El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, señala, en El Tiempo, la importancia de que las acciones de política pública o de ley, relacionadas con educación superior, se conviertan en acciones reales y no sólo en enunciados.
Uno de los primeros anuncios del actual gobierno fue el de una reforma a fondo de la educación superior en reemplazo de la obsoleta Ley 30 de 1992. El Presidente y la Ministra manifestaron su expectativa por una rápida aprobación. Muchos no coincidimos con ellos porque la propuesta tenía falencias y porque pensábamos que necesitaba mucho más discusión. Ahora, ya terminando el Gobierno, se plantea que, en lugar de una nueva ley, el CESU (Consejo de Educación Superior) va a coordinar esfuerzos para proponer una “política de Estado”. Como con la zorra de Esopo, las uvas de la ley están verdes.
Las políticas de Estado, entre nosotros, son animales míticos. La Constitución exige un plan de desarrollo cada cuatro años, y en nuestra cultura, en tanto más cambien respecto al anterior, mejor. No tengo noticias de una verdadera política de Estado en el campo de la educación ni en el de la ciencia. Lo más cercano fue la recomendación de la Misión de Sabios adoptada en un documento Conpes al final de 1994. Sobra decir que ese Conpes no pegó. Estudios prospectivos, visiones de futuro y planes sectoriales son desconocidos y sus metas son inmediatamente modificadas con cada cambio de gobierno, incluso cuando los gobernantes son muy cercanos (como sucedía al principio del actual).
Las políticas son meros discursos, amables sugerencias. Ni siquiera en relaciones internacionales y en seguridad nacional mantenemos políticas de largo término. Así que, señora Ministra y señores del CESU, no nos engañemos: las políticas de Estado en Colombia son hechos extraños a la cultura y desestimulados por la Constitución.
Algunas voces dicen que una nueva ley no es necesaria. En verdad, cuando uno esta contento con lo que hay, es mejor quedarse quieto. Pero muchos pensamos que hay problemas no resueltos que el país debe abordar.
Para comenzar, hay algunos principios por establecer. Por ejemplo, si la educación superior es un derecho, un servicio o un privilegio. El Estado no puede asegurarle a cada ciudadano que va a ser doctor o profesional, pero sí el derecho a una oportunidad igualitaria de acceso.
Hay que resolver un posible conflicto entre la inspección y vigilancia, que están en cabeza del Presidente, y la autonomía, también constitucional, característica de toda universidad digna de ese nombre. El sistema para aseguramiento de calidad que tenemos hace agua. Mientras que los procesos de acreditación de alta calidad han sido bien llevados, los de aseguramiento de requisitos mínimos no tanto.
No da espera el rediseño de sistemas de financiamiento sostenibles a largo término tanto para las instituciones públicas como para las privadas. La tipología institucional es un relajo. La sociedad ganará cuando las instituciones correspondan a su nombre y a su nivel.
Habrá que abordar una discusión, que va a ser muy interesante, sobre el gobierno de las universidades y la construcción autónoma de proyectos institucionales. La diversidad debe ser promovida simultáneamente con exigencias de responsabilidad social.
En la Ley 30 están ausentes posgrados e investigación, que hoy son pilares del desarrollo económico y social de las naciones. No hay definición sobre la comunicación de la universidad con la sociedad y sobre su papel en el desarrollo regional. La internacionalización, la movilidad, el uso de tecnologías virtuales y remotas no están ni pensadas ni reglamentadas.
Lo anterior es una muestra mínima para sustentar lo necesario que será abrir nuevamente esta discusión y llevar las conclusiones a una ley. Esta es la única vía que tenemos para que las decisiones se cumplan y trasciendan los términos e intereses de los gobiernos.
