para avanzar en la cobertura de la educación superior. Esta medida viola el principio de no regresividad, que es un pilar del Estado social de derecho (Sent. C-047/22), y que prohíbe reducir la protección de derechos ya logrados sin una justificación debida.
El derecho a la educación superior es fundamental y de carácter progresivo (Sent. T-013/17; T-068/12), y le impone al Estado el deber de ampliar cupos y facilitar mecanismos financieros que permitan ampliar la cobertura.
La desfinanciación del ICETEX impide otorgar créditos de largo plazo, reduciendo los mecanismos financieros esenciales para garantizar el acceso a la educación superior. Esta medida contraría el principio de no regresividad de los derechos que debe garantizar el Estado.
La consecuencia: casi 60 mil jóvenes al año sin acceso a educación superior en el país.
Ante este retroceso sin un análisis de necesidad y proporcionalidad, instamos al Gobierno a demostrar la justificación técnica y explorar alternativas antes de sacrificar derechos esenciales.
Esto porque, se requieren acciones y respuesta para los jóvenes que año a año financian a través de esta iniciativa su acceso a estudios de pregrado en el país.
El gasto social en educación superior que debe regirse por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Retroceder en su financiamiento es un retroceso en la garantía de derechos humanos.
Exijamos el cumplimiento del principio de no regresividad: sumar oportunidades, no restarlas. La progresividad debe traducirse en más acceso y cobertura real. No más carreta con los jóvenes del país.
