Nov 30/22 Parece impopular poner en duda el deseo de dar gratuidad total en las IES oficiales, pero su adopción podría tener serias implicaciones fiscales, salariales y de equidad.
Políticamente podría ser considerado como un suicidio, negar que el Gobierno (cualquiera que sea) apueste por gratuidad total. ¿Quién se podría oponer a que todos los colombianos tengan acceso a una educación superior gratis en las IES oficiales?. Seguramente por ello, por ejemplo, el proyecto de ley sobre gratuidad total en la educación pública,que además del financiamiento en la totalidad de la matrícula, incluye el reconocimiento de costos de inscripción, derechos de grado y subsidio de sostenimiento, incluyendo criterios mínimos de alimentación, transporte, y residencia universitaria, fue aprobado por la plenaria de la Cámara de representantes por 121 de los 121 congresistas asistentes (incluidos los de la oposición).
A propósito, lea: Proyecto de ley de gratuidad plena en educación superior pública, aprobado en segundo debate (nov 23/22)
Pero… su adopción tiene unas importantes implicaciones para las que el país debe prepararse:
1) El costo presupuestal que implica universalizar la gratuidad. No se trata sólo de pagar matrículas, sino de extender los beneficios a otros campos. Se pide llegar a todos los estratos, incluidos los altos. Se pedirá (como pasa en otros países), que se extienda a los posgrados. Se demandará que también sea para los colombianos matriculados en IES privadas, y las IES que no son universidades, aumentarán sus exiencias de recursos y gratuidad.
2) Más formación no es garantía de más y mejor empleo. Otra afirmación “políticamente incorrecta”. Si bien es cierto que las personas con titulación universitaria generan más y mejores externalidades, así como mejores tasas de retorno y, por ende, mejor tributación, no hay una relación directa entre más egresados y más y mejores trabajos, pues la lógica del mercado laboral es radicalmente distinta a la del mundo universitario. En un país que, como Colombia, no tiene claramente definido un norte de crecimiento profesional y no puede orientar debidamente la oferta y demanda de programas académicos, en un entorno con tasas de desempleo e inflación crecientes, se corre el riesgo de que la masificación universitaria termine cualificando el desempleo, bajando aún más los salarios y generando frustración con respecto a lo que la educación superior ofrece a las nuevas generaciones.
3) La sola declaración de la gratuidad educativa no compensa las inequidades existentes. Ya está demostrado en varios países del mundo donde se ha buscado la gratuidad universal, que esto no necesariamente asegura que todos los potenciales estudiantes se beneficien de la misma y que, por el contrario, termina siendo un mecanismo para que los estudiantes de niveles y estratos socioeconómicos altos aprovechen el no pago, dejen de aportar a una bolsa de recursos sociales que el Estado podría reinvertir y obtengan mayores salarios, aumentando la diferencia económica con estudiantes que vienen de familias de bajos niveles. La gratuidad en la educación superior obliga la calidad de todo el sistema educativo y la capacidad de respuesta del Estado para las óptimas condiciones de formación de colombianos en todos los municipios e instituciones educativas de primaria y secundaria oficiales.
¿Propuesta de gratuidad total en IES oficiales aumentará las desigualdades sociales?
La respuesta es sí, por lo menos desde la óptica de Luz Karime Abadía (foto), Codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación y Directora de Posgrados en Economía de la Universidad Javeriana, y quien fuera directora de Fomento de la Educación Superior del Ministerio. Ella, de forma resumida, cuestiona el planteamiento del gobierno en las actuales condiciones del país, así:
1) las IES oficiales tienen restricciones de capacidad, luego las de mejor calidad basan su admisión en exámenes de desempeño altamente selectivos. ¿Quiénes logran acceder? Aquellos que en promedio tienen alto desempeño.
2) La gratuidad va a atraer estudiantes de estratos medios y altos, quienes estudian en colegios de mejor calidad (privados en su mayoría) quitando las opciones a aquellos más pobres. Van a acceder estudiantes que pueden y deben pagar por la educación superior, pues ésta tiene retornos privados.
3) Esta medida, no va a aumentar la cobertura pero sí la composición de los estudiantes que logran acceder.
4) La educación inicial y básica oficial requiere con urgencia mayores inversiones y políticas que mejoren su calidad, medida indispensable para reducir las inequidades.
5) Con recursos limitados invertir en educación superior implica descuidar los niveles previos, y allí es donde poner recursos genera mayores retornos sociales. Invertir en educación superior sin mejorar la básica es cómo poner pañitos de agua tibia a un moribundo.
6) Lo ideal es implementar una política de financiación que promueva el mérito académico, que sea sostenible financieramente y promueva la equidad. La financiación contingente al ingreso es una buena opción: aquella donde los estudiantes que desean puedan acceder a educación superior y cuando se gradúen contribuyan con un porcentaje de su salario a la bolsa común, para que otros puedan estudiar. Esto promueve además una cultura solidaria, donde el ciudadano recibe pero también aporta.
7) Con esto los recursos podrán dedicarse a mejorar la calidad en la educación inicial, básica y media. La gratuidad total en educación superior en las condiciones actuales es una política errónea.
