El peligro de creer que toda la Universidad es democrática: Carlos Mario Lopera P.

El peligro de creer que toda la Universidad es democrática: Carlos Mario Lopera P.

Agosto/25 Lopera, director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, señala los riesgos de elegir popularmente rectores en las universidades públicas, como se viene impulsando en algunas.

La Universidad es una maravillosa conjunción de democracia y de meritocracia. Es uno de los mejores escenarios en los que se puede aprender y vivir en democracia, al tiempo que enseña y reconoce el mérito, los títulos, el conocimiento y la experiencia como condiciones esenciales para asegurar la dirección de las instituciones de educación superior.

La Universidad es democrática, porque:

  • Nace de la sociedad y se debe a ella.
  • Debe estar abierta y comprometida para favorecer el ingreso y el impacto sobre todas las comunidades sociales.
  • La libre expresión y el derecho a manifestar opiniones son connaturales a su esencia.
  • Permite que cualquier miembro de la comunidad que cumpla con los requisitos mínimos y avance en su desempeño académico y compromiso institucional, pueda ascender y pasar de estudiante a docente, de docente a directivo y de directivo a rector.

A su vez, la Universidad es meritocracia, porque:

  • Lo que guía su acción es la verdad y los caminos para alcanzarla o defenderla gracias a la argumentación racional y la comprobación científica, que solo se alcanzan mediante la rigurosa formación académica e investigativa.
  • Asume que para desempeñar los diversos roles se requiere experiencia, formación y conocimiento necesarios para que la opinión de unos pese más que la de otros, tanto en temas académicos como sobre los de dirección institucional.
  • Tanto la gestión como el gobierno universitario demandan unos conocimientos (administrativos, académicos, conceptuales, legales y contextuales) y habilidades (de toma de decisión, análisis técnicos, trabajo en equipo, planeación y coordinación) que solo los más preparados pueden ejercer, bien en los cuerpos colegiados como en los cargos de poder personal.

Si en una universidad todos quieren opinar sobre todo y hacer valer su expresión, el camino a la parálisis institucional se abre. Convertir la elección de rector en un tema de mayorías y de democracia significa priorizar el eslogan sobre el argumento, la campaña mediática sobre los debates intelectuales, las pasiones sobre las razones y la división de la comunidad universitaria sobre la unidad.

Por ello, la decisión de los consejos superiores de universidades como la Pedagógica Nacional y la Distrital Francisco José de Caldas, de recorrer el mismo camino que hace años tiene la Universidad de Nariño, de permitir la elección democrática del rector a manos de un proceso electoral entre los miembros de la comunidad universitaria, dejando al Consejo Superior como un obligado validador de los resultados de la consulta, pervierte la esencia meritocrática de la Universidad, y la convierte en un escenario de politiquería, amarrando la academia a los intereses de unas supuestas mayorías, pero en contra de la totalidad de la Institución.

Por eso es tan riesgoso el tan esperado, y sospechosamente demorado, fallo que debe emitir el Consejo de Estado sobre la legalidad o no de las actuaciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia al “desnombrar” a José Ismael Peña Reyes y designar, en cambio, a Leopoldo Múnera Ruiz, bajo el argumento de que fue quien más votos obtuvo en la consulta estamentaria. Peligroso y funesto precedente puede ocasionar el Consejo de Estado si valida la imposición de un rector (más allá de sus virtudes y formación) bajo una débil interpretación de la democracia.

Si bien se puede argumentar la autonomía universitaria como fundamento de sus decisiones, lo que está en juego es la esencia misma de la academia. Basar la elección de un rector solamente en el criterio de las mayorías de la comunidad universitaria es el camino directo al fin de la cualificación de los candidatos y a los méritos que se requieren para dirigir a una universidad.

Resulta paradójico que para nombrar a docentes e investigadores de la universidad pública se les exijan altos niveles de titulación, experiencia y productividad, mientras que los requisitos para elegir rectores no sólo son básicos (un pregrado, algún posgrado y una corta experiencia de cinco años, en la mayoría de los casos), sino que ahora se les invita a ser políticos, oradores y maquinadores electorales más que académicos, gestores y visionarios universitarios. Más que un profesor o un investigador, un rector debe representar el espíritu de la Universidad como institución del saber, su pensamiento debe liderar el proyecto académico, el ejemplo formativo y la debida convivencia entre todas las unidades, facultades, escuelas, academias, centros y públicos, y no su interés por ser beneficiado o de beneficiar a algunos de estos.

Permitir que el rector(a) de una universidad (proyecto histórico de largo plazo, reflexivo más que proactivo) sea, por ejemplo, el candidato más reconocido en redes sociales, el que mejor sepa vender una propuesta populista entre estudiantes y profesores (almuerzos y transporte gratis, libre consumo de sustancias alucinógenas dentro del campus…), o el exdecano de la facultad más grande de la institución y desinteresado en el desarrollo de otros grupos de profesores, por citar algunos ejemplos), es abrir paso al clientelismo político, a la designación de directivos académicos como cuotas burocráticas y a las más burdas expresiones de compra y venta de votos.

También, es entregar indebidamente una enorme responsabilidad a estudiantes que (personas en proceso de formación) si bien se interesan por la universidad, desconocen los más estructurales elementos de filosofía educativa, de legislación universitaria, de contexto prospectivo, de tendencias de la formación con respecto al mercado laboral, de economía del sector y de contexto de las IES, entre otros aspectos; es deslucir y quitar el peso a otras decisiones de los Consejo Superiores, amenazados por consultas y cabildos abiertos; y es desvirtuar planes de desarrollo y proyectos educativos, pensados para causar impactos de largo plazo, y convertirlos en acciones populistas, efectistas y de corto plazo.

Un buen rector es quien, conocedor de la academia y su gestión, tiene la habilidad para convencer a la comunidad en torno de un proyecto institucional y, sobre todo, la capacidad de mantener su liderazgo y la gobernabilidad en medio de decisiones incómodas que, sí o sí, a veces hay que tomar: Recortes presupuestales, rediseño organizacional, cierre de programas…

Si gobernar con el designio de unos pocos es complicado, es mucho más difícil dirigir una universidad plenamente democrática. Por algo, las más importantes y reconocidas universidades del mundo no realizan elección popular de sus rectores, pues son conscientes que, como la milicia, la justicia y la iglesia, una cosa es ser organizaciones sociales, de impacto entre toda la comunidad y otra permitir que cualquier interesado sea su líder.

Eso sí, es esencial escuchar a la comunidad universitaria y, ojalá así lo hicieran todos los consejos superiores de las universidades públicas colombianas, se elevaran los requisitos mínimos para ser aspirante a rector.

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Una ampliación de esta argumentación, y de las visiones históricas al respecto, se encuentra en el capítulo sobre Gobierno Universitario, de Los Puntos sobre las IES.

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