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El decano de ingeniería de Los Andes y columnista de El Tiempo, Eduardo Behrentz retoma su análisis del Acuerdo por lo Superior, del CESU (ver primera parte) y cuestiona las propuestas relacionadas con la medición de la calidad y el tratamiento a las IES públicas versus las privadas. |
En una columna previa en este diario (EL TIEMPO, 29 de agosto del 2014) inicié una reflexión en relación con la propuesta de política para la excelencia en la educación terciaria presentada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) al Gobierno Nacional. Allí mencioné que el documento Cesu resulta poco ambicioso para las necesidades del país en esta materia y que es urgente superar equivocados paradigmas, como el de que todas las instituciones de educación superior (IES) aspiren a convertirse en universidades de investigación.
Como parte de esta discusión se pueden añadir otras dos premisas resaltadas por el documento Cesu que parecen estar en contravía de lo observado en referencias internacionales: 1) Medir la calidad con base en insumos y procesos en lugar de resultados concretos en términos de metas de aprendizaje y mejoramiento de competencias profesionales; y 2) La necesidad de un tratamiento diferencial entre prestadores del servicio de educación como consecuencia de su naturaleza pública o privada.
Para el primer caso, la equivocada visión de medir la calidad de la educación por medio de indicadores indirectos como tasas de deserción y graduación o proporciones profesor-estudiante evita la pregunta realmente importante referida al valor agregado que la organización educativa le aporta al estudiante. Adicionalmente, la evaluación por medio de medidas indirectas basadas en insumos promueve mayor burocratización y control dentro del sistema, al que ahora se le quieren añadir una agencia nacional y una nueva superintendencia.
Esto último no garantiza la eficacia de los procesos y en su lugar los hará más lentos y onerosos, limitando la libertad y capacidad de innovación de las entidades de formación superior.
Las acciones que hay que emprender podrían más bien basarse en las nuevas tendencias que les apuntan a las medidas directas de aprendizaje y determinación de valor agregado (en donde ya existen avances del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes), controlado por factores como el capital social y cultural de origen de los estudiantes. Con dicho esquema se abre la interesante (aunque compleja) posibilidad de implementar un sistema de rendición de cuentas que, basándose en pruebas estandarizadas, permita a toda la sociedad conocer el beneficio que aportan las IES. Un modelo como este permitiría la identificación de estrategias para el mejoramiento efectivo de la calidad y de los incentivos requeridos para alcanzar tal propósito.
En referencia al segundo componente antes mencionado, la propuesta del Cesu de focalizar los recursos del Estado en las IES de carácter público puede ser contraproducente. Por un lado, dichas IES no están acostumbradas a un esquema de financiación basado en el desempeño y los resultados de las mismas.
Por otro, el vertiginoso crecimiento de estudiantes que aspiran a acceder a educación terciaria obliga a contar con prácticas costo-efectivas, que no son características de la operación del sistema de entidades públicas (sustentado en subsidios a la oferta y no a la demanda). Por esto es común que los costos para la nación asociados con la formación en universidades oficiales sean superiores a las matrículas en universidades privadas.
La discusión no debe ser ideológica en función de la naturaleza de la institución que presta el servicio de educación, sino acerca de la calidad del mismo. Aquí lo esencial es que nuestros jóvenes adquieran las competencias relevantes y pertinentes que les permitan desenvolverse profesionalmente, generando movilidad social para ellos y sus familias y aportando al desarrollo de la sociedad colombiana.
