La educación superior es algo tan importante para una sociedad que su concepción no debe ser dejada al Estado y, mucho menos, al Gobierno con sus “comisiones de expertos” y “comités de sabios”, señala el académico Rodolfo Arango en El Espectador.
Bienvenido el interés creciente de la sociedad cuando se discute la reforma a la Ley 30 de 1992. Los procesos de reproducción material e intelectual de una comunidad política, de los que depende el tipo y la calidad de la vida individual y colectiva, involucran simbólica y literalmente las entrañas del pueblo, su autocomprensión y su destino. Estas reflexiones vuelven a emerger luego de que el Gobierno, en cabeza de su ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunciara que antes de un proyecto de ley el país necesita repensar en su integridad la política pública de educación. En buena hora el Gobierno está dispuesto a discutir asuntos sustanciales. La pregunta es quiénes deben ser los interlocutores de este diálogo. Entre más amplio y representativo el grupo de participantes, mayor será la legitimidad de lo que finalmente se decida.
Por ahora es de observar que los grupos de élite intervienen con marcado sarcasmo en el debate con los estudiantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Es el caso del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad (Ceiba), conformado por expertos de las universidades Nacional, Andes, Rosario y Javeriana. Su subdirector, Roberto Zarama, según lo informa El Espectador, se pregunta por el comportamiento del país “si el sistema laboral y la idea de producir no fueran una prioridad”, si reinara “el conocimiento por el conocimiento”. Tal ha sido la respuesta al movimiento estudiantil que pide distinguir la formación técnica y tecnológica de la educación crítica, democrática y ciudadana, que debe favorecer a la totalidad de la población. Lo que para los “expertos” en la complejidad es un exceso de romanticismo, para los críticos de la educación superior, basada en la productividad y la competitividad, es una cuestión vital para la democracia.
Un acceso universal y gratuito a la educación pública de alta calidad debe ser un derecho fundamental cuyo goce no dependa de barreras de entrada que ahondan la inequidad y la discriminación, ya bien extendidas en nuestra sociedad. Si la educación es de importancia vital para el presente y el futuro del país, debería tener máxima prioridad en el reparto presupuestal.
Como sostiene Reinhard Brandt en Wozu noch Universitäten? (Hamburgo, 2011), la sociedad civil participa de los conocimientos superiores en la medida en que, por intermedio de la investigación y la docencia liberadas de intereses ajenos al objeto de estudio, previene de posibles errores y transmite nuevas enseñanzas. La universidad no se deja entender como una subcultura de producción de nuevos conocimientos. La meta última de la universidad no es el saber agregado sino el conocimiento crítico, teórico y unificador. La investigación y la docencia no son algo terminado, reproducible, sino una actividad colectiva, dialógica y autónoma entre investigadores, educadores y educandos, con resultados abiertos a la revisión. El Estado, por su parte, está en la obligación de impedir que las universidades reemplacen la investigación y la docencia por una instrucción para la vida práctica, con lo cual el conocimiento crítico termina por confundirse con la acumulación de información propia del adoctrinamiento.
