Nov/23 Castiblanco, Doctora en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo y profesora de la Universidad de La Salle, muestra, en Razón Pública, cómo las propuestas de reforma educativa mantienen la precarización docente.
La educación es uno de los pilares sobre los que se construye la idea de sociedad moderna. Se concibe como un derecho humano fundamental y así está contemplado en la Constitución Política de Colombia. Por tal razón, no es extraño que una de las propuestas de reformas del gobierno del presidente Petro esté relacionada con este asunto, en particular con “garantizar el derecho fundamental a la Educación Superior”, como se señala en el primer borrador de la reforma a la Ley 30 de 1992.
En el 2022, la cobertura de la Educación Superior en el país fue del 54.9%, con una tendencia creciente desde el 2012. En el semestre 2022-2, del total de matriculados, 2.4 millones de estudiantes, el 54.4% está en el sector oficial y 45.6%, en el sector privado. Aunque la tendencia parece halagüeña, aún se ubica por debajo del promedio de los países de la región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A esto hay que sumarle las tasas altas de deserción, las inequidades en el acceso y los cuestionamientos respecto a la pertinencia de la oferta educativa para las necesidades del mundo actual.
La propuesta de reforma a la Ley 30, como ya es usual cuando un gobierno busca cambiarla, ha generado un debate intenso, con comunicaciones de los diferentes actores del sector. El gobierno universitario y los estudiantes han estado en el eje de la discusión, pero los profesores universitarios parecen estar ausentes.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación —CNA—, para ser reconocidas como de alta calidad las IES deben evidenciar que cuentan con un núcleo básico de profesores de tiempo completo, preferiblemente con contratos a término indefinido. En circunstancias especiales, las IES pueden contratar profesores de hora cátedra que estén vinculados al “sector real” para atender necesidades específicas de formación de los estudiantes.
Sin embargo, como muestra Adolfo León, rector encargado de la Universidad Pedagógica Nacional, en su columna en el El Espectador, según información del Laboratorio de la Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en 2020, el 50% de los profesores eran contratados por hora cátedra (54% en IES oficiales). Estos profesores, en su mayoría, tienen contratos temporales a 16 semanas o menos, en los que se les pagan las horas de docencia directa —sin incluir necesariamente los tiempos de preparación, asesoría a estudiantes, ni realimentación del proceso formativo—, se les desafilia del sistema de seguridad social en los intersemestrales, deben trabajar en diferentes instituciones sumando dedicaciones laborales superiores a las 48 horas semanales, sin incluir las horas de desplazamiento, entre otras condiciones laborales que rayan en la precarización.
El otro 40% de profesores que corresponde a aquellos con dedicación de tiempo completo están vinculados a las IES con contratos a término fijo (69% en IES privadas), muchos de estos a menos de 12 meses. Esta situación, no muy distinta a la del mercado laboral colombiano en general, es particularmente dramática dado que, de estos profesores, el 83% cuentan con posgrados (21% doctorados), lo que implica que han invertido al menos 21 años de sus vidas en educación formal y altas sumas de dinero debido al escaso financiamiento para estudios superiores —un doctorado en el país cuesta en promedio $100.000.000 más otros costos no cubiertos por el valor de la matrícula—. Adicional a la formación académica, para acceder a uno de estos codiciados trabajos de tiempo completo, usualmente se exige que los profesores dominen un segundo idioma, tengan experiencia laboral y docente, hayan participado en procesos de gestión de la educación superior y cuenten con publicaciones científicas en revistas de “alto impacto”.
Sobre este último punto, los profesores enfrentan fuertes presiones para liderar investigaciones de alto impacto, que suelen ser entendidas exclusivamente como publicaciones en cierto tipo de revistas científicas, aunque para ello cuenten con presupuestos escasos y muy poco tiempo asignado. Así, los salarios de los docentes dependen cada vez más de sus publicaciones, lo que ha llevado a un aumento inusitado en las publicaciones científicas editadas por consorcios internacionales que cobran miles de dólares por el procesamiento editorial de un artículo, y que, por las restricciones presupuestales de las IES, son asumidos en parte por los propios profesores.
Pese a lo anterior, el borrador disponible de la reforma a la Ley 30 y el ABC publicado por el Ministerio de Educación Nacional no plantea la revisión de las condiciones laborales de los docentes. Esta falta de reconocimiento de los profesores como actores clave en el sistema educativo y científico puede convertir la promesa de mejora de la calidad educativa en una de esas ideas de transformaciones estructurales que llenan titulares, pero que se construyen, como en otros sectores, sobre los hombros de la precarización laboral.
