El castillo Marroquín para la Pedagógica: Adolfo León Atehortúa

Abril/24 Atehortúa, rector (e) de la U. Pedagógica Nacional, da, en El Espectador, los argumentos por los cuales este patrimonial y polémico bien, debería ser de esa Universidad, dadas sus condiciones actuales de hacinamiento.

José Manuel Marroquín es uno de los personajes sobre los cuales la historia de Colombia arroja grandes paradojas. Intelectual, escritor y humanista, su gobierno ha sido señalado como ineficiente y corrupto; aunque algunos biógrafos lo veneran como demócrata, no vaciló en dar golpe de Estado a su fórmula presidencial en 1900, con el pretexto de poner fin a la guerra civil que, al continuar casi dos años más con su decidido sostén, recibió el nombre de “Guerra de los Mil Días”. Fue Marroquín quien perdió a Panamá, pero, según algunos relatos, no pareció inmutarse: no conocía el mar porque jamás salió de Bogotá. Consagró el país al “sagrado corazón de Jesús” y, aunque propuso un sistema educativo por niveles cuya inspiración se mantiene y fundó las academias de la Lengua y la Historia, pretendió administrar a Colombia como si se tratara de la hacienda heredada de sus padres.

El hijo de José Manuel, Lorenzo Marroquín Osorio, fue referido despectivamente como “el hijo del ejecutivo”, dada la enorme influencia que mantuvo sobre su anciano padre en el poder. La adjudicación de numerosos e inexplicables contratos del gobierno a personas de dudosa reputación se le atribuyen a su influjo y decisión, como también la continuidad de la guerra civil para la compra de armas y la emisión indiscriminada de papel moneda. Sin embargo, la acusación histórica más grave reside en la solicitud, tildada de corrupta, que hizo al presidente de facto de nombrar como gobernador de Panamá a José Domingo de Obaldía, quien poco después se vendió al designio de Teodoro Roosevelt de “tomarse Panamá”, y se convirtió a la postre en presidente del istmo luego de su separación.

Acaudalado, en plena guerra de los Mil Días, Lorenzo inició la construcción del castillo que llevaría su apellido, con maquetas de edificaciones medievales que el arquitecto francés Gastón Lelarge trajo de Europa. Rápidamente terminado, el castillo se convirtió en escenario de las negociaciones finales con Estados Unidos en torno a Panamá, y en vivienda de su propietario con su segunda esposa hasta que, en 1912, este se trasladó a Londres como cónsul de Colombia. Fallecido Lorenzo Marroquín en Inglaterra, en 1918, ni sus esposas ni su única hija del primer matrimonio se entusiasmaron por el castillo que terminó prácticamente abandonado. Luego de pasar por varias manos, entre ellas algunas piadosas que lo restauraron y cuidaron u otras que lo convirtieron en casino, cabaret y hospital psiquiátrico, el castillo terminó en poder de los únicos interesados en pagar su precio.

De esta manera, en los años ochenta del siglo XX, Gonzalo Rodríguez Gacha se paseó por el castillo cuya propiedad legal anhelaba, y en sus pesebreras se alojaron algunos de sus más queridos equinos. Finalmente figuró como propietario Juan Camilo Zapata Vásquez, a quien la justicia señaló como narcotraficante y socio de Pablo Escobar, caído en noviembre de 1993 en un enfrentamiento con las autoridades en una finca de Copacabana (Antioquia), una semana antes de la muerte del gran capo.

Declarados extintos los bienes de Zapata Vásquez, la Universidad Pedagógica Nacional ha aplicado con seriedad para obtener la destinación definitiva de los predios correspondientes al castillo Marroquín. La razón de ello puede encontrarse en mi columna titulada “Carta abierta: S.O.S. por la UPN”, publicada el pasado 1 de marzo: la UPN presenta el peor hacinamiento y la peor infraestructura de todas las Instituciones de Educación Superior de Bogotá. Si alguien lo duda, puede visitarla en todas sus sedes para convencerse.

Con la ilusión de obtener una respuesta positiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los directivos universitarios visitamos el lugar y, junto al Consejo Académico en pleno, empezamos a soñar con ampliar la cobertura y ubicar allí a la Facultad de Artes, a los programas de Biología, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, así como también a los museos Pedagógico, de Historia Natural y de Educación Física, dadas las condiciones del sitio, asociadas al patrimonio histórico y con una importante reserva forestal y natural. Sin embargo, en la pasada semana hemos recibido como respuesta que “se encuentra en proceso de comercialización”.

Ahora, hemos acudido esperanzados al presidente Gustavo Petro para buscar una solución posible al respecto. En procura de beneficios para Bogotá, Cundinamarca y el país, hemos dicho al primer mandatario que es preferible que los predios del Castillo queden en poder de una universidad pública y no de particulares. No solo porque de esta manera la propiedad continuaría como recurso del Estado, sino porque, de lo contrario, la propiedad y el uso, muy probablemente, seguirían en manos de los de siempre. Es hora de que el castillo, cuya construcción para diversas narrativas historiográficas es producto de la corrupción y la guerra, y cuyos últimos propietarios han sido señalados como miembros de uno de los carteles narcotraficantes más sanguinarios del país, pase a la educación. La promesa y compromiso del presidente Petro ha sido, en estos casos, privilegiar a la universidad pública. Entregar el castillo y sus predios adyacentes a la UPN sería un acto consecuente que contaría con el aplauso de toda la comunidad universitaria y de los maestros y maestras del país. No hacerlo, sería una paradoja presidencial similar a las que rodearon a José Manuel Marroquín.

Solicitamos también la intervención del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, magistrado y profesor universitario, quien de sobra entenderá las razones de la UPN, y de la ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa, para que interceda en pro de la “educadora de educadores”.

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